Con el término violencia vicaria se hace referencia utilización de los hijos con el fin único de dañar a la expareja
El caso de las niñas Anna y Olivia visibilizó la violencia vicaria: atacar a los hijos para dañar al progenitor. Una de las formas más crueles de maltrato hacia las mujeres, donde el agresor utiliza a sus hijos con el único fin de dañar a su expareja.
En 2013 se empezó a contabilizar oficialmente el número de menores asesinados por su padres y madres. Desde entonces 47 niños y niñas han sido victimas de violencia vicaria, entre ellas, las menores Anna y Olivia en Tenerife.
Este miércoles, 27 de abril, se cumple un año del secuestro de las menores por parte de su padre, Tomás Gimeno. Tras un largo periodo de búsqueda, el cuerpo de una de las pequeñas se halló en el fondo del mar, dentro de una bolsa, en la costa de la capital tinerfeña. Los otros dos cuerpos no pudieron ser localizados.
Según los expertos, los hombres que ejercen este tipo de violencia no tienen ningún trastorno mental.
El caso de José Bretón
Desde 2015, de acuerdo con la ley de protección de la infancia y la adolescencia, los menores expuestos a una situación de violencia de género son considerados víctimas de ella.
Uno de los casos con más resonancia, no incluido en las estadísticas de la Delegación al remontarse a 2011, fue el de José Bretón, que mató a sus hijos, Ruth, de seis años, y José, de dos, en la finca de sus padres en las Quemadillas (Córdoba), e incineró sus cuerpos.
Lo hizo como venganza contra su exesposa Ruth Ortiz, que le había pedido la separación días antes. La justicia condenó a Bretón en julio de 2013 a 40 años de cárcel.
A raíz fundamentalmente de este caso, la jurisprudencia ha considerado a las madres cuyos hijos son asesinados también como víctimas de la violencia de género.
Hijos supervivientes de violencia machista
Los hijos supervivientes de mujeres víctimas de violencia machista sufren secuelas psicológicas y dificultades para la adaptación a la vida escolar y laboral.
Actualmente, la ley los ampara hasta los 18 años. La Federación de Mujeres Jóvenes de Gran Canaria propone ampliar esa protección hasta los 25 años. Por ello, han iniciado una campaña para buscar apoyo empezando por los grupos políticos.
