Canarias exige aplicar ya el decreto ley de menores migrantes para su derivación

El portavoz del Gobierno ha vuelto a insistir en la necesidad de comenzar con la distribución de menores migrantes y respaldará al Estado en los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado por comunidades autónomas como Madrid o Aragón

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha pedido que el Estado debe aplicar ya el decreto ley de menores migrantes no acompañados que está en vigor para iniciar las derivaciones desde Canarias a otros puntos del territorio nacional. Además, reclama al Ejecutivo central que asuma los 1.200 menores solicitantes de asilo político.

Declaraciones: Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias

El portavoz del Gobierno ha afirmado también que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma respaldarán al Estado ante los recursos de inconstitucionalidad que han presentado comunidades como Madrid o Aragón por la reforma de la ley de extranjería que permitirá la distribución de 4.000 menores migrantes no acompañados que en estos momentos tutela la Comunidad Autónoma.

Esta personación obedece a que la Comunidad Autónoma de Canarias se siente perjudicada por las actuaciones contra el decreto, porque afectan a sus competencias, ha explicado Alfonso Cabello, quien ha insistido en que el archipiélago está en situación «desesperada y excepcional».

En este sentido se manifiesta que “el interés competencial de Canarias en materia de protección de menores se ve afectado por un fenómeno supra autonómico, que es la contingencia migratoria extraordinaria en materia de menores migrantes no acompañados que impide a la Comunidad Autónoma de Canarias proporcionar la adecuada atención a estos menores que se encuentran en situación de hacinamiento, lo que es un hecho notorio y conocido, debido a que hasta la fecha el Estado no ha ejercicio su posición constitucional de garante de la efectividad del principio de solidaridad territorial”.

Centros saturados

Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, señaló en que el Estado debe aplicar ya el decreto ley e iniciar los procesos de distribución de menores entre las distintas comunidades ya que a fecha de hoy Canaria sigue dando respuesta sola a la situación migratoria y a los menores migrantes no acompañados que superan los 5.600 en el archipiélago.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el Consejo de Gobierno de este miércoles, 21 de mayo. Imagen Presidencia del Gobierno
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el Consejo de Gobierno de este miércoles, 21 de mayo. Imagen Presidencia del Gobierno

El portavoz del Gobierno afirmó que 86 centros acogen a los menores migrantes, algunos de ellos con un número de menores cercano a los 400 lo que supone una situación de saturación que complica su atención. Por ello, Cabello volvió a reclamar que se comience a derivar a los menores a otros puntos del territorio nacional para aliviar la situación de los centros en las islas.

El Ejecutivo canario pide al central «pasos más decididos»

Cabello cree que el Estado «podía haber hecho más» para que las comunidades autónomas comunicaran la situación de sus redes de acogida y le ha afeado que podía haber dado «pasos más decididos» y que haya «jugado a mezclar los datos de forma torticera» cuando para los 1.200 menores solicitantes de asilo «no hace falta esperar por nadie».

El portavoz ha insistido en solicitar «ayuda» al Gobierno central para «descongestionar» y «altura de miras y solidaridad» a las comunidades autónomas dado que la situación es «desesperada y excepcional».

Declaraciones: Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias

Ha puesto como ejemplo el caso del centro Emena La Fortaleza I, cerrado por orden judicial en Santa Brígida y con nueve personas detenidas por los presunto delitos de lesiones, amenazas y contra la integridad moral.

Cabello ha admitido que los centros no están como les «gustaría» pero al mismo tiempo ha señalado que los servicios de inspección funcionan de forma «contundente», subrayando que el caso se encuentra bajo secreto de sumario.

En esa línea ha insistido en que se necesita «con urgencia» que comiencen las derivaciones para que se descongestionen los centros pues la red está «casi al 200%» desde hace más de año y medio, con 86 recursos que deberían tener no más de 20 menores y hay algunos con casi 400. «Necesitamos ayuda y auxilio del Gobierno y las comunidades autónomas», ha indicado.

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