El Consejo Territorial de Servicios Sociales debate este viernes la propuesta de mejorar el Sistema de Atención a la Dependencia como parte de un Plan con más de 60 medidas
Gobierno y comunidades autónomas debaten este viernes en el Consejo Territorial de Servicios Sociales la propuesta de reducir este año en 60.000 personas la lista de espera de la dependencia. Esta iniciativa forma parte de un Plan con más de 60 medidas para mejorar el sistema.
Durante la reunión del Consejo, el primero que preside la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se acordará además el reparto de casi 731 millones de los fondos europeos para la financiación de proyectos de inversión de las comunidades Ceuta y Melilla en relación con la economía de los cuidados y el refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social.
Comunidades autónomas y Derechos Sociales analizan la puesta en marcha del Plan de Choque de la dependencia, aprobado con el acuerdo de las comunidades y los agentes sociales. Dicho programa de actuación fija un calendario para implementar de forma progresiva todas las medidas para mejorar las atención y la calidad del empleo en un plazo de tres años.
Menores extranjeros no acompañados
En relación con los menores extranjeros no acompañados acogidos por el Gobierno canario, se va a abordar la distribución de créditos para la financiación de la oferta solidaria de plazas por parte de las otras comunidades que quieran acoger bajo su tutela a algunos de esos niños.
Sobre este asunto, la ministra explicó en el Parlamento este miércoles que se propone la distribución de ocho millones de euros entre las comunidades que han ofrecido plazas de acogida a menores extranjeros no acompañados.
«Ya se han concertado más de 200 traslados, que se han iniciado en las últimas semanas, y una parte del crédito se dedicará a financiar el coste de estas plazas», detalló.
Respecto al sistema de dependencia, abogó por ese acuerdo que permita ir reduciendo la lista de espera en varios años, que actualmente registra más de 230.000 dependientes que tienen reconocido el derecho a recibir servicios o prestaciones, pero que no los reciben.
