Trabajadores piden más protección ante las agresiones en los centros de Valle Tabares y La Montañeta y denuncian la falta de personal de seguridad y el estado obsoleto de las infraestructuras

Trabajadores y representantes sindicales se han manifestado este lunes en Canarias para pedir más protección ante el aumento de agresiones en los centros de menores de Valle Tabares (Tenerife) y La Montañeta (Gran Canaria).

Así, representantes sindicales han denunciado este lunes frente a la Presidencia del Gobierno de Canarias agresiones por falta de personal de seguridad privada y educadores el centro de internamiento educativo para menores infractores (Ciemi) Valle Tabares, en Tenerife, lo que ha ocasionado que haya trabajadores de baja, entre ellos, uno por un derrame cerebral y otro que podría perder la visión de un ojo por un golpe.

Silvia Brox, del sindicato Uso Canarias de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada, ha alertado en declaraciones a EFE de una «creciente inseguridad» debido también a unas infraestructuras que están «muy obsoletas» con falta de cámaras y ángulos muertos donde se producen las agresiones.

Por ello, ha reclamado una revisión, no solo de las infraestructuras sino de la tecnología, y que se contrate a más personal, tanto de seguridad privada como de educadores, para evitar que tenga que seguir interviniendo la policía pues, según ha informado, en las últimas semanas ha tenido que acudir entre dos o tres ocasiones.

Los educadores atienden a seis internos por persona

Según ha comentado, el personal está «completamente desprotegido» porque cada vez hay menos educadores y los vigilantes son escasos y no tienen reconocida la condición de autoridad y, además, las instalaciones son antiguas y hay módulos los que las puertas no cierran bien.

En la actualidad hay 79 trabajadores que se dedican a la seguridad privada, cuando tendrían que haber más de 100 en Valle Tabares, donde hay 93 menores internos. Así, Patricia Pérez, presidenta del Comité de Empresa del Centro de Menores Valle Tabares, ha añadido que debería de haber 45 educadores por turno en vez de los 21 que hay.

Además, ha señalado que hay unos 33 protocolos activados para prevención de conductas suicidas o de cualquier otro tipo, lo que requiere la presencia de un educador por interno y, sin embargo, hay profesionales que atienden a seis a la vez. 

Educadores piden ser figuras de autoridad en La Montañeta

Por su parte, los trabajadores del centro para menores con medidas judiciales de La Montañeta, en Gran Canaria, piden mejoras salariales y que se les considere figuras de autoridad para frenar el elevado número de agresiones que aseguran que sufren por parte de los internos.

«Cada vez sufrimos más agresiones, los menores cada vez tienen más trastornos mentales, muchos son de perfiles psiquiátricos y nos agreden con bastante facilidad porque nunca pasa nada, a pesar de que haya denuncia», ha asegurado la presidente del comité de empresa del centro de La Montañeta, Estefanía Grau, durante una concentración ante el Gobierno de Canarias para exigir mejoras laborales.

Tras la pandemia, los trastornos mentales ha aumentado entre los menores internos con medidas judiciales en el centro de La Montañeta, con depresiones, conductas autolesivas y suicidas y agresiones, a lo que se une el consumo de sustancias, que agrava la situación.

Menores actuales, «más psiquiátricos»

«Hace 20 años, eran más violentos pero más respetuosos. Los menores actuales son más psiquiátricos, no se piensan las cosas, te pegan, te rompen la nariz o un brazo, te sacan un pincho porque sí, no se lo piensan. Esa es la diferencia, que ahora es muy barato pegarnos«, ha opinado Grau.

«La multa por hincharte un ojo o por romperte un tabique es de 60 o 200 euros. No les ponen nada más», ha asegurado. Según ha indicado, un profesor de la Consejería que da clase es figura de autoridad, los maestros son figura de autoridad, pero los educadores, que están dentro del aula con el profesor, no lo son. En caso de que la agresión se produzca contra una figura de autoridad, la pena supone un año más de reclusión, por lo que los menores tienen en cuenta las consecuencias. «Todos cobramos un pequeño plus de peligrosidad nada más entrar al centro, pues qué menos que ser todos figuras de autoridad», ha razonado Grau.

Los 200 trabajadores del centro de La Montañeta piden también que les devuelvan el 5% de salario que les redujeron en 2010 junto a los funcionarios y personal laboral, un recorte que se eliminó para esos grupos pero no para ellos. Asimismo, piden que su salario se equipare al de los trabajadores de centros similares en la península, que cobran unos 1.000 euros mensuales más.