El acuerdo de la Conferencia Sectorial de Vivienda fue ratificado este jueves y queda pendiente al visto bueno del Consejo de Ministros
Canarias recibirá 10,6 millones de euros de los 200 millones destinados al Bono Alquiler Joven, según el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Vivienda del 2 de febrero de 2022, que ha sido ratificado este jueves por las comunidades de régimen común en una nueva reunión de la sectorial.
Según ha informado el Ministerio de Vivienda tras la sectorial, Canarias recibirá además 196 millones de euros del Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana del Plan de Recuperación.
El reparto por comunidades
De los 200 millones de euros del Bono Alquiler Joven, Andalucía recibe 34,2 millones; Aragón, 7,6 millones; Asturias, 6,6 millones; Baleares, 4,8 millones; Cantabria, 3,8 millones; Castilla y León, 10,8 millones; Castilla-La Mancha, 8 millones; Cataluña, 29 millones; la Comunidad Valenciana, 22,8 millones; Extremadura, 6 millones; Galicia, 11,4 millones; Madrid, 31,8 millones; Murcia, 8,8 millones; La Rioja, 3,4 millones; y Ceuta y Melilla, 200.000 euros.
Esta ayuda se fija en 250 euros al mes, durante un plazo de 2 años para cada joven, con objeto de facilitar su emancipación o en todo caso el acceso a disfrutar de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso.
El siguiente paso es que el Consejo de Ministros dé el visto bueno a este acuerdo y, posteriormente, se vuelva a reunir la Conferencia sectorial para volver a ratificarlo.
Una vez ratificado de nuevo y cumplidos los trámites administrativos, el Ejecutivo precederá a la remisión de las resoluciones con las cantidades respectivas a las comunidades autónomas para que acepten y pueda realizarse la transferencia para sus respectivas convocatorias.
Las Palmas de Gran Canaria quiere impulsar su solicitud como zona tensionada
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha afirmado que el consistorio capitalino ya se encuentra trabajando en la elaboración de un informe para «ponérselo fácil» al Gobierno de Canarias en referencia a la declaración de la capital de Gran Canaria como zona tensionada y poder así establecer topes al precio del alquiler.
La ciudad ya solicitó esta declaración en abril.
