El exedil de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, Andrés Martín, será juzgado el 15 de enero por un delito de prevaricación
La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación al exedil de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, Andrés Martín, del PSOE, como presunto autor de un delito de prevaricación por los contratos para el Carnaval de 2020.
El montante de esas adjudicaciones ascienden a 227.000 euros. Una cantidad que supone multiplicar por 15 el límite máximo de los contratos menores, según el Ministerio Público. Añade, que fue una manera de actuar “de forma totalmente consciente y deliberada, anteponiendo los intereses políticos al respeto a la ley y al interés general al que sirve la legislación”.
Sospechan de 21 adjudicaciones
La Fiscalía investiga 21 adjudicaciones. Bajo sospecha se encuentra la infraestructura para la inauguración del carnaval, la grada, torres de iluminación o montaje y el desmontaje de vallas.
En este grupo se incluye la plataforma para los medios de comunicación, diversos elementos del escenario principal y los repartidos por las calles, casetas, camerinos y cerramiento del cuadrilátero.
También destaca el simular la petición de dos presupuestos a empresas distintas, cuando se trataba de una única persona.
Según el Ministerio Público, bajo la competencia de Martín estaba la adjudicación de contratos administrativos como el arrendamiento, montaje y desmontaje de las estructuras necesarias para celebrar los distintos actos, expediente que en principio fue contratado siguiendo las normas del procedimiento abierto, a través de la Plataforma estatal.
Las contrataciones de las fiestas recayeron en varias empresas pero no se incluyó en este procedimiento a los carnavales que habían tenido lugar en los meses de enero y febrero de 2020, pese a que el expediente sí los contemplaba.
También, resalta, “debido a la imprudente falta de previsión que impidió adjudicar el expediente a tiempo, el acusado, de forma deliberada y consciente, optó por omitir los trámites legalmente previstos”.
Específica, “extrajo del expediente de contratación todas las prestaciones del carnaval y las adjudicó mediante 21 contratos menores, en los que, con el fin de aparentar que se cumplían los requisitos de la legislación del sector público, llevó a cabo diversas estrategias».
En el informe también detalla, «entre ellas, repartió cada instalación en un contrato menor pese a formar un conjunto global y fraccionó y repartió de forma minuciosa las partidas para que ninguna superara los límites de este tipo de adjudicaciones».
Otras irregularidades
La Fiscalía asegura que varios contratos se adjudicaron en días inhábiles, «se faltó a la verdad al afirmar que se trataba de una necesidad puntual y no periódica pese a que así lo es esta celebración, alegando que se buscaba garantizar la seguridad de las personas».
Por tanto, la Fiscalía concluye que “el único fin que perseguía era evitar a toda costa el indudable desastre político que se iba a producir por no haber cumplido con los trámites a tiempo, de manera que las fiestas no se habrían llegado a celebrar”.
Incide que pese a tratarse de unos festejos con relevancia internacional “no son ningún servicio público esencial, cuya prestación sea obligatoria y no se pueda dejar de prestar».
