Canarias avisa de que la condonación de deuda avanza una reforma de la financiación que perjudica a las islas

Matilde Asián, tras el Consejo de Gobierno, se ha mostrado contraria al modelo de condonación de deuda, preludio de lo que podría ser el nuevo modelo de financiación

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha advertido este lunes de que el modelo de condonación de deuda de las comunidades auspiciado por el Gobierno central es la «antesala» de una reforma del sistema de financiación autonómica que computará el REF (Régimen Económico y Fiscal).

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados en Consejo de Gobierno ha destacado que «subyace la idea de que Canarias no está infrafinanciada» al limitarla en un 50% y sin dar explicaciones, cuando el archipiélago «necesita de fondos para nutrir los servicios eseciales».

«El 50% no sabemos de donde ha salido, pero coincide con los recursos del REF», ha indicado, de tal manera que Canarias ya no sería una región infrafinanciada. «Nos quitan de golpe y porrazo 1.700 millones», ha comentado, al tiempo que ha cuestionado que sea Canarias, la comunidad menos endeudada, la única que tiene limitaciones.

Asián ha apuntado que el REF «no es financiación adicional» sino que «viene a compensar diferencias estructurales» y por ello ha abogado por «sensibilizar» a las instituciones y la sociedad canaria, alertando de que cabildos y ayuntamientos se verían «seriamente afectados».

Por ello, y ante una posible reforma del sistema, ha indicado que Canarias no quiere volver al escenario de 2009, cuando se incluyen los recursos del REF, desvinculados después en 2017, con efectos a partir de 2015. «Virgencita que me quede como estoy», ha ironizado.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Contraria al modelo de condonación

La consejera se ha opuesto al modelo de condonación y lo ha reducido a «anotaciones contables» porque «la deuda era autonómica y pasa a ser de todos los españoles» y aunque se rebajen los intereses, «no se podría destinar a ninguna política social o reactivación económica, sino al superávit y amortizar deuda».

Ha incidido en que en Canarias salen «perjudicados», aparte de que no se atiende al pronunciamiento del Parlamento de Canarias, que aprobó una propuesta promovida por NC-BC, y que el Estatuto de Autonomía recoge que el REF no se puede incluir en la financiación autonómica.

Asián ha vuelto a pedir una flexibilización de la regla de gasto para que la bonanza del ciclo económica no esté limitada y se puedan utilizar recursos en servicios sociales y apoyo a los sectores productivos. «Nos mata», ha confesado.

Sobre los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) ha admitido que el grado de ejecución es «bajo» porque las comunidades no están «acostumbradas» a gestionar este tipo de recursos, «muy centralizados» y que se definen en conferencias sectoriales.

En esa línea ha dicho que «hay dificultades» en todas las comunidades hasta el punto de que el Gobierno central pide prórrogas para no tener que devolver fondos y se ha creado una comisión de trabajo.

«No nos gustaría devolver fondos, queremos que se adecuen las sectoriales a las necesidades de Canarias», ha explicado.

Canarias contraria al modelo de la condonación de deuda. Imagen: Consejo de Gobierno del 17 de marzo. Presidencia del Gobierno
Consejo de Gobierno del 17 de marzo. Imagen Presidencia del Gobierno

Suspensión temporalmente las sanciones por residir en zonas turísticas

Además, el Consejo de Gobierno de Canarias también ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, el Decreto-ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico, iniciativa que responde a la necesidad de resolver la problemática de los usos residenciales en zonas turísticas como recoge la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

«Con los cambios aplicados», explicó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, «se suspende por un plazo máximo de tres años, a partir de la entrada en vigor del Decreto-ley, la tramitación de los procedimientos sancionadores en los que no hubiera recaído resolución firme y los de revisión que no pongan fin a la vía administrativa».

Para ello, agregó, «el interesado deberá solicitar el cambio de uso al ayuntamiento y deberá ser comunicado posteriormente a la Consejería».

Plazo de tres años

Por tanto, el objetivo es «otorgar este plazo adicional de tres años para que los consistorios lleven a cabo la imprescindible especialización de usos en las zonas turísticas, que es un principio básico establecido en nuestra legislación autonómica, turística, territorial y urbanística desde la Ley de Directrices de 2003; una especialización que debería de haberse realizado desde hace 22 años, pero que cobra especial relevancia desde la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales de Canarias», apuntó la consejera.

Precisamente, «el incumplimiento de este mandato legal ha generado la apertura de numerosos expedientes sancionadores», recordó.

Así, «en el plazo de tres años, los ayuntamientos tendrán que efectuar la especialización de los usos y las personas afectadas por esta situación podrán disponer de más tranquilidad, de mayor seguridad jurídica y deberán dirigirse a la administración local instando a esa especialización de usos, en la misma línea que apunta el proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas», subrayó De León.

Asimismo, otro de los objetivos que persigue la iniciativa es derogar explícitamente la sustitución del propietario que incumple el deber de atenerse al uso turístico y que directamente está infringiendo el principio de unidad de explotación, al considerarlo un mecanismo inviable por su complejidad procedimental y desproporcionado.

De esta forma, la administración seguirá cumpliendo la ley y otorgará mayor seguridad jurídica al ciudadano.

Defensa de la hoja de ruta del departamento

La consejera defendió ante los periodistas la hoja de ruta emprendida por su departamento para acabar con el «caos» normativo en el turismo, y en este caso concreto, indicó que muchas familias han sufrido de forma «injusta» por lo que hay que buscar un «consenso» y analizar toda la casuística.

Además recordó como la ley de alquiler vacacional ya se encuentra en tramitación parlamentaria, se prepara la futura Ley de Turismo de Canarias, se modifica el reglamento autonómico de Turismo Activo y se regularán por primera vez en las islas los campings, acampadas y otros establecimientos singulares.

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