Continúan las comparecencias en el Parlamento de Canarias en la comisión que investiga el caso mascarillas. Este lunes han declarado Julio Pérez y Teresa Cruz, como exconsejeros de Sanidad del Gobierno de Canarias

Julio Pérez, que fue consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias por tres meses durante la pandemia, ha asegurado este lunes en la comisión parlamentaria que investiga el caso mascarillas que el ejecutivo solo supo que había habido un contrato fallido para la entrega de un millón de mascarillas por las que se habían pagado cuatro millones de euros cuando lo publicó la prensa.

En su declaración ante la comisión parlamentaria, Pérez admitió que resulta «llamativo» que el Servicio Canario de la Salud adelantara dos millones de euros por esas mascarillas a la empresa RR7 y luego pagara los otros dos millones sin haberse entregado el material, porque lo normal hubiera sido resolver el contrato.

El Gobierno se enteró por la prensa

No obstante, insistió en que el Gobierno no sabía nada, a pesar de que había un informe de la Intervención General previo a que el caso se publicara en la prensa dando cuenta de posibles irregularidades.

Todas las contrataciones de material sanitario durante la pandemia estaban centralizadas en la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, ya que el comité de gestión de la pandemia, que no era un órgano sino un grupo de trabajo, aunque era donde se tomaban las decisiones respecto a las necesidades, nunca trataba cuestiones sobre compras, precios ni contratos.

«El Gobierno se enteró del fracaso de la operación por los periódicos, con gran disgusto por saberlo por los periódicos», explicó Pérez.

Se recibió la noticia «con sorpresa y disgusto enormes», con «asombro», y se decidió la personación de la Comunidad Autónoma como parte perjudicada en el procedimiento judicial, agregó el exconsejero.

Ni de este contrato ni de los firmados con la empresa Soluciones de Gestión por más de doce millones de euros, ambos investigados por el Parlamento y los tribunales, dijo sentirse Julio Pérez responsable, porque ningún consejero tiene por qué conocer los detalles de las contrataciones, de las que hubo 1.300 en el caso de material sanitario durante la pandemia.

Afirmó que no conoce ni recibió comunicación de los responsables de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

Julio Pérez aseveró además que no tiene conocimiento de que el exdirector general del Servicio Canario de la Salud Conrado Domínguez, quien durante su mandato como consejero aún no había sido nombrado y que está imputado en el caso mascarillas, gestionara contratos de material sanitario o recibiera a proveedores desde un despacho de la Consejería de Sanidad.

Entonces, Domínguez era aún jefe de servicio en la Consejería de Transportes y actuaba de coordinador entre el comité de gestión sanitaria y el comité de expertos científicos que asesoraba al Gobierno, según dijo Julio Pérez.

El exconsejero insistió en que el comité de gestión sanitaria daba instrucciones sobre la cantidad de material sanitario necesario en función de la evolución de la pandemia, pero luego ese requerimiento era gestionado por la Dirección General de Recursos Económicos del SCS como está establecido, sin que él tuviera ninguna intervención sobre precios, cantidades o empresas contratadas.

Ni este comité ni los otros dos que se crearon durante la pandemia «sustituían a los órganos naturales de gobierno ni alteraban el régimen de competencias de la Comunidad Autónoma», explicó.

En el caso del material sanitario, el 21 de abril el consejero dijo que firmó una orden confirmando la centralización de las compras en la que se corregía una resolución anterior de 26 de marzo por contener errores formales y validando las adquisiciones realizadas hasta entonces.

Exconsejera de Sanidad dice que si sus directores «caen» por caso mascarillas, «yo caigo»

La exconsejera de Sanidad del Gobierno de Canarias Teresa Cruz ha asegurado este lunes que si estuviera en la piel de quienes le sucedieron, «si Ana María -Pérez, exdirectora de recursos económicos- y Conrado -Domínguez, exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS)– caen, yo caigo».

De este modo ha respondido en la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario en la pandemia de covid-19 respecto a si las responsabilidades políticas, más allá de las jurídicas, por las presuntas irregularidades detectadas en varios contratos se han de limitar a estos dos exaltos cargos.

En varias ocasiones ha subrayado que la estructura administrativa es jerárquica y que su deber como consejera era «poner en conocimiento» del expresidente Ángel Víctor Torres «absolutamente todo», y que de hecho hacía un reporte semanal de todo el material sanitario disponible y el que era necesario recabar.

Lo cual, ha matizado, no quiere decir que Torres «estuviera implicado», y ha añadido que el expresidente canario «jamás» le pidió información sobre ningún contrato ni le habló de ninguna empresa con la que tenía que contactar o contratar.

Precisamente por su concepción de la administración como una organización jerárquica ha afirmado que habría sido «materialmente imposible» que siendo consejera, la directora de recursos económicos hubiera «hecho y deshecho» en la compra de material sanitario, como le ha planteado el diputado del PP Fernando Enseñat, y ha añadido que Ana María Pérez tenía «una relación directa» con ella.

Ha subrayado que Canarias cuenta con una ley territorial de organización del sistema sanitario, que data de 1994, en la que se atribuyen las competencias en el organigrama de la Consejería y del SCS, con lo que durante su etapa como consejera «no hacíamos nada extraordinario, sino lo que dice la ley».

Sobre la designación de Conrado Domínguez como director del SCS, ha dicho desconocer de quién fue la decisión en el gobierno cuatripartito -PSOE, Podemos, NC y ASG-, y se ha ratificado en que «no es un buen gestor» y que carecía de rigor por los problemas que heredó de él en su anterior etapa en ese mismo cargo.

La exconsejera ha recalcado que las funciones de contratación de material en Sanidad recaían en la directora de recursos económicos, pero siempre «con el conocimiento de la consejera y de la directora del SCS» durante su etapa, Blanca Méndez.

Comité de gestión de la crisis sanitaria

Teresa Cruz ha recordado que en los ocho meses que estuvo al frente de Sanidad se constituyó un comité de gestión de la crisis sanitaria, «un órgano colegiado, decisorio y ejecutivo», que a su entender «era muy operativo».

Además, se instauró un protocolo de compras que su equipo siguió escrupulosamente y cuyo principal objetivo, ha dicho, era «salvar vidas», lo que no excluye que se hubieran de cumplir «ciertos requisitos» como comprobaciones de que el material recibido reuniera los requisitos exigidos.

Ha relatado que en principio se contactaba con empresas suministradoras habituales de la Consejería de Sanidad pero que hubo momentos en los que no tenían reservas, y que se habilitó un correo electrónico para recibir propuestas.

Teresa Cruz no ha entrado a valorar la gestión en Sanidad posterior a su destitución como consejera, sobre cuyos motivos ha sido preguntada por varios diputados.

Sobre una supuesta falta de liderazgo, ha esgrimido que tomó decisiones y asumió responsabilidades «en primera persona», sin pararse a pensar en salvar su puesto, como el cierre del hotel H10 en Adeje con unas mil personas, que entonces le costó el sambenito de «consejera díscola que se estaba cargando la economía canaria».

También ha deslizado de que su departamento contaba con una estructura «pírrica» con la que afrontaron «una situación de caos e incertidumbre» en la que «lo ideal», ha añadido, habría sido que el resto de consejerías hubieran estado «al servicio de quien tiene el problema para ver en qué puede ayudar».

Preguntada si tiene la percepción de que a sus sucesores en el cargo les dieron más recursos, ha matizado que fueron «momentos diferentes» y que conforme se fue conociendo la enfermedad «se empezaron a establecer circuitos» y se dispuso un sistema de compras centralizado.