El Parlamento de Canarias celebró este martes sesión plenaria

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha negado este martes que haya «preferencias» en el Ejecutivo por las ‘islas verdes’ y se ha abierto a estudiar implantar la bonificación de 20 céntimos por litro en Fuerteventura y Lanzarote.

En respuesta a una pregunta de NC-BC en la sesión de control del Parlamento ha dicho que en el Gobierno hay miembros de todas las islas y se toman medidas «para todos los canarios», sin atender a la «representación» de las islas en la Cámara.

En esa línea ha apuntado que el Gobierno está estudiando medidas para «evitar desfases» entre islas y entiende que está fuera de «duda» que los canarios «confían» en el Ejecutivo, que en nueve meses ha logrado bonificar los carburantes en La Palma, La Gomera y El Hierro.

Domínguez ha afeado la posición de NC-BC criticando las declaraciones del presidente de la formación, Román Rodríguez, que en la pasada Legislatura y en el propio Parlamento decía que tomar medidas fiscales era «ineficaz» y afectaría a la recaudación de la comunidad autónoma.

Yone Caraballo (NC-BC) ha culpado al Gobierno de hacer «más pobres» a las islas de Lanzarote y Fuerteventura al tiempo que «se ha discriminado unas islas con otras», pues con el ahorro que va a haber en las ‘islas verdes’, por ejemplo, ha calculado que se pueden comprar hasta «30 botellas de aceite» al año.

«Cumpla el Estatuto y ponga la bonificación, todos los canarios tenemos los mismos derechos», ha destacado, remarcando que la medida se ha tomado en las ‘islas verdes’ porque el Gobierno «se mantiene» por el apoyo de los diputados de La Gomera y El Hierro.

El PSOE pide medidas para redistribuir la riqueza

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha reclamado en sede parlamentaria «valentía» al Gobierno de Canarias para tomar medidas que garanticen la redistribución de la riqueza mientras que el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, se ha escudado en la herencia del «pésimo» Gobierno liderado por Ángel Víctor Torres.

En la sesión de control del Pleno del Parlamento Fierro ha dicho que la distribución de la riqueza «no es un capricho» sino un mandato constitucional y en ese sentido ha defendido la ‘hoja de ruta’ del Gobierno central en materia fiscal por ejemplo, y en medio de los mejores datos de empleo.

«Vivir en condiciones dignas»

Fierro ha dicho que los canarios no van a salir a la calle el 20 de abril por «turismofobia» ni «por estar en contra del turismo» sino porque quieren que la riqueza que genera el subsector llegue «a más hogares» y que los canarios puedan acceder a una vivienda, que se cumplan las ratios en los centros escolares, que no haya «autopistas colapsadas», se reduzca la huella ambiental y se afronte la emergencia hídrica.

La presidenta socialista ha dicho que se trata de «vivir en condiciones dignas» mientras hay «cifras récord» en el turismo, al tiempo que ha afeado al actual Ejecutivo que «hacen a los vulnerables más vulnerables».

Domínguez ha indicado que el Gobierno ha tenido que hacer frente hasta un total de cuatro emergencias desde que tomó posesión –hídrica, vivienda, energía y pobreza– y aunque ha reconocido que el anterior Ejecutivo también busca el «mismo fin», redistribuir la riqueza, lo hizo por «distinto camino», ironizando con que «subieron todos los impuestos, saquearon a los canarios» y después distribuyeron lo recaudado «entre un grupito de amigos para comprar mascarillas a una empresa de vehículos».

Asimismo, ha reprochado al ‘Pacto de Las Flores’ que dejó «más ricos y menos pobres» cuando se fueron, hasta «ocho veces por encima» de lo que encontraron.

Impulso al puerto pesquero y comercial de Puerto de la Cruz

Por su parte, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han acordado impulsar nuevamente de forma conjunta el proyecto del puerto pesquero marítimo y comercial del municipio de Puerto de la Cruz, cuyo presupuesto ascendía hace seis años a 51 millones de euros.

Así lo ha anunciado el consejero del área, Pablo Rodríguez, en respuesta a una pregunta del diputado Francisco Linares (CC), quien quiso recordar que este proyecto data de 2018 y desde entonces no se ha hecho «absolutamente nada» y los informes «estarán desfasados», mientras «los que vivimos en el norte seguimos esperando a que, alguna vez, podamos ver las palas para que se inicie una obra añorada por todos y que es de vital importancia».

Pablo Rodríguez indicó, además, que el pasado 5 de febrero se recibió el informe de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina en el que, entre otras cuestiones, se estudia la población de cetáceos, tortugas y otras especies protegidas para evaluar el efecto del proyecto, y que ya ha sido remitido al Cabildo de Tenerife.

A partir de ahí, el consejero reiteró que el Gobierno de Canarias y el Cabildo van a impulsar y actualizar este proyecto «porque es necesario para el norte de Tenerife pero también para el conjunto de Canarias».

Ley de vivienda vacacional

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha apelado este martes a la «prudencia y responsabilidad» en torno a la regulación del alquiler vacacional con el fin de aprobar «la mejor ley posible».

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en la sesión de control ha dicho que con el anteproyecto de ley ya sobre la mesa «es el momento de aportar», tanto a través de la participación ciudadana como los propios grupos de la Cámara.

Ha valorado que el Gobierno ha cumplido su «palabra» de «volver a regular de mejor forma» esta modalidad turística que ya presenta el 36% de la oferta alojativa en las islas, con más de 54.000 inmuebles, y lo hace a través de la participación ciudadana, sin utilizar la vía del decreto, y fijando criterios de «calidad y sostenibilidad» de cara al futuro, con un plazo de cinco años para que las viviendas se adapten durante un régimen transitorio.

Carlos Ester (PP) ha felicitado al Gobierno por ser «valiente» para regular mejor el alquiler vacacional porque ha aumentado hasta las 220.000 plazas, y lo ha hecho a través de la apertura de un proceso de alegaciones y no con un «decretazo» propio de un «Gobierno de izquierdas».

Ha indicado que el objetivo es «sacar la mejor ley en aras de ordenar y proteger los derechos de los ciudadanos y las actividades económicas» y siempre sin «demonizar» al sector, principal motor de la economía canaria.

Sobrecoste del Anillo Insular en Tenerife

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias intentará que el sobrecoste que pueda suponer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anulando la adjudicación de la obra del tramo del Anillo Insular de Tenerife entre Santiago del Teide y El Tanque sea «el menor posible».

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista Canario, el consejero del área, Pablo Rodríguez, ha aclarado que la sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, de ahí que ya se haya remitido el fallo a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para estudiar «todas las opciones», si bien ya ha reconocido que lograr que se rectifique la sentencia «no va a ser sencillo».

El consejero ha indicado que la prioridad de la Consejería es terminar la obra sin retrasos y ha advertido de que, si la sentencia termina siendo firme, los trabajos van a tener «un sobrecoste importante y doble», por un lado, porque la adjudicación inicial era más económica y la final más cara y, por otro, por la indemnización que habrá que pagar a la adjudicataria inicial.

Asimismo, señaló que se cambie el criterio o que informe alguien externo a la mesa de contratación en base a un requerimiento del tribunal especial «no es lo habitual» y reiteró que lo más importante es finalizar la obra cuento antes, pues se trata de una infraestructura «muy necesaria» para la isla de Tenerife.

Historia única digital del SCS

También en el pleno parlamentario, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha afirmado que está previsto que este año esté implantada la historia única digital del Servicio Canario de la Salud (SCS), lo cual evitaría que pruebas médicas «se pierdan por el camino».

Así lo ha indicado la consejera en respuesta al diputado del PP Jacob Qadri, quien se ha quejado de las continuas derivaciones de pacientes de las islas no capitalinas a hospitales de Tenerife y Gran Canaria para consultar rutinarias, lo que supone «un verdadero trastorno» y un motivo de angustia para mayores y personas con movilidad reducida.

Y lo peor, ha continuado Qadri, es que tras varios meses esperando por esa consulta les digan que las pruebas que les hicieron en su isla «no sirven», lo cual es «un abuso».

«No puede haber siete sanidades diferentes en Canarias», ha proclamado el diputado del PP, que ha culpado de esta situación al anterior Ejecutivo del ‘pacto de las flores’.

Mejorar los servicios en las islas no capitalinas

Esther Monzón ha recalcado que una prioridad del actual ejecutivo es dotar de «más y mejores servicios» a las islas no capitalinas, en coordinación con los hospitales de referencia, para minimizar los desplazamientos de pacientes.

Se ha remitido a la apertura de unidades de hemodinámica en Lanzarote y Fuerteventura, a las que «pronto» se unirá La Palma; a la realización de ecografías en Atención Primaria en La Gomera, y a las resonancias en La Palma, así como a los proyectos para dar quimioterapia en La Gomera y El Hierro.

La consejera ha indicado que los traslados de pacientes a hospitales de referencia siguen los protocolos previstos, tanto los urgentes como los programados, y se dan cuando en la isla de origen no existe una especialidad concreta o requieren de personal con dedicación exclusiva en determinadas patologías o tratamientos.

Jacob Quadri ha llamado al Gobierno de Canarias a ofrecer «contratos atractivos» para los sanitarios en las islas no capitalinas, pues por ejemplo en el caso de la Palma las plantillas están al 30% en diferentes especialidades.

Más equipos de valoración del grado de discapacidad

Por su parte, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha aumentado la plantilla de los equipos de valoración para agilizar las solicitudes del grado de discapacidad, dado que, tal y como ha denunciado el Diputado del Común, Rafael Yanes, se está registrando una tardanza de hasta 65 meses en el plazo para la resolución, que está establecido en seis meses.

La consejera del área, Candelaria Delgado, ha explicado en el Pleno del Parlamento que en los últimos meses la Dirección General de Discapacidad «ha dedicado todo su esfuerzo a adoptar las medidas necesarias que permitan incrementar el número de valoraciones y disminuir los tiempos de espera. Así, por primera vez en años, el mes pasado se realizaron más valoraciones que las contabilizadas en los registros de entrada».

Candelaria Delgado puso el acento en la contratación de doce médicas y médicos en el proceso de valoración en estos últimos meses y desglosó las medidas, ya previstas para este año, con las que esperan que se «acorte gradualmente el tiempo de espera de los solicitantes hasta la completa actualización de la lista de espera».

Entre las medidas más relevantes, adelantó que, además de las doce contrataciones médicas realizadas, «se ha acordado incorporar más personal valorador para crear cinco equipos adicionales completos, lo que supondrá contratar otros cinco médicas o médicos, cinco psicólogas o psicólogos, cinco trabajadoras o trabajadores sociales y cinco auxiliares administrativos». La previsión es que dos de estos nuevos equipos estén en Tenerife, dos en Gran Canaria y uno en Fuerteventura.

Envejecimiento de la población

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha indicado que entre sus objetivos de legislatura se encuentran abordar de manera acorde el envejecimiento poblacional y humanizar la sanidad en asuntos como los cuidados paliativos pediátricos. Cuestiones que redundarán en mejor percepción de los usuarios respecto a la sanidad canaria.

Monzón ha comparecido en el pleno del Parlamento de Canarias a petición de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) para analizar la mala percepción de los usuarios respecto a la calidad en la atención sanitaria en las islas.

La consejera ha apuntado que la mejora de la satisfacción del paciente pasa por mejorar los servicios y garantizar una atención de calidad. Monzón ha señalado que en estos meses se han avanzado en medidas para reorientar el modelo asistencial y hacerlo más accesible. También para abordar los flujos y ratios de pacientes, minimizar los tiempos de espera y mejorar su experiencia. Ha asegurado que lista de espera quirúrgica se ha reducido un 7,2%, «el primer descenso registrado desde 2021».

«Los hospitales han aumentado su actividad quirúrgica en enero en un 12% en comparación con el año anterior.» Ha ahondado Monzón. Entre las medidas en atención primaria, a nombrado la incorporación de mejoras digitales, la ampliación de la cartera de servicios diagnósticos o la incorporación de «nuevos perfiles profesionales».

Se plantea que importar productos alimentarios prohibidos sea un delito penal

El Gobierno de Canarias ha planteado al de España que se tipifique la importación de productos alimentarios ilegales como un delito contra la salud pública. Así lo ha informado el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, quien ha revelado que recientemente se incautaron en los puertos del archipiélago más de siete toneladas de productos tropicales y subtropicales ilegales.

«No es solo la competencia desleal, es la poca inspección en puertos y aeropuertos. Ya no es que compitan deslealmente, es que son ilegales, y el consumidor canario está consumiendo sin saber si son sanitariamente buenos o no», ha reflexionado el consejero.

«Desgraciadamente», ha proseguido Quintero, la importación ilegal «es hoy un delito administrativo», con lo que llevar a puerto un contenedor de 22 pies con piña tropical puede suponer un beneficio de 40.000 euros mientras que la sanción administrativa son 3.000 euros.

Cree que tipificarlo como un delito contra la salud pública generaría «un efecto disuasorio» y está justificada porque al final «no sabemos qué productos fitosaniotarios se emplean».

Quintero ha lamentado que la UE no haya incluido en el paquete de medidas anunciado tras las protestas del sector primario ninguna relacionada con la aplicación de cláusulas espejo en terceros países. Ha confiado en que tras las elecciones europeas la Comisión y la Eurocámara sean más sensibles con sus reivindicaciones.

Ha recalcado que la competencia desleal no viene solo de Marruecos, que en diez años ha cuadruplicado sus exportaciones a Europa, ya que también se comercializa miel de China en cuyo etiquetado puede decirse «de Canarias» si contiene «un poco» de la misma en la mezcla, y lo mismo sucede con el aloe vera.