Los afectados por la ley turística entienden que favorece a los explotadores turísticos y «prohíbe» la residencia en los apartamentos
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) ha recurrido ante la Justicia la revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria por entender que favorece a los explotadores turísticos y «prohíbe» la residencia en los apartamentos, lo que «expulsará» a miles de personas de sus propiedades.
En un comunicado, añade que el plan insiste en proponer un puerto deportivo de alta capacidad en el litoral de Bahía Feliz, en la zona de especial conservación Sebadales de Playa del Inglés, a sabiendas de las enormes afecciones ambientales que ocasionaría.
En la nota recuerda que la revisión del plan se aprobó el pasado mes de febrero por el Cabildo y que en él se insiste en el modelo de especialización turística y «de expulsión de los vecinos y de guetos turísticos y residenciales».
Sin respuesta a las alegaciones
La plataforma alega que en su regulación no se hace referencia a la disposición transitoria séptima de Ley Ordenación del Turismo de Canarias, ni a los usos consolidados de la Ley de Suelo («deberán ser respetados por la administración»), ni al alquiler vacacional que, de facto, queda imposibilitado, según sostienen la PALT.
Así mismo, destaca las personas que han presentado alegaciones en el trámite de información pública no han recibido respuesta.
La PALT señala que la residencia temporal sólo se permitirá en villas, por lo que ningún propietario podrá utilizar su apartamento o bungalow para su disfrute en ningún periodo, incluso aunque en el contrato con el explotador lo permita, de manera que solo podrá hacer uso como cliente.
«Demoniza el uso residencial»
Para la plataforma, la revisión del plan que se propone «nuevamente demonizada» el uso residencial, prohibiéndose expresamente lo que implicará el desplazamiento forzoso de miles de personas y cita como ejemplo que según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2022, el número de habitantes en Puerto Rico era de 3.920.
«El compromiso financiero al que somete a los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán es mayúsculo pues van a ser ellos quienes, de implementar la estrategia de este PIO, tengan que asumir las multimillonarias indemnizaciones por el cambio de planeamiento«, destaca el comunicado, que añade que solo en San Bartolomé de Tirajana existen 396 complejos de apartamentos y bungalows.
Para la PALT detrás de este modelo no está el interés general, pues «favorece a los explotadores extrahoteleros establecidos, pretende perpetuar un modelo económico que ya no genera riqueza a través de la limitación de derechos y expulsa a los propietarios, residentes permanentes o temporales».
La plataforma lamenta también que «ninguno de los futuros ediles que concurren a las próximas elecciones de mayo «muestre interés y preocupación frente a una propuesta de municipio segregado, troceado, nacida de la intervención de personas que desconocen la realidad de nuestro territorio, de cómo vivimos y cómo queremos vivir».
