El juez clausuró un centro de menores migrantes de Las Palmas de Gran Canaria por delitos de lesiones y odio tras su registro
La autoridad judicial de Las Palmas de Gran Canaria ordenó la clausura de un centro de menores migrantes ante las «numerosas evidencias y testimonios» sobre actividades ilícitas de las que serían víctimas los internos.
La Policía Autonómica, tras obtener una orden judicial, procedió a la entrada y registro del inmueble por presuntos delitos de lesiones y odio.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJC) indicó que se trata del centro menores con medidas de reforma EMENA La Fortaleza I, gestionado por la entidad Quorum 77 en las afueras de la capital grancanaria, en la carretera de Bandama.
Diligencias declaradas secretas
La operación se enmarca dentro de la diligencia 2623/2024, del citado órgano judicial, y se inició por presuntos delitos de lesiones, odio y omisión del deber de impedir delitos.
En la orden también constaban otro tipo de irregularidades como la omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución contra la integridad moral y amenazas. El juez declaró secretas estas diligencias.
La entrada, registro y cierre del centro fue ordenada por el Juzgado de Violencia sobre la Infancia y Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.
