Para la Fiscalía Europea, el principal problema sigue siendo la comunicación con jueces y fiscales nacionales, que «no siempre informan»

La Fiscalía Europea (EPPO) en España atraviesa dificultades para detectar casos de fraude cometidos con fondos europeos Next Generation porque, ya que aunque esta semana cumple su tercer aniversario, sigue teniendo problemas de comunicación con jueces y fiscales nacionales. «No siempre se nos informa», señalan fuentes del órgano, que detallan que en 2023 no abrió ninguna investigación de este tipo.

Las fuentes consultadas precisan que aún hay «margen de mejora» en la relación que el equipo de siete fiscales delegados y nueve funcionarios mantiene con las autoridades nacionales –juzgados, fiscalías y administraciones– desde el 1 de junio de 2021, cuando se puso en marcha la EPPO a través del mecanismo de cooperación reforzada en el que participan 23 de los 27 Estados miembro de la Unión Europea (UE).

Las citadas fuentes explican que, a pesar de que la normativa europea dice claramente que cualquier irregularidad que afecte a fondos UE debe ponerse en conocimiento de la EPPO, no suele ser así. Insisten en que todavía hay autoridades nacionales que no entienden el funcionamiento de este órgano comunitario: la capacidad de instrucción de sus fiscales, los ámbitos de competencia o la independencia de la EPPO de la Fiscalía General del Estado.

Sin casos en 2023

La Fiscalía Europea, liderada en España por el fiscal Ignacio de Lucas, se dedica a investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE con la intención de llevarlos a juicio y recuperar el daño causado a los fondos europeos.

Entre los procedimientos mediáticos que acumula en este 2024, constan la investigación sobre los contratos de Baleares y Canarias con la denominada ‘trama Koldo’, en la que participaría Koldo García –exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos (PSOE)–, para la compra de mascarillas durante la pandemia; o la denuncia contra el director general del IbSalut, Javier Ureña (PP), por supuestamente haber dejado caducar la reclamación a la empresa de dicha trama. Estos casos, de momento, no figuran en las estadísticas del órgano.

Con todo, las fuentes consultadas sostienen que las investigaciones relativas a la compra de mascarillas con fondos europeos por parte de las administraciones no son el grueso de los casos que aborda esta Fiscalía.

En 2023 destacó la denominada ‘Operación Timeo’, relativa a una presunta organización criminal con ramificaciones en América Latina acusada de un fraude de IVA de más de 25 millones de euros; y la ‘Operación Agros’, sobre una presunta red criminal dedicada al fraude de subvenciones agrícolas de la Unión Europea.

Según las fuentes consultadas, en 2023 la EPPO no abrió ninguna investigación relativa al fraude de fondos Next Generation, dedicados a la recuperación económica europea tras la pandemia del coronavirus. Sobre este extremo, señalan que el número de casos depende –en gran medida– de la detección de dichos casos.

47 investigaciones en curso

Según el informe anual relativo a 2023, la Fiscalía Europea mantiene en España un total de 47 investigaciones en curso que afectaría un total de 321 millones de euros. 29 de los procedimientos fueron abiertos en 2023 y abarcarían un importe total de 217,3 millones de euros.

En el documento, consta que nueve de las investigaciones están relacionadas con el fraude del IVA, con un daño estimado en 176,1 millones de euros; cifra por encima de las cuatro registradas en 2022.

Del informe se desprende también un aumento en el número de solicitudes de auxilio emitidas –72 en 2023 frente a 23 en el año anterior–, de las investigaciones con dimensión transfronteriza –13 en 2023 y 7 en 2022–, y fondos embargados por importe de 126 millones de euros –frente a los 57 millones del año anterior–.

Pide dos fiscales de refuerzo

Así las cosas, las fuentes consultadas destacan el «incremento» y la «complejidad» de las investigaciones dirigidas por la Fiscalía Europea en España en su tercer año de vida, lo que conlleva un «mayor volumen de trabajo» que, según avisan, aumentará cuando las causas que han estado investigando lleguen a fase de juicio.

Por ello, el órgano comunitario ha reclamado al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños que le autorice la contratación de dos nuevos fiscales delegados. Aunque la sede de la Fiscalía Europea en Luxemburgo ya ha dado el visto bueno, es necesario un acuerdo con el Ministerio porque tiene implicaciones económicas que éste en parte debe asumir.

Desde la EPPO también reclaman una estructura de unidades de apoyo similar a la existente en la Fiscalía Anticorrupción española, con unidades de Policía Nacional o de la Guardia Civil.

De momento, lo que ha conseguido la Fiscalía Europea es que se le conceda un apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que ya se encuentra trabajando en la sede del órgano comunitario en Madrid, según apuntan las citadas fuentes.