El 99 % de las víctimas son mujeres y hay un porcentaje destacado de llamadas de familiares y observadores externos de casos de violencia
La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Brito, ha informado este viernes de que las llamadas al Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas aumentaron un 40 % el pasado mes de septiembre. Ha resaltado que un 4 % de ellas aludían a casos de violencia sexual.
Antes de participar en la inauguración de unas jornadas sobre «Los delitos contra la libertad sexual en la era del consentimiento», Brito ha recordado que el ICI tiene un departamento de coeducación desde el que trabaja con los colegios, mano a mano con la Consejería regional de Educación, desde edades tempranas y hasta que los alumnos terminan el instituto.
«Nuestro interés es que esa colaboración con la Consejería de Educación continúe, de tal manera que las áreas de igualdad y prevención se conviertan en asignaturas troncales a lo largo de toda la educación, también en la universidad», ha referido.
Llamadas de familiares y observadores externos al 112
Sobre las llamadas recibidas el pasado mes de septiembre en el 112 y derivadas al DEMA, Brito ha detallado que «no solo denuncian las mujeres, sino que también hay un porcentaje importante de observadores externos y familiares«.
«A veces son jóvenes que no entienden lo que les ha ocurrido porque cada vez son más jóvenes las mujeres que sufren la violencia sexual por motivos como el acceso temprano a la pornografía a través de internet» que propicia «que el comportamiento sexual posterior no sea el adecuado, ya que no es con agresión ni imposición», ha dicho.
Los delitos de violencia sexual afectan especialmente a mujeres y menores de edad
En la inauguración de estas jornadas también ha participado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, quien ha incidido en que los delitos de violencia sexual afectan «de manera desproporcionada» a mujeres y menores de edad.
Carmona ha instado a la sociedad española a que se comprometa a rechazar este tipo de comportamientos, al tiempo que ha pedido la ayuda de todas las instituciones, sobre todo las educativas y sanitarias, para que aprendan a detectar, sobre todo en los menores de edad, cuándo pueden ser víctimas de delitos tan graves y que generan secuelas psicológicas «de por vida».
A juicio de Carmona, magistrados del Tribunal Supremo están dictando sentencias «ejemplares, donde se aplica la perspectiva de género, que es fundamental en este tipo de delitos, para que toda la sociedad rechace cualquier comportamiento, por mínimo que parezca, que pueda afectar a la dignidad y la libertad de mujeres y niños».
La presidenta del Observatorio ha dicho que esta institución, creada al amparo de La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, «echa en falta que se actualicen y se pongan en marcha con más contundencia y profesionalidad los protocolos de prevención del acoso en el ámbito de la educación».
«Los educadores son los que están más cerca de niños que pueden estar sufriendo estos abusos y hemos visto ya que la mayoría de estos delitos provienen de familiares cercanos al propio niños, los padres, la pareja de la madre o abuelos», ha apostillado.
Las víctimas son un 99 % mujeres
Carmona ha referido que en el caso de los adultos, las víctimas son un 99 % mujeres, mientras que cuando hablamos de menores de edad, tanto niños como niñas pueden estar afectados por este tipo de delitos, por eso ha resaltado que es importante que los profesores se formen para que puedan detectar y denunciar estos casos.
Se trata de delitos muy graves y cualquiera de nosotros tiene la obligación de denunciar cuando un niño está siendo víctima de violencia, especialmente los educadores, que están cerca de ellos, ha aseverado.
Violencia vicaria
Ángeles Carmona ha aludido a la violencia vicaria y ha alertado de que, por desgracia, hay muchos niños que están sufriendo la violencia de las parejas de sus madres o padres, la que se ejerce «para provocar el mayor dolor que se puede provocar: que hagan daño a los hijos» y ha apelado al papel que docentes y sanitarios deben jugar a la hora de detectarlos.
Para la presidenta del Observatorio, se están dando pasos importantes contra la normalización o la banalización de estas conductas, gracias, en parte, a los mensajes que difunden los medios de comunicación contra este tipo de violencia, «que ha existido siempre, pero ahora la estamos denunciando y la sociedad se está revelando contra ella, lo que está cambiando la sensibilidad» de la ciudadanía.
«Que sepan todos los agresores sexuales que la acción de la justicia va a recaer sobre ellos con penas muy graves y con sentencias ejemplares, como las que se están dictando ya en todos los tribunales, especialmente en el Supremo», ha advertido.
