El pleno del Parlamento también ha aprobado la creación de un observatorio para luchar contra la economía sumergida y el fraude laboral
El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno canario a poner en marcha los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual que prevé la ley del solo sí es sí en el plazo previsto, esto es, antes de que finalice el año.
La diputada del grupo Socialista Elena Máñez ha señalado que estos centros ofrecen reparación tras sufrir una agresión y se puede acudir sin que haga falta presentar denuncia. Sirven, ha añadido, para dar la posibilidad a la víctima de reparar la violencia presente y pasada, con seguridad y acompañamiento.
«Quedan dos meses para que se termine el plazo y no es solo cuestión de tener infraestructura, sino de que funcione», ha advertido Máñez, que ha reconocido las dificultades de licitación que ha habido para poner en marcha estos centros.
La PNL también recoge la necesidad de fortalecer, en su ámbito de competencias, tanto a nivel normativo como presupuestario, las políticas de igualdad y las medidas de prevención y lucha contra la violencia sexual y de género, así como las medidas de atención, protección y reparación integral de las víctimas.
Garantías presupuestarias
Asimismo, se pedía garantizar en los próximos presupuestos del año 2025 la suficiencia financiera del Instituto Canario de Igualdad, «revirtiendo los recortes sufridos en el presente ejercicio», si bien este punto ha sido retirado por el PSOE en aras de buscar el apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno, que negaban en que se hubiesen producido.
Por último, se pide garantizar el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género asegurando, entre otros, la correcta y completa ejecución de los fondos transferidos por el Estado a tal efecto.
Quintero, optimista en cuanto al alza en la revisión del Posei
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha dicho este miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias que, si bien hay que tener cautela, es optimista en cuanto a que el Posei se actualizará al alza en la revisión de 2027.
Optimismo que Narvay Quintero ha expresado durante una comparecencia en la que a petición de Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha hablado de los avances que se han producido en las reuniones que en octubre de este año hubo con autoridades comunitarias en Bruselas.
Por medio del Posei se compensa al sector primario de las regiones ultraperiféricas, y el consejero ha señalado que no es sólo economía sino también personas, historia, paisaje y alimentación.
El Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) se aplica a las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea para compensar los problemas que tienen por su fragmentación y lejanía del territorio continental.
Se aplica en las regiones francesas de Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión, San Martín y Mayotte, así como a las portuguesas de Azores y Madeira, y a Canarias.
«No se debe hablar de ayuda sino de compensación»
El consejero ha señalado que no se debe hablar de ayuda, sino de compensación. Y ha precisado que en la Unión Europea también tienen que entender que en parte se trata de compensar sobrecostes que se originan por exigencias de la UE.
Narvay Quintero ha subrayado que el sector primario lleva una deriva preocupante, por lo que es preciso adoptar medidas como la actualización al alza del Posei, y ha destacado que la Comisión Europea ha aceptado hacer un estudio de impacto del programa.
La ficha financiera del Posei se mantiene invariable desde 2006 y desde entonces el mundo ha cambiado, y se ha pasado por situaciones como una pandemia y la guerra en Ucrania, ha recordado el consejero, quien ha hecho hincapié en que los gastos para el sector primario se han incrementado más del 50 por ciento.
Canarias presentará junto al resto de regiones ultraperiféricas un estudio sobre el impacto del Posei, y ha puesto de manifiesto que la Unión Europea tiene para el próximo mandato retos financieros.
Pero ha expresado que si bien hay que ser cautos es optimista porque en 18 años la Comisión Europea no había pedido un informe sobre el impacto del Posei, y Narvay Quintero también ha destacado que los eurodiputados han entendido que se trata de un mercado con competencia desleal de terceros países.
Cláusulas espejo
Narvay Quintero se ha referido asimismo a que hay que cumplir las cláusulas espejo, por medio de las cuales se exige que el producto que se importe a un país de la Unión Europea lo haga «en las mismas condiciones» que se imponen en la producción a los agricultores y ganaderos comunitarios.
Ha comentado con elogios la propuesta de un diputado comunitario para que en los acuerdos con países no comunitarios los sectores que se beneficien compensen a los que pierden.
Y también ha manifestado el consejero que en las reuniones se habló de la posibilidad de establecer un Posei de pesca. Así como medidas para el relevo generacional en el campo, que pasa, ha añadido, por la renta agraria para el sector primario.
La diputada de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Melodie Mendoza ha destacado la importancia de tener claro un calendario de actuaciones y también adoptar medidas contra la competencia desleal de países no comunitarios.
Campañas para advertir del daño que hace el uso de vapeadores
El pleno también ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno de Canarias a que ponga en marcha campañas formativas e informativas destinadas a advertir a las familias canarias, y específicamente los más jóvenes, sobre el daño que para su salud genera el uso de vapeadores y cigarros electrónicos.
Una proposición no de ley defendida por el diputado del grupo Nacionalista (CC) Mario Cabrera, quien ha aceptado una enmienda de modificación de Vox, y en ella se plantea que la campaña se haga en coordinación de las consejerías responsables de Educación, Juventud y Comercio.
Además, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno regional para que, en colaboración con el sector del comercio minorista, se implemente una regulación para que esos productos no sean de acceso directo al consumidor y se insista sobre la prohibición existente sobre la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos a menores.
Prohibición a menores
Asimismo, se insta al Gobierno de Canarias a que refuerce entre el conjunto de la sociedad canaria la prohibición existente del consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos por los menores, y el deber de denunciar las situaciones en las que se detecte que se produce este consumo.
En la propuesta se insta al Gobierno de España a regular los aspectos relativos a empaquetado y sabores de los líquidos de los cigarrillos electrónicos, productos de vapeo y prohibir como se ha hecho con los productos del tabaco.
Y se insta al Gobierno de España a regular los productos de vapeo y líquidos de los cigarrillos electrónicos sin nicotina de la misma manera que los de nicotina, a fin de reforzar la prevención de acceso a menores.
Observatorio contra la economía sumergida y el fraude laboral
El pleno del Parlamento también ha aprobado con el apoyo de todos los grupos, salvo Vox, la creación de un observatorio para luchar contra la economía sumergida y el fraude laboral.
La iniciativa la ha promovido el grupo Socialista, que ha admitido una enmienda de los grupos que apoyan al ejecutivo canario, CC, PP, ASG y Mixto (AHI), para que ese observatorio se incluya dentro del Observatorio Canario de Empleo para agilizar así su puesta en marcha.
Pese a ello, la diputada de Vox Paula Jover ha anunciado el voto en contra de su grupo porque se opone a la creación de «chiringuitos» cuando hay organismos con competencias en la materia, tanto estatales como regionales, y ha opinado que si hay que constituir un observatorio debería ser «para combatir el fraude y la corrupción del PSOE».
Este ha sido el único disenso en el debate sobre la necesidad de articular una medida que ya se recogía en los VII Acuerdos de Concertación Social de Canarias, que datan de 2018, y que se apoya, entre otros, en el informe ‘Economía sumergida y fraude fiscal y laboral en Canarias. Una aproximación’.
En ese informe, que fue solicitado por el Gobierno de Canarias, se señala, entre otras conclusiones, que «sin información no se puede reducir la incertidumbre ni se puede ampliar el conocimiento». Y añade que en las islas «hay grandes lagunas cuando alguien pretende aproximarse a esta materia».
Otros informes
El diputado socialista Gustavo Santana ha aludido a otros informes, como el de CCOO que calcula que en las islas hay 52.000 horas extra trabajadas y no cobradas cada semana, o el de la Universidad de Murcia, que señala que Canarias tiene la mayor tasa de fraude laboral y cuantifica en 8.500 millones anuales el peso de la economía sumergida en el archipiélago.
Francisco Linares (CC) ha opinado que esa estimación «se queda corta», pues el fraude en el empleo, la economía sumergida y la competencia desleal en Canarias «por desgracia se han convertido en un modo de vida (…) En esto lo hemos hecho mal todos», ha subrayado, y ha lamentado que se hayan «perdido seis años» en crear este observatorio.
Medio financieros y técnicos
Ha abogado por dotar de medios financieros y técnicos a este observatorio, que se debe poner en marcha «ya no con carácter de urgencia, sino de emergencia», para que funcione y no se limite a «un núcleo de consulta sin más», en vista de unos datos que «son indignantes», pues en la práctica «fomentamos el empleo indecente».
Fernando Enseñat, del grupo Popular, ha admitido que «pocas veces» se habla en el Parlamento del «daño» que hacen la economía sumergida y el fraude fiscal y laboral a la robustez de la economía canaria, a las condiciones del empleo de los canarios y al reparto de la riqueza. Y ha añadido que a la luz de los «datos escandalosos» que arrojan el informe encargado por el Gobierno de Canarias y otros que se han conocido estos días, la lucha contra estas prácticas irregulares «debe ser una prioridad» en esta legislatura, como de hecho lo es para el ejecutivo de CC y PP, ha defendido.
Natalia Santana (NC-BC), Melodie Mendoza (ASG) y Raúl Acosta (AHI) han compartido el diagnóstico y la pertinencia de la creación de este observatorio. Solo Paula Jover se ha manifestado en contra de esta iniciativa, a su juicio «una broma de mal gusto» del PSOE y «un insulto» al tomarse como base un informe en el que sus autores reconocen las «deficiencias y limitaciones» de los datos que ofrecen, y que calculan que un 25% de los canarios «trabaja en negro».
