Mediante unos criterios objetivos se podría realizar una distribución más justa de los menores migrantes, actualmente Gran Canaria acoge casi al 67%
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, reclamó este lunes que se apliquen criterios objetivos para la distribución de los menores migrantes no acompañados que permanezcan en el Archipiélago. Así mismo, exigió una solución urgente para el problema que se suscita cuando estas personas cumplen 18 años. Lamentó que “se ven obligados al sinhogarismo y la desesperanza”.
“Si el Gobierno de Canarias está pidiendo al Gobierno de España que, bajo unos criterios determinados, se distribuya a las y a los menores migrantes no acompañados por el resto de comunidades autónomas, desde el Cabildo de Gran Canaria consideramos que es el momento oportuno para que estos criterios de distribución sean aplicados también en las Islas, de cara a ofrecer una acogida equilibrada, justa y con garantías”, aseveró.
Casi un 67% están en Gran Canaria
En la actualidad, de los casi 6.000 menores migrantes no acompañados acogidos, Gran Canaria alberga a más 3.500. Portando, sumn casi el 67% del total. 130 de ellos, están siendo atendidos en centros del Cabildo. “Estamos ante una situación desequilibrada, desproporcionada e injusta”, sentenció.
Según Morales, «a día de hoy, los cabildos desconocemos cuáles son los criterios que se aplican para la distribución de la acogida de las y los menores.» “Creemos que la transparencia, la buena gestión y la información es la mejor forma de hacer pedagogía”, declaró.
Morales proclamó que “la distribución debe ser equilibrada”. Para conseguirlo, defendió que se aplicaran los mismos criterios del Ministerio de Juventud e Infancia. Estos están basados en la población, la renta per cápita, la tasa de paro y la dispersión de la población, entre otros parámetros.
‘Propuesta Share’
El Cabildo de Gran Canaria propone una alternativa, denominada ‘Propuesta Share’, esta surgió del Gobierno Vasco. Plantea que la distribución en el territorio se realice ponderando un 30% la población, un 50% el PIB per cápita y un 20% el paro.
“Con este criterio de distribución claro, conocido y previsible podríamos trabajar de forma más certera”, vaticinó. “Aunque esta es solo una propuesta, una base de la que partir. Cualquier otra acordada y pactada podría ser factible”.
“No alcanzamos a entender por qué Canarias y el Gobierno central han acordado un límite de 2.000 menores para Canarias, que podría ser 3.000 en caso de emergencia, y que el resto de las comunidades autónomas asuman cantidades muchísimo más bajas, de apenas unas docenas o unos pocos centenares”, manifestó. Aun así, aseguró que “si nos corresponde atender a 3.000 menores, la distribución equilibrada es la mejor manera de evitar disfunciones, vulneraciones de derechos, improvisaciones, alarma social, enfrentamientos sociales, manipulación de la realidad por organizaciones racistas y xenófobas, y otras circunstancias desagradables que hemos visto en los últimos años”.
Y a estas demandas, Morales sumó la de buscar alternativas reales a la situación en la que se ven estas y estos menores al cumplir la mayoría de edad y quedarse en tierra de nadie. Porque, tal y como describió, “sin documentación, sin posibilidades de salir de la Isla, de conseguir un trabajo o un hogar, se convierten de repente y obligatoriamente en personas sin techo y sin posibilidades de futuro deambulando por nuestras calles”.
Apoyo al traslado de menores migrantes
Antonio Morales reiteró el apoyo del Cabildo de Gran Canaria al acuerdo propuesto por los gobiernos canario y estatal en la Conferencia Sectorial.
Todo apunta a que este año la ruta canaria batirá el récord de llegada de personas a las Islas. En este escenario, puso en valor el hecho de que el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias hayan trabajado de manera conjunta.
No obstante, Morales aclaró que “este apoyo no es extensible ‘sine die’ a todo lo que decidan. Lo hemos dicho e insistimos en que la idea de instalar carpas en los puertos para acoger a menores de forma permanente nos parece que vulnera derechos y no es el camino adecuado”, reafirmó. “Y lo es también la irresponsable llamada a utilizar el Ejército para frenar la llegada de cayucos a Europa. Una barbaridad propia de la ultraderecha más inhumana”, concluyó.
