Los abogados María Benito y Antonio Jiménez Bustamante han sido padres por primera vez este enero y son la cara visible de la reivindicación de los letrados en favor de la conciliación familiar en los juzgados, ante la ausencia de normas que regulen la suspensión de juicios en casos de maternidad o paternidad.
Como muchos letrados, están en manos de la jueza para ejercer su derecho fundamental a conciliar. La pareja recibió el pasado diciembre una citación para un juicio del 19 de enero en el que ambos ejercen y, dado que su fecha prevista de parto era dos días antes, el 17 de enero, solicitaron la suspensión de la vista.
El juzgado no aceptó la petición considerando que se trataba de «una baja de previsible larga duración» que podría llegar a retrasar el proceso judicial en el que hay menores implicados, y solicitó que los clientes designaran un nuevo abogado o si no, se les asignaría un abogado de oficio.
En una entrevista con Efe, Jiménez asegura que «su prioridad es siempre defender y beneficiar a sus clientes» y añade que, en este caso, el aplazamiento del juicio, que no cuenta con acusación particular, «no perjudicaría para nada a los defendidos».
Su función, agrega, no es fácilmente sustituible ya que tanto el conocimiento del caso como el trato personal con el cliente juegan un papel protagonista.
El letrado aclara que en ningún momento ni él ni su pareja han pretendido quedarse en casa cuatro meses cuidando al bebé; solo piden un tiempo razonable para poder recuperarse y atender debidamente sus funciones como abogados.
Recurrieron en diciembre, pero la resolución tardó 25 días en llegar, cuando ambos estaban ya en el hospital y a escasos días del juicio.
Fueron padres al día siguiente, el sábado 16, y relatan que se enteraron de que el juicio se mantenía el día 19 gracias a sus clientes y sus compañeros. Jiménez expone molesto que «con tan poco tiempo» no les dejaron margen para presentar un recurso de apelación.
Según cuenta, el funcionario del juzgado llamó personalmente a los clientes para notificarles que debían acudir al juzgado independientemente de lo que hiciesen sus abogados.
El día de la vista, estando en el hospital y habiendo presentado el correspondiente justificante de ingreso, recibió una llamada exigiéndole que acudiese al juicio o que, de lo contrario, se pondría una queja ante el Colegio de Abogados. Finalmente no acudieron y la celebración de la vista se pospuso para el 1 de febrero.
Todavía no saben si podrán acudir, pero si algo tienen claro es que la lucha por sus derechos continúa: «Los abogados defendemos los derechos de los ciudadanos, pero no tenemos los básicos», se lamenta.
Compañeros y amigos de profesión se han unido a su causa y han compartido con ellos historias similares.
