En un comunicado, los jueces decanos reprochan que se dude del Poder Judicial y mantienen que los jueces «están sometidos únicamente al imperio de la ley»

Los jueces decanos de toda España se han sumado al rechazo expresado por las asociaciones judiciales tras el acuerdo de PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez porque consideran que su contenido podría suponer la «quiebra de la separación de poderes».

En un comunicado difundido este viernes, se oponen a las referencias al «lawfare» o judicialización de la política y a «sus consecuencias», y se limitan a suscribir el texto firmado el jueves por todas las asociaciones de jueces que alertaba de la «intromisión en la independencia judicial».

“El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas», señala el comunicado.

Los jueces decanos reprochan la «desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial» que se desprende de la referencia a una ley de amnistía que incluirá a personas implicadas en casos de «lawfare», es decir, del uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política.

Independencia del Poder Judicial

El comunicado remarca la independencia del Poder Judicial en España. «Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables».

«El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”, concluye el comunicado.

También las Audiencias Provinciales

Los presidentes y presidentas de las Audiencias Provinciales de España también han mostrado su «más enérgico rechazo» a la referencia efectuada en el documento pactado por PSOE y Junts al «lawfare» y judicialización de la política.

En un comunicado, apuntan su adhesión «al acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tanto en lo relativo al rechazo de tal iniciativa como a su justificación para repudiar la misma ante el riesgo evidente de que se pretenda someter a revisión parlamentaria decisiones judiciales en una flagrante vulneración del principio de separación de poderes que constituye el pilar fundamental de nuestro Estado Democrático y de Derecho».

Asimismo, muestran «sorpresa e indignación» ante el documento en la medida en que «plantea serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial en España, lo que supone alejarnos de manera irresponsable de una de las exigencias más importantes para formar parte de la Unión Europea».

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado

Por su parte, la Asociación del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado (ACSIAE) ha denunciado también el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez porque «supondría un cambio en el funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado» y podría «erosionar los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir todo procedimiento de selección de personal público».

Esta asociación, a través de un comunicado remitido a EFE, se une al resto de asociaciones profesionales que ya se han pronunciado sobre un acuerdo político que en su opinión «parece que podría atacar frontalmente la Constitución».

Afirma ACSIAE que «junto a otros cuerpos de la Administración, los interventores y auditores del Estado defendimos el Estado de Derecho y la legalidad constitucional en la reacción del Estado frente a los hechos sucedidos en Cataluña en 2017».

Traslada asimismo su «reconocimiento y apoyo» a todos los interventores y auditores del Estado que intervinieron profesionalmente en todos los procesos, haciendo extensivo tal reconocimiento a los restantes empleados públicos que, con objetividad «garantizaron la plena vigencia de la Constitución».