El director general de Costas de Canarias, Antonio Acosta, dice que «si la única solución es ir por los tribunales para defender los intereses de Canarias, allí estaremos»
Canarias defenderá «sus intereses» y recurrirá, cuando lo tenga, el último fallo del Tribunal Constitucional que dictamina que compete al Ministerio de Transición Ecológica, y no a esta autonomía, decidir si el hotel Riu Oliva Beach de las Dunas de Corralejo (Fuerteventura) ha perdido su concesión por incumplimientos y, por tanto, procede su derribo.
Así lo ha avanzado este martes a los periodistas el director general de Costas del Gobierno canario, Antonio Acosta, antes de analizar con los 14 municipios costeros de Gran Canaria la situación de cada uno en materia de gestión del litoral.
«Los litigios son el resultado de no querer negociar, no querer reconocer las competencias que nos arroga el Estatuto de Autonomía. El Estado entiende que no es así, que hay cuestiones que ellos se quedan directamente y nosotros entendemos lo contrario y cuando no hay diálogo, todas las cuestiones puntuales, como el tema del Oliva Beach, si la única solución es ir por los tribunales para defender los intereses de Canarias, allí estaremos», ha aseverado.
El responsable del nuevo departamento del Ejecutivo canario ha anunciado así que «seguirá peleando y que si tiene que volver a los tribunales, lo hará». Si bien ha recalcado que la posición de esta Administración es defender lo que establece la «disposición transitoria primera», sin entrar en si este hotel «incumple con algunos de los parámetros de la ocupación del dominio público».
«Creemos que corresponde a Canarias valorar esa cuestión», ha referido Acosta. Además ha asegurado que esta comunidad «seguirá peleando porque no va a renunciar a lo que entiende que es suyo», tal y como establece desde 2018 el Estatuto de Autonomía en vigor y respaldan «infinidad de informes», ha dicho.
«Es competencia de Canarias extinguir o no una concesión como la que tiene en vigor el hotel Oliva Beach»
«Es competencia de Canarias extinguir, o no, una concesión, como la que tiene en vigor el hotel Oliva Beach«, un título sobre el que el Estado quiere decidir, ha argumentado.
En su último pronunciamiento, adelantado por Canarias Ahora y confirmado por fuentes del TC, el Tribunal ha dirimido a favor del Ministerio el conflicto de competencias abierto a petición del Gobierno de Canarias, que entendía que el Estado se estaba arrogando funciones sobre el litoral que corresponden a la comunidad desde el 1 de enero de 2023.
En esa fecha entró en vigor la transferencia de las competencias de costas a favor del Gobierno de Canarias, que por ello sostenía que debía ser la comunidad autónoma la que decidiera sobre la continuidad ese hotel, construido en los años setenta del siglo pasado.
Las Dunas de Corralejo fueron declaradas Parque Natural después, en 1982. Y el hotel disponía desde 2003 de un concesión otorgada por el Gobierno central que regularizaba su situación y le permitía seguir ocupando esos terrenos, de dominio público marítimo terrestre.
Ampliación y prórroga
La misma concesión se amplió en 2007 y se prorrogó de nuevo en 2016. Sin embargo, el ministerio de Teresa Ribera detectó que la empresa había acometido una serie de obras y actuaciones que, a su juicio, excedían lo permitido en ella y la invalidaban, por lo que procedió a declarar su caducidad, en una decisión a la que se ha opuesto el Gobierno de Canarias, tanto bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres (PSOE) como bajo el mandato de Fernando Clavijo (CC).
En julio del año pasado, el Gobierno de Canarias se personó formalmente en ese expediente de derribo del hotel para advertir al Estado de que ya no le competía decidir sobre esa concesión.
El pleno del Tribunal Constitucional ha resuelto, por unanimidad, que no es así, que el Ministerio de Transición Ecológica sigue siendo la administración facultada legalmente para decidir sobre la continuidad del hotel Riu Oliva Beach en las Dunas.
La sentencia se publicará en los próximos días y tendrá como ponente a César Tolosa, experto en legislación contencioso administrativa (presidió la sala de ese orden tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria como, después, en el Supremo).
Las fuentes consultadas han precisado que el Constitucional solo ha dirimido un conflicto de competencias a favor del Ministerio. Sin embargo, el control de legalidad sobre si es correcta o no la decisión de declarar la caducidad de la concesión del hotel y ordenar su derribo corresponde todavía a la jurisdicción contencioso administrativa, en este caso a la Audiencia Nacional, al tratarse de una orden ministerial.
