El 29% de la población LGTBI ha sufrido acoso y el 9% ha sido víctima de agresiones

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El 29% de la población LGTBI española ha sufrido acoso con motivo de su orientación sexual, algo que al 8,6% del colectivo también le ha comportado agresiones físicas o sexuales, según datos del informe «Estado del odio»

Vídeo RTVC

El informe ha sido publicado este miércoles por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia.

Esta encuesta, para la que se han realizado 800 entrevistas a miembros del colectivo LGTBI español mayores de 18 años, también evidencia que el 27,5% ha sufrido algún tipo de discriminación en los últimos cinco años. Los jóvenes de entre 18 y 24 los que más rechazo han experimentado.

Las situaciones de acoso y agresión, por el contrario, han sido vividas mayoritariamente por la población LGTBI de entre 25 y 34 años.

La mayoría de los casos de LGTBIfobia se dan en la calle -el 78% del colectivo ha sufrido acoso en la vía pública y el 69% ha sido víctima de discriminación o ha sufrido agresiones-, un espacio seguido por el colegio, el transporte público o el trabajo, donde alrededor del 40% del colectivo asegura haber sido acosado, discriminado o agredido.

En lo que respecta especificamente a las agresiones, la sanidad también es un lugar peligroso para las personas LGTBI, el 34,7% de las cuales declara haberlas sufrido en dicho ámbito.

El 29% de la población LGTBI ha sufrido acoso y el 9% ha sido víctima de agresiones
Bandera LGTBI. JCCM (Foto de ARCHIVO) 03/11/2020

Se denuncian dos de cada 10 delitos

La encuesta también muestra que solo se denuncian dos de cada 10 delitos de odio, una infradenuncia motivada especialmente por la sensación de que dar un paso adelante no iba a servir de nada o por la falta de importancia que se le da a las situaciones de acoso y discriminación, aunque la mayoría de encuestados no sabe explicar por qué no denuncia.

Cabe destacar que casi el 24% de las personas que no denuncian sí acuden a asociaciones LGTBI para pedir ayuda, lo que denota una falta de confianza en las autoridades judiciales y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

De hecho, el 65,4% de las personas LGTBI consideran que el Poder Judicial está poco o nada comprometido con el colectivo, un porcentaje que aumenta hasta el 69,7% si se les pregunta por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Ante estos datos, la presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil, ha exigido al Ministerio del Interior que «se siente con los colectivos» para «poner remedio» a esta falta de confianza. En su opinión debe solucionarse mediante la «educación, la formación y la prevención» de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

«Sus agentes deben ser más cercanos, más amables y con una mirada más abierta hacia cualquier persona que se acerque a pedir ayuda», ha recordado Sangil al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Ha señalado que «España ha ganado en derechos legislativos, pero para que las leyes sean efectivas se tienen que implementar».

El discurso de odio no mejora

El 38% de los encuestados opinan que la discriminación sigue igual que antes, frente al 27% que cree que ha aumentado y al casi 35% que defiende que su situación ha mejorado.

Sobre la violencia las opiniones son más negativas, puesto que solo el 26% cree que se ha reducido, mientras que el 33% opina que ha empeorado.

En esta línea, Sangil ha asegurado que el discurso de odio ha ido empeorando desde que en 2018 Vox irrumpiera en las instituciones y el PP «radicalizara» su discurso por su «complicidad con la ultraderecha».

La presidenta de la FELGTBI+ ha criticado que estos discursos se permitan en lugares como el Congreso y el Senado porque escucharlos «duele». Ha pedido a las instituciones que «se erradique de cualquier espacio la LGTBIfobia o cualquier forma de discurso de odio hacia cualquier colectivo».

«El papel de las matronas es crucial para evitar la violencia obstétrica»

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Una reciente sentencia pionera emitida por un juzgado de las islas ha abierto el debate sobre la capacidad de decisión de las mujeres en sus partos. Sobre este asunto, charlamos con la matrona Ruth Caplés.

El papel de las matronas es crucial para prevenir las prácticas que son consideradas violencia obstétrica. Según la OMS, la violencia obstétrica es aquella que sufren las mujeres durante el embarazo o el parto al recibir un maltrato físico, humillación y abuso verbal, o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos. Nuestro país ha recibido ya, hasta en tres ocasiones, la reprobación de la CEDAW, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer por realizar prácticas de este tipo, entre ellas cesáreas que no tenían justificación.

La matrona Ruth Caplés ha afirmado en la entrevista que ha concedido en Buenos Días Canarias, que estas prácticas no incluyen solo las tasas elevadas de cesáreas o episiotomías. Asegura que «también es infantilizar a las mujeres, dar un trato deshumanizado, o pensar que no pueden decidir por sí mismas». Ha recordado que las mujeres tienen derecho a recibir información basada en la evidencia científica, no sesgada y, sobre ello, decidir.

Entrevista a la matrona Ruth Caplés

Sentencia polémica

Una sentencia pionera emitida por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, ha condenado al Servicio Canario de Salud a indemnizar con un millón de euros a una mujer a la que se indujo un parto gemelar que duró 17 horas y que generó daños a uno de los bebés que resultaron en una discapacidad. En este sentido, para esta experta, «no solo se trata de una negligencia médica, también de una práctica que puede considerarse violencia obstétrica» porque en un parto inducido químicamente, como fue el caso, hay que hacer un seguimiento del proceso de parto, diagnosticar las posibles complicaciones, informar de ellas a la madre y de los riesgos que éstas conllevan. Considera que en este caso no sucedió así.

Más matronas y planes de parto

Ruth Caplés ha afirmado que las matronas son las especialistas en los partos fisiológicos y ha recordado que en aquellos casos donde se produce violencia obstétrica, habría que analizar también en qué condiciones se trabaja. Ha puesto el acento en que en otros países, las mujeres llegan a ver únicamente en todo su embarazo a estas especialistas y que las obstetras intervienen únicamente cuando hay una patología. Insiste en que es necesario que se invierta y se dote de más matronas a la sanidad, pero también que se vele por los derechos de las mujeres. En ese sentido, ha recordado que las mujeres tienen el derecho de diseñar un plan de parto, un documento donde debe recogerse su voluntad de cara a ese momento.

El Gobierno destina 3 millones a la industria láctea y queserías artesanales

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El Gobierno canario ha adjudicado las subvenciones a 202 ganaderos, destinadas a la campaña del primer semestre del 2022, con la finalidad de compensar los sobrecostes y garantizar la supervivencia del subsector

El Gobierno destina 3 millones a la industria láctea y queserías artesanales
El Gobierno destina mas de 3 millones a la industria láctea y queserías artesanales. Fotografía: Gobierno de Canarias

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería del Sector Primario, ha concedido más de 3 millones de euros al respaldo de la producción láctea de vacuno, caprino y ovino de origen animal, así como a la industria láctea y queserías artesanales, destinadas a la campaña del primer semestre de 2022.

202 ganaderos de las islas ya pueden disponer de estas ayudas, que se abonarán directamente al beneficiario por las cantidades de leche adquiridas a los ganaderos y producidas por estos, y utilizadas en la elaboración de los productos, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022.

Con estas subvenciones, que forman parte del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei-Agrícola), el Ejecutivo autonómico trata de mitigar el impacto de la crisis motivada por el contexto internacional que sufre este subsector, con la finalidad de respaldar su actividad y garantizar su mantenimiento en las islas.

Nuevas ayudas

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, destaca en una nota «la importante labor que tienen las administraciones públicas para lograr la puesta en marcha de nuevas ayudas que aporten algo de oxígeno al sector primario y en concreto, al ganadero, que atraviesa una etapa muy complicada debido a la crisis internacional, lo que repercute en el aumento de los costes de las materias primas».

En este sentido, subraya, una vez más, la importancia que cobra la Estrategia de Soberanía Alimentaria, «que sitúa a los productores de alimentos de Canarias en el centro de las políticas públicas agroalimentarias».

Concretamente, indica, «se trata de un instrumento marco de actuación en el sector agroalimentario de Canarias para afrontar el reto de avanzar hacia un modelo más competitivo, sostenible y resiliente. Y, por supuesto, menos dependiente del exterior, con el objetivo de soportar mejor los embates de la coyuntura económica internacional».

Detenida una cuidadora por robar las joyas de la mujer a la que cuidaba

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Además del hurto de las joyas, valoradas en 12.000 euros. la detenida robó más de 9.000 euros en efectivo de cuentas bancarias y de la caja fuerte de la vivienda

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, naturales de Venezuela e Italia, que robaron dinero en efectivo, tarjetas y documentación en un complejo hotelero del sur de Tenerife.
Detenida una cuidadora por robar las joyas de la mujer a la que cuidaba.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife, a dos mujeres y un hombre, de 49, 25 y 38 años y sin antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de hurto y un delito de estafa.

Una de las detenidas que cuidaba de una persona mayor, junto con su hija y su pareja, llegaron a sustraer joyas por valor de 12.000 euros. Además de 9.000 euros en efectivo de cuentas bancarias y de la caja fuerte del domicilio.

La investigación comenzó cuando la hija de una mujer mayor que necesitaba cuidados, denunció que a su madre le faltaban varias joyas, además de dinero que guardaba en su caja fuerte. Por ello los agentes comenzaron una investigación. Se centró en un primer momento en la mujer que se dedicaba a cuidar de la anciana.

Fruto de las primeras pesquisas, se pudo determinar que la detenida había realizado varias extracciones de dinero de la cuenta bancaria de la anciana. Aprovechándose de la confianza y de la vulnerabilidad de la víctima, había obtenido las claves de la tarjeta de crédito de ésta. En total, llegó a sacar, en diferentes cajeros de entidades bancarias, la cantidad de 9.000 euros en efectivo.

Vendía las joyas, junto a su hija y su pareja, en un local de compra-venta

Asimismo, los agentes pudieron comprobar, que la detenida había ido sustrayendo a lo largo del tiempo diferentes joyas de la familia donde trabajaba, para posteriormente, junto con su hija y su pareja, vender en establecimientos de compra-venta, teniendo las joyas un valor de 12.000 euros.

Finalmente, los agentes de la Policía Nacional localizaron a los tres implicados. Se les detuvo por los delitos de estafa y hurto, siendo puestos a disposición judicial.

Gracias a labor de los agentes, se pudo recuperar la mayoría de las joyas. Todas ellas con un alto valor sentimental, puesto que las mismas habían sido vendidas en diferentes tiendas de compra-venta de la ciudad de Arrecife.

El Consejo de Europa crea un registro de daños por la agresión rusa en Ucrania

La iniciativa permitirá en un futuro compensar a los damnificados por la agresión rusa en Ucrania. Ya se han unido más de 40 países, entre ellos España y la Unión Europea como bloque

Edificio destruido en Ucrania. EP
Edificio destruido en Ucrania. EP

El Consejo de Europa ha creado un registro para anotar los daños sufridos por Ucrania en el marco de la ofensiva militar lanzada por Rusia. Una iniciativa con la que el bloque aspira a poder en un futuro compensar a los damnificados y a la que ya se han unido más de 40 países, entre ellos España y la Unión Europea como bloque.

El compromiso, que cuenta con el aval del Gobierno de Ucrania, ha sido suscrito durante la cumbre de líderes que acoge desde el martes la capital de Islandia. A ella ha acudido el primer ministro ucraniano, Denis Shmigal, y el responsable de Justicia, Denis Maliuska. Han participado en la firma del Registro de Daños Causados por la Agresión de la Federación Rusa contra Ucrania

La primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttirk, ha destacado que «el apoyo y la solidaridad con Ucrania» es una de las principales prioridades de la presidencia rotatoria del Consejo. Este foro, ha añadido, «puede y debe desempeñar un importante papel para garantizar la rendición de cuentas», por lo que el registro es «un paso importante» en este sentido y, al mismo tiempo, envía «un fuerte mensaje de apoyo» a Kiev.

«Decisión histórica»

Para la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric, se trata de «una decisión histórica«. «Ayudará a las víctimas a registrar sus pérdidas», algo «vital para cualquier mecanismo de compensación» que pueda anunciarse a futuro, ha señalado, enfatizando que ya hay «una coalición muy grande» que lo apoya.

El nuevo mecanismo, establecido por un periodo inicial de tres años, tendrá su sede física en La Haya, Países Bajos, y contará con una oficina en Ucrania. El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, se ha mostrado «orgulloso» por la elección como sede de la que es «la capital legal del mundo», ya que La Haya ya acoge varias cortes internacionales.

Por su parte, Shmigal ha expresado en nombre del Gobierno ucraniano su agradecimiento tanto al Consejo de Europa como a los países que han brindado su apoyo a la iniciativa. Ahora, confía en que se amplíe más allá del continente: «Invitamos a otros países, de todos los rincones del mundo, a unirse (…) como una señal de apoyo».

Sin embargo, también entiende que «el trabajo duro empieza ahora«. El primer ministro confía en que el nuevo registro pueda estar «pronto» plenamente abierto a las víctimas.

La huelga de funcionarios obliga a suspender la declaración prevista en el caso cuarteles

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La huelga de funcionarios de Justicia ha obligado a suspender la declaración prevista para este miércoles en el denominado caso cuarteles por parte del teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, y la vistilla para que las partes concretasen las imputaciones de cara al futuro proceso por tribunal de jurado

Agente de la Guardia Civil de espaldas. GUARDIA CIVIL (Foto de ARCHIVO) 18/10/2022

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha suspendido las diligencias previstas debido a la huelga que secundan los funcionarios en demanda de mejoras laborales, sin que por el momento haya fecha para su nueva celebración.

La magistrada Isabel Durántez había citado para este miércoles al el exresponsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila Carlos Alonso Rodríguez, quien había solicitado comparecer a petición propia para defender su inocencia en relación con este proceso.

Además recientemente citó también para este miércoles a los otros tres investigados para la celebración de la «vistilla» prevista en el artículo 25 de la Ley del Tribunal de Jurado, en la que todas las partes son convocadas para concretar las imputaciones o bien instar al sobreseimiento, y para solicitar las diligencias que consideren necesarias.

Posible delito de cohecho

Lo hizo tras dictar un auto en el que la magistrada considera que la causa debe ser transformada en un procedimiento ante el tribunal del jurado, y que la investigación se debe ampliar a un posible delito de cohecho para los cuatro investigados, a los que ya se investigaba por los presuntos delitos de falsedad continuada en documento oficial y malversación.

Los cuatro investigados son Carlos Alonso Rodríguez; el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que fue responsable de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil; el empresario Ángel Ramón Tejera de León, conocido como Mon y cuyo nombre aparece en el sumario del caso Mediador, y otro empresario.

Las defensas de estos cuatro investigados habían recurrido la celebración de esta vistilla al considerar que aún no es el momento procesal oportuno porque quedan por practicar diligencias que han sido acordadas, como la declaración de Carlos Alonso o el perijate de las obras cuestionadas, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Se investiga si hubo irregularidades en la adjudicación de obras

En este caso la magistrada investiga si, como denunció Asuntos Internos del instituto armado, hubo irregularidades en la adjudicación de obras de trece comandancias de toda España, que no llegaron a realizarse o se hicieron parcialmente tras ser adjudicadas a Tejera de León por un valor total de 3,3 millones de euros entre 2008 y 2019.

Ahora la causa, de la que recientemente se ha hecho cargo por parte de la Fiscalía la fiscal Virna María Alonso Fernández, especializada en asuntos económicos, está pendiente de la elaboración de un peritaje para dilucidar si las obras acometidas son acordes con las facturas.

Está previsto que los peritos encargados de este trabajo juren su cargo próximamente.

La defensa del teniente coronel Carlos Alonso ha expresado a EFE su malestar por el retraso reiterado en su declaración ante el juzgado, solicitada por el propio mando y que ha sido suspendida ya dos veces, ya que le supone «un perjuicio personal difícilmente reparable».

Esta defensa ha subrayado «la zozobra y angustia» que le supone está inmerso en esta causa, en la que quiere declarar y de la que espera salir cuanto antes.

Sánchez avanza nuevas medidas sociales para afrontar las consecuencias de la guerra

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia nuevas medidas a tomar después de junio para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la guerra en Ucrania

Sánchez avanza nuevas medidas sociales para afrontar las consecuencias de la guerra
Sánchez avanza nuevas medidas sociales para afrontar las consecuencias de la guerra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Ejecutivo aprobará para después de junio nuevas medidas sociales acordes con la coyuntura que haya en ese momento para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la guerra en Ucrania.

Sánchez ha expresado su intención de aprobar nuevas medidas en su respuesta ante el pleno del Congreso a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien le ha pedido que las medidas que han conformado el escudo social frente a la crisis se conviertan en permanentes.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que en junio vencerán muchas de las medidas aprobadas para ayudar a superar las consecuencias de la guerra en Ucrania.

«Evidentemente, el Gobierno va a traer, en función de la coyuntura que tengamos en junio, unas nuevas medidas sociales y espero que entonces podamos contar con el apoyo de su grupo parlamentario y del conjunto de la cámara», ha señalado dirigiéndose a la diputada de EH Bildu.

«Proteger a las personas que más lo necesitan»

Aizpurua ha justificado el apoyo de su formación a medidas que se han ido aprobando durante la legislatura para proteger a las personas que más lo necesitan y ha considerado que muchas de ellas que han demostrado su efectividad deberían mantenerse y ampliarse.

Así, ha defendido asegurar el acceso a productos de alimentación básicos y la reducción de hipotecas variables.

Sánchez ha resaltado la importancia del reciente acuerdo salarial entre los agentes sociales que ha afirmado que viene a dar respuesta a la demanda de los trabajadores de que haya un reparto más equilibrado de los frutos del crecimiento económico.

Tras recordar el constante aumento del número de afiliados a la Seguridad Social ha insistido en su determinación de seguir protegiendo a la clase media y trabajadora del país, pero no ha dado detalles de las medidas que se podrían aprobar.

Este jueves finaliza el plazo de los viajes del Imserso para disfrutar antes de junio

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El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) concluye este jueves el plazo para solicitar uno de los viajes del Programa de turismo social de la temporada 2022-2023, que concluye a finales del próximo mes de junio

Este jueves finaliza el plazo de los viajes del Imserso para disfrutar antes de junio
Termalismo del Imserso CEDIDA (Foto de ARCHIVO) 17/5/2019

Según explica el Imserso, este plazo afecta a las solicitudes que se presenten por cualquier vía: a través de la sede electrónica del Imserso, los registros electrónicos o las dirigidas al apartado de correos 10.140 de Madrid.

Las peticiones son para los viajes aún de la temporada en curso, que se abrió el pasado 13 de diciembre de 2022 y que cerrará con el último viaje que tiene prevista su salida a finales de junio.

El Imserso explica que de cara a la nueva temporada 2023-2024 avisará de la apertura del nuevo plazo de solicitud mediante la comunicación postal a los domicilios de las personas que anteriormente han participado en el programa así como, mediante anuncio en la web y sede electrónica.

Novedades en la nueva temporada

La nueva temporada de viajes llega con novedades, ya que a los tradicionales destinos de costa e insulares -que suponen un 75 % de la oferta, con 440.000 y 230.000 plazas respectivamente- se ofrecerán 10 circuitos culturales, 19 nuevas rutas de naturaleza y aumentarán las plazas con habitación de uso individual (del 2 % al 10 %).

Además, se ofertarán propuestas culturales, como itinerarios literarios, musicales o festivales de teatro.

El Tribunal Supremo de Perú considera que la protesta ciudadana es delito

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El Tribunal Supremo de Perú ha sentenciado que la protesta ciudadana no tiene protección jurídica, dado que no está reconocida en la Constitución ni en ninguna otra normativa legal, por lo que se trataría de un delito

El Tribunal Supremo de Perú considera que la protesta ciudadana es delito
Agentes antidisturbios durante una manifestación en Lima, Perú – Hector Adolfo Quintanar Perez/ZU / DPA – Archivo

En la sentencia del Tribunal, recogida por el diario peruano ‘La República’, se afirma que la única protesta legítima en el país es la huelga de hambre, mientras que para un trabajador se considera también válida la huelga laboral.

Cualquier otro tipo de manifestación, aunque sea pacífica, «que afecte derechos de terceros o el sistema económico, degrada y deslegitima irremediablemente la protesta y se convierte en un delito».

Además, en caso de que se obstaculicen carreteras o vías, como suele suceder en muchas protestas, se considerará un agravante al delito.

«Si los ciudadanos estiman que no son suficientes sus reclamos, o que, en todo caso, no existe recepción de parte de las autoridades, o que los espacios de diálogo son ineficaces o inexistentes, están autorizados a acrecentar la vehemencia de dichos reclamos, siempre que ello repercuta en la esfera personal de derechos del protestante (verbigracia: huelga laboral o huelga de hambre) y no transgreda derechos fundamentales de terceros ajenos al conflicto social», detalla la sentencia.

Es la respuesta a un recurso de cuatro campesinos

Este veredicto se da al resolver un recurso impuesto por cuatro campesinos de Cotabambas, que en 2016 fueron detenidos cuando protestaban contra un proyecto minero en su provincia.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú ha rechazado categóricamente la sentencia, y a través de un comunicado ha afirmado que «viola los estándares internacionales de protección del Derecho a la protesta al equiparar bloqueo de carreteras con violencia».

También ha recordado al Tribunal que «la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en reiteradas ocasiones que, en una democracia, las vías públicas son un espacio para el ejercicio de la libertad de expresión, y no solo un espacio de tránsito».

Jueces y fiscales darán una respuesta a las propuestas del Gobierno el jueves

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La cuarta reunión entre el Ejecutivo y los representantes de Justicia terminó con propuestas como un aumento de las retribuciones, un complemento de destino y una mesa de diálogo anual

RTVC

El Gobierno ha trasladado este jueves a las asociaciones de jueces y fiscales su propuesta definitiva para intentar evitar la huelga indefinida con la que amenazan la mayoría de ellas a partir del próximo lunes, que incluye un incremento en 200 plazas entre 2023 y 2024 para estos cuerpos y otras mejoras laborales.

Además del paquete de 46,7 millones de euros destinado a aumentar las retribuciones de jueces y fiscales, que los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública ofrecieron ya la semana pasada, las propuestas del Gobierno contemplan mejoras como incrementar el complemento de destino y crear una mesa de diálogo anual, detalla el departamento de Pilar Llop en un comunicado.

El Gobierno se compromete en su documento a aumentar en 100 plazas la oferta de empleo público para jueces y fiscales durante este año, y en otras 100 para 2024.

En el marco de las próximas reformas organizativas y de eficiencia, Justicia y Función Pública proponen «incrementar el complemento de destino por representación», así como modificar las leyes que se están tramitando para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia de la «suficiente fortaleza como para hacer frente a los nuevos retos de la organización».

«También las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia verían fortalecido su papel ejecutivo», añade Justicia.

Por otro lado, en cuanto a la carrera fiscal, el Gobierno plantea «abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión» en los anexos de la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal «de las plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área».

Los representantes de las dos asociaciones aseguran que van a «valorar todo» y que están «abiertos al diálogo»

Finalmente, Justicia plantea un «nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado». Para ello, el Gobierno sugiere crear grupos de trabajo permanentes con la misma representación que la mesa de retribuciones, que se debe reunir cada cinco años: asociaciones judiciales y fiscales, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado y Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública.

La comisión, de carácter anual, serviría para «valorar el desarrollo y aplicación de los acuerdos alcanzados, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los trabajos desarrollados por los distintos grupos».

Esta es la propuesta definitiva que ha trasladado el Gobierno a las siete asociaciones de jueces y fiscales, a las que ha emplazado a una nueva reunión el jueves, en la que darán su respuesta tras consultar estos días con sus afiliados.

Aunque la mayoría de las asociaciones consideró insuficiente la oferta de 46,7 millones, que supondría un aumento de unos 450 euros brutos mensuales de media en los sueldos de jueces y fiscales, este martes los representantes de las dos asociaciones mayoritarias han asegurado que van a «valorar todo» y que están «abiertos al diálogo» y «por el acuerdo».