Isabel Rodríguez señala, ante la propuesta de ERC, que «no se está valorando ninguna otra iniciativa en referencia a una posible rebaja de penas por malversación»
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado este martes que, con la proposición de ley registrada, «el Ejecutivo ya ha cumplido con su compromiso de reformar el delito de sedición« y ha asegurado que no se está valorando «ninguna otra iniciativa», en referencia a una posible rebaja de penas para la malversación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y ante la polémica que ha suscitado la posibilidad de reformar el delito de malversación a petición de ERC, Rodríguez ha querido dejar claro que la lucha contra la corrupción y la ejemplaridad en la vida pública son «una seña de identidad y una bandera» de la que el Gobierno se siente muy orgulloso.
El Gobierno, ha insistido, ya «ha cumplido con su compromiso» de homologar la tipificación de la sedición y sus penas a la de los países del entorno con la proposición de ley presentada por el grupo socialista y Unidas Podemos, algo que «no es incompatible» con las propuestas que otros grupos presenten ahora en el Congreso en el marco del debate parlamentario.
En este sentido, los periodistas le han pedido en varias ocasiones aclarar la postura del Gobierno ante una eventual enmienda de los grupos catalanes, pero la portavoz se ha limitado a mostrar su respeto por la tarea del Parlamento y por las posiciones de todos los grupos.
«El gobierno no puede pronunciarse en torno a futuribles, no conocemos el texto de la enmienda si es lo que la va a haber», ha zanjado tras insistir en que su compromiso está reflejado en la proposición registrada en el Congreso.
«A eso se circunscribe la posición del Gobierno y el cumplimiento de nuestro compromiso», ha repetido.
Delito de malversación
El delito de malversación es un delito de apropiación indebida del patrimonio público o administración desleal de los bienes que lo componen. En esta línea, se comete por parte de un funcionario o autoridad pública.
«Tratamos de proteger lo que es de todos», indica Juan Carlos González, de la asociación judicial Francisco de Vitoria en Santa Cruz de Tenerife, «con independencia de la persona que haga la actividad en contra de ese patrimonio común».
Así, se revisó en 2015, y si bien en estos momentos es un ‘globo sonda’, ahora se plantea una nueva reforma. La clave de esta modificación podría estar en la finalidad de ese patrimonio: si es para sí mismo, o para un tercero.
«Cualquier actividad que suponga un perjuicio para la administración del Estado, sea para mi beneficio o para un tercero, no parece diferenciarse mucho desde la perspectiva penal», apunta González.
De este modo, la reforma del Código Penal depende del Congreso, y es una mera decisión política. Un cambio de este delito, propuesto por ERC a cambio de pactar los presupuestos catalanes con el PCC, podría beneficiar, por ejemplo, a José Antonio Griñán, exdirigente socialista, o también a los independentistas catalanes como Oriol Junqueras.
Estos últimos han sido procesados o juzgados por utilizar la logística para el referéndum del 1-O. De modificarse el delito de malversación se abriría una pùerta para estos casos, cuyas condenas tendrían que revisarse.
