El All England Club de Londres (AELTC) ha anunciado este miércoles la cancelación del torneo de Wimbledon, cuya 134ª edición queda aplazada a 2021, al tiempo que ATP y WTA han confirmado la suspensión de todos los torneos profesionales en categorías masculina y femenina al menos hasta el 13 de julio.



«Vista la probabilidad de que las medidas del Gobierno (debido al coronavirus) continúen durante muchos meses, debemos actuar de manera responsable para proteger a la gran cantidad de personas necesarias para organizar el torneo, así como considerar que las personas, suministros y servicios legalmente requeridos para organizar el torneo no estarán disponibles en ningún momento este verano», subrayó el torneo en un comunicado.



Al contrario que Roland Garros, segundo ‘Grand Slam’ de la temporada que anunció su aplazamiento hasta el mes de septiembre, Wimbledon, tercer ‘grande’ del año, sí ha optado por una cancelación total e incluso ya ha avanzado las fechas de su próxima edición: del 28 de junio al 11 de julio de 2021.



El presidente del AELTC, Ian Hewitt, defendió que «esta decisión no se ha tomado a la ligera». «Ha pesado mucho en nuestras mentes que Wimbledon solo se había cancelado previamente por las dos Guerras Mundiales, pero, después de una consideración exhaustiva de todos los escenarios, creemos que es la decisión correcta en medio de esta crisis global», argumentó.



Al mismo tiempo, los circuitos profesionales ATP y WTA anunciaron la suspensión completa de toda la temporada de hierba, lo que en categoría masculina implica los torneos de ‘s-Hertogenbosch, Stuttgart, London-Queen’s, Halle, Mallorca y Eastbourne; y en categoría femenina, los de ‘s-Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham, Berlín, Eastbourne y Bad Homburg.



El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi subrayó que «no ha quedado más remedio». «Hemos tomado esta decisión en estrecha cooperación con nuestros miembros y con los otros órganos rectores del tenis. La salud y la seguridad siguen siendo la principal prioridad mientras afrontamos los desafíos que nos esperan en estos tiempos sin precedentes y haremos todo lo posible para que el circuito se reanude lo antes posible una vez que sea seguro hacerlo», prometió.



En la misma línea se expresó el presidente de la WTA, Steve Simon. «Si bien compartimos la decepción por este nuevo aplazamiento de la temporada, nuestra prioridad sigue siendo apoyarnos mutuamente durante esta época sin precedentes», dijo.

La Seguridad Social perdió 51.051 afiliados en Canarias al cierre de marzo con respecto a febrero, tras sufrir un retroceso del 6,24 %, lo que deja la cifra total de cotizantes en las islas al comienzo de abril en 767.089, según datos facilitados este jueves por el Gobierno.



Se trata de un dato a cierre de mes, mientras que la media mensual (el que se facilita habitualmente) deja el descenso en las islas en 19.964 afiliados (-2,44 %), una cifra, explica el Ejecutivo, que no refleja con rigor lo ocurrido en el conjunto de marzo, ya que el impacto de la pandemia del coronavirus se empezó a apreciar de forma notoria a partir del día 12.



En paralelo, el número de parados inscritos en las oficinas públicas de empleo de Canarias creció al término de marzo en 19.797 personas, un 9,53 %, para situarse en un total de 227.634.



En el conjunto de España, la afiliación a la Seguridad Social se desplomó en 898.822 personas al término del mes (-4,64 %) en la mayor caída mensual de su historia, con los retrocesos más acusados en regiones como Andalucía (-6,64 %) Canarias (-6,24 %), Murcia (-5,07%) y la Comunidad Valenciana (-5,75%).



Y el paro registrado en todo el país subió con respecto a febrero en 302.265, un 9,31 %, hasta totalizar 3,54 millones de desempleados inscritos en las oficinas públicas.



Por provincias, el paro registrado creció en Las Palmas en 9.314 personas, un 8,64 %, hasta sumar 117.107 desempleados y repuntó en Santa Cruz de Tenerife en 10.483 personas, un 10,48 %, hasta totalizar 110.527 demandantes de trabajo.



En estos momentos, están inscritos en las oficinas de empleo de Canarias 102.378 varones y 125.256 mujeres. De ellos, 15.522 tienen menos de 25 años.



Por sectores, el paro subió el mes pasado en la comunidad autónoma en 16.609 personas en los servicios (sector que incluye el turismo, la hostelería y el comercio), en 2.392 en la construcción, en 579 en la industria, en 95 en la agricultura, la ganadería y la pesca y en 122 en el colectivo sin empleo anterior.



Los 227.634 parados que tenía Canarias a 31 de marzo se reparten de esta manera: 174.836 en los servicios, 23.433 en la construcción, 8.861 en la industria, 4.622 en el sector primario y 15.882 en el colectivo sin ocupación anterior.



El mes pasado, se firmaron en las islas 46.170 contratos, 14.585 menos que en febrero (-24,01 %). Los nuevos compromisos laborales indefinidos fueron solo 5.936, 1.531 menos que el mes anterior (-20,50 %), y los temporales se quedaron en 40.234, con descenso de 13.054 respecto a febrero (-24,50 %).

La organización Asamblea 7 islas ha denunciado este martes que los controles que se realizan en las carreteras para que se cumple el confinamiento del estado de alarma por la pandemia de coronavirus afecta a los cambios de turno que se hacen en los centros sanitarios.



Por ello, Asamblea 7 islas ha remitido un escrito a la Delegación del Gobierno de España en Canarias para informar de que se producen situaciones de «caos» en los centros sanitarios como consecuencia de los controles y restricciones al tráfico.



Explica que los trabajadores de los centros sanitarios, ante las largas colas de coche que se forman en los controles, llegan con mucho retraso a sus puestos de trabajo, obligando al personal saliente a alargar su jornada laboral, «que en estos momentos son muy duras, porque no podemos abandonar el puesto de trabajo hasta que llegue el relevo».



Por ello solicita a la Delegación del Gobierno que cuando dicte ese tipo de normas articule medidas para que estos trabajadores tengan prioridad, de modo que en el caso de Gran Canaria se permita acceder a sus puestos de trabajo por la G.C 1 que está reservada para la circulación de vehículos pesados de mercancías, vehículos oficiales de sanidad y emergencias y de transporte regular de pasajeros.

Los forenses de Canarias trabajan durante estos días en tensión a pesar de que hay una situación de «calma chicha» porque el número de contagios por coronavirus es bajo en las islas, ha dicho Efe la directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, María José Meilán.



A pesar de la situación de calma los forenses tienen «miedo» a que se produzca una «explosión» en esas cifras, indica María José Meilán, quien dice que la situación es peor en Tenerife que en el resto de islas, y añade que si se mira la evolución en el resto de comunidades autónomas es previsible que haya un brote de contagios producidos antes del confinamiento.



Esta situación de calma no evita que su trabajo lo lleven a cabo con «mucha tensión», ya que es elevado el riesgo de infección cuando se acude al levantamiento de un cadáver cuyos antecedentes se desconocen.



Recuerda María José Meilán que hay que tener en cuenta que nunca hay certeza absoluta de que un cadáver esté libre de Covid-19, por lo que es elevado el peligro de contagio, algo que también afecta a las familias de los forenses.



También afirma que en la actual situación su trabajo en cuanto a autopsias ha disminuido, ya que por orden de los ministerios de Sanidad y Justicia no se hacen a los cadáveres con Covid-19 confirmado, algo que se practica en todo tipo de pandemias, de modo que esos cuerpos no se tocan y van directamente a enterramiento o incineración.



Sí practican la autopsia a los cadáveres que llegan por muertes violentas y a aquellos de los que se desconoce la causa de la muerte, pero si hay sospechas de que tienen coronavirus lo que se hace es tomar muestras y remitirlas para análisis, de modo que si se confirma que tienen Covid-19 no se tocan.



En los casos de muertes cuya causa no está confirmada, la recomendación es que si por el examen del cadáver y por los antecedentes se puede concluir que ha sido natural deben abstenerse de llevar a cabo la autopsia.



De este modo los forenses tienen menos trabajo por autopsias y también hay una situación más calmada por muertes cuyo origen es la violencia o accidentes laborales, ya que el confinamiento las ha reducido, al igual que los casos de suicidio.



Manifiesta asimismo que tal vez lo más triste en las actuales circunstancias es que debido a la situación de pandemia las familias no pueden despedir a sus seres queridos.



La directora del Instituto Legal de Las Palmas habla también de los medios con los que trabajan en esta situación de pandemia y asegura que tienen todos los que precisan, para añadir que todos los días se lleva a cabo una limpieza especial, y extraordinaria cuando hay un cadáver sospechoso o confirmado de tener Covid-19.



La situación cambia en el trabajo que los forenses realizan en los juzgados de guardia, donde ven a personas detenidas que llegan a la calle y de las que se desconoce sus condiciones y si son portadoras del coronavirus.



María José Meilán recuerda que la gran mayoría de los informes que realizan los forenses se refieren a vivos en los juzgados de guardia, una situación que no ha cambiado durante la pandemia.



De este modo entran en contacto con personas que llegan de la calle y no se sabe en qué condiciones lo hacen, ni si son portadoras de Covid-19.



En el trabajo que llevan a cabo en los juzgados de guardia estos días ven «mucha violencia de género; hay un repunte terrible», destaca María José Meilán.

La Asociación de Empresarios Funerarios de las islas Canarias ha solicitado al Gobierno regional poder tramitar licencias de enterramiento durante las 24 horas del día, ya que necesitan trasladar a los fallecidos por coronavirus en el menor tiempo posible.



En la actualidad, sólo pueden hacerlo en horario de 09.00 a 14.00 y durante las 17.00 y las 20.00 horas, que es cuando los Registros Civiles dan servicio para expedir licencias de enterramiento «y ni siquiera en todos los municipios en horario de tarde».



En un comunicado, la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) ha hecho suyas estas reivindicaciones y ha explicado que las funerarias «están seriamente preocupadas por los problemas que están empezando a aflorar en los fallecimientos por causa del Covid-19, o que se sospecha que sean Covid-19».



Al respecto, ha agregado que se está dando el caso de que personas que fallecen en domicilios no pueden ser trasladadas hasta que los registros civiles emitan la preceptiva licencia de enterramiento, lo que sucede en el horario estipulado.



«Esta situación es claramente dramática para los familiares de un fallecido, por ejemplo, a las 21:00 horas, ya que sin poder velar al cuerpo, como medida sanitaria ante la propagación del virus, tienen que aislar al fallecido en su domicilio hasta la apertura del registro civil a la mañana siguiente», ha aseverado Cecapyme.



Por este motivo, ha reclamado la mediación y gestión del Gobierno de Canarias, para que en el ejercicio de sus funciones y en su labor de traslado al Estado ayude con sus medios a resolver una situación de justicia social.



Según la Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, del Ministerio de Sanidad, los fallecidos por el COVID-19 no tendrán que esperar a cumplir las 24 horas reglamentarias que establece la Ley del Registro Civil en una situación normal y hace extensivo este adelanto del plazo a todos los fallecimientos ocurridos durante el Estado de Alarma.



Además, Cecapyme ha recordado que el Ministerio de Justicia ha previsto también que los jueces de guardia puedan emitir licencias de enterramiento en las diferentes jurisdicciones, «lo que podría ser en Canarias una alternativa para suplir los horarios de cierre de los registros civiles».



«A todo esto –continuó Cecapyme– se le une que una Orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, de 20 de marzo, estableció que el Covid-19 fuese incluido entre las enfermedades del Grupo I, contempladas en el artículo 4 del Decreto 132/2014 de 29 de diciembre de Sanidad Mortuoria», lo que quiere decir que el Covid-19 es una enfermedad de contagio infecciosa, por lo que el protocolo de actuación establece el carácter inmediato y urgente del traslado directo de los fallecidos para su inhumación o incineración.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebró el pasado lunes la vista de conformidad que cerró la causa contra un hombre como autor confeso de un delito de agresión sexual en grado de tentativa.



La sentencia firme le impone tres años de prisión y cinco años de libertad vigilada con prohibición de acercarse a la víctima. Además, el condenado deberá indemnizarla con 4.000 euros y someterse a un programa de reeducación sexual.



Los hechos ocurrieron en Valle Gran Rey la madrugada del 29 al 30 de enero de 2019, cuando el procesado siguió a la víctima cuando se dirigía a su casa y la acorraló con la intención de agredirla sexualmente, no logrando su objetivo gracias a que los gritos de la mujer hicieron que una tercera persona acudiera en su ayuda.



A pesar de las restricciones derivadas de la cuarentena por coronavirus, los órganos judiciales canarios mantienen al día los procesos en los que se encuentran involucrados personas privadas de libertad que podrían sufrir perjuicios irreparables de demorarse la resolución de sus casos.



Igualmente funcionan con normalidad y celeridad los juzgados de guardia (de casos ordinarios y de Violencia sobre la Mujer de todo el archipiélago) en aquellos casos en lo que hay personas detenidas, según informan desde el TSJC.

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) se ha preguntado este jueves por qué comunidades españolas como Canarias no usan las camas de su red o lo hacen de forma testimonial y optan, por el contrario, por montar hospitales de campaña, como el instalado en el recinto ferial de Tenerife.



ASPE ha asegurado en un comunicado que la capacidad de camas UCI con las que cuenta es «muy superior» a la que se está empleando en estos momentos y ha afirmado que tiene disponibles en toda España 2.200 plazas de cuidados intensivos, aunque no en las comunidades más colapsadas.



La patronal de los centros sanitarios privados ha detallado que tienen hospitalizados en sus centros a 5.200 pacientes, 610 en Unidades de Cuidados Intensivos, y han registrado 12.500 positivos.



Existen en los hospitales privados un total de 2.800 camas UCI, contando entre ellas tanto las instaladas de forma permanente, como las que se ha requerido ampliar en regiones con focos de contagio muy activos.



«Es oportuno concluir, por tanto, que existe una capacidad instalada de camas en la sanidad privada, para los casos más severos, muy superior a la que se está empleando en estos momentos, exceptuando las regiones con mayor colapso como Madrid, Cataluña y La Rioja. Concretamente, de casi 2.200 camas UCI», subraya ASPE.



Asegura que ha informado de esto a las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad y ha hecho un llamamiento a todas las regiones «para que empleen a fondo toda nuestra capacidad instalada allí donde sea necesario, en lugar de levantar hospitales de campaña».



En este sentido, ha mostrado su extrañeza porque algunas comunidades autónomas hayan decidido levantar infraestructuras provisionales de contingencia para atender la presión de ingresos de los afectados por el coronavirus, cuando disponen y no emplean los recursos de la sanidad privada.



Concretamente -indica- hay que señalar a las regiones de Canarias y Valencia, «que teniendo en la práctica la capacidad total de las infraestructuras sanitarias privadas a disposición de la crisis, no hagan uso o solo testimonial de sus equipamientos y recursos humanos».



«También se da la circunstancia de que regiones como Galicia parecen haber dado órdenes expresas recientes de que los pacientes vayan a hospitales de campaña y no a centros sanitarios privados», lamenta.



La patronal de la Sanidad Privada sugiere que en aquellas regiones donde hay menor estrés asistencial y la pública puede cubrir las necesidades de afectados por el contagio, se derive a los centros privados el resto de las afecciones o patologías para liberar las infraestructuras de la sanidad pública, tal y como están haciendo en Castilla-La Mancha, destaca.

Las dos universidades públicas canarias han asumido este jueves, tras una reunión telemática de coordinación a la que ha asistido el ministro Manuel Castells, «que no habrá más clases presenciales este curso académico 2019-2020» por la pandemia de coronavirus Covid-19.



Así lo han manifestado en un comunicado conjunto los rectores de las instituciones académicas de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, Rosa Aguilar y Rafael Robaina, quienes aseguran que en el encuentro de este jueves, en el que han restado representadas las comunidades autónomas, «ha quedado de manifiesto que no va a ser posible impartir más clases presenciales en lo que resta de curso, toda vez que a finales de mayo está previsto el inicio de las evaluaciones«.



La pandemia que ha provocado el coronavirus Covid-19 no aconseja la vuelta a las aulas, de tal modo que los centros académicos canarios finalizarán su curso en los plazos iniciales, como estaba previsto, pero con docencia a distancia, tal y como llevan desarrollando desde mediados del mes de marzo.



Para el calendario de exámenes de cada universidad, como para los proyectos fin de título o las prácticas será ahora cada una de las instituciones universitarias quien dicte las correspondientes instrucciones para llevar a cabo el proceso evaluatorio y la finalización del curso, teniendo en cuenta la situación actual, de acuerdo con los diferentes centros y con la necesaria colaboración y flexibilidad de los docentes y del estudiantado, que están realizando un gran esfuerzo de adaptación a las nuevas circunstancias.



A falta de conocer el informe que el ministro ha anunciado que va publicar hoy mismo, serán los respectivos órganos de gobierno de cada universidad quienes deberán fijar las instrucciones generales del modelo de evaluación que cada centro deberá poner en práctica, teniendo en cuenta sus especificidades y dentro de su lógica autonomía, agrega la nota.

Las aguas residuales han descendido en Tenerife un 49% tras el cese de la actividad económica, ha informado este jueves el Cabildo tinerfeño que, en un comunicado, señala que las instalaciones gestionadas por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) han pasado de 43.850 metros cúbicos al día a 22.410.



El descenso es menos significativo en el norte, mientras que la comarca Adeje-Arona, en el sur, es la que más acusa el descenso con un 60% por el cierre de alojamientos turísticos por la crisis sanitaria, explica la corporación insular.



El Consejo Insular de Aguas de Tenerife, cuyo gerente es Javier Davara, en su análisis del comportamiento hídrico de sus instalaciones de depuración, señala que en el sistema comarcal de regeneración de Adeje-Arona se ha pasado de 33.000 metros cúbicos al día a unos 13.000.



Esta situación se explica porque la aportación de aguas residuales proviene en gran medida de las infraestructuras hoteleras, que se han ido vaciando durante esta crisis hasta llegar al cero turístico en la actualidad.



En el sistema de aguas residuales del valle de La Orotava se ha apreciado un ligero descenso, en torno al 15%, dato que incluye los registros de lluvias de los últimos días, por lo que esa disminución podría ser mayor cuando remitan las precipitaciones, y en el noroeste se ha registrado un 11% menos.



En los Sistemas Comarcales de Desalación de Agua de Mar como el de Granadilla, que abastece tanto a ese municipio como a los de Arico y San Miguel de Abona, se aprecia una cierta tendencia a la baja de menos de un 5%, y en el caso de la Desaladora de Fonsalía, que abastece a los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide, entre el 3 y el 5%.



Donde se aprecia disminución importante es en la desaladora de Adeje Arona, donde la producción de agua desalada de mar ha disminuido un 26%, pasando de 30.500 metros cúbicos al día a 22.500, añade el Cabildo de Tenerife.



En cuanto a la desalación de aguas salobres del norte de la isla proveniente de galerías y dirigidos al abasto público de los ayuntamientos del norte de la isla desde San Juan de La Rambla hasta Buenavista ,incluidos, no se ha notado ningún descenso.



Las otras infraestructuras de este tipo situadas en la zona oeste de la isla que abastecen a Guía de Isora y Santiago del Teide, tampoco registran descenso sino incluso un ligero ascenso.



Todo ello pone de manifiesto que es agua dirigida al consumo doméstico, no al turístico, explica el Cabildo tinerfeño.



Estos datos son relativos a las instalaciones que gestiona el Ciaft, y que solo suponen una parte del agua producida en Tenerife.



El resto se complementa con los cientos de galerías y pozos que hay distribuidos por la isla y otras desaladoras importantes como las de Santa Cruz, La Caleta en Adeje que son gestionadas por ambos municipios, y pequeñas instalaciones gestionadas mayoritariamente por establecimientos turísticos para consumo propio.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves un decreto ley con medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscales y administrativas dirigidas a la protección del tejido productivo afectado por la pandemia de coronavarius.



El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, ha indicado en rueda de prensa que la enfermedad «terminará siendo vencida» y cuando esto ocurra habrá que incentivar con las medidas que se precisen la recuperación de la actividad económica



El objetivo es que todo el mundo recupere su empleo, sea el que tenía u otro nuevo, ha dicho Pérez, quién ha señalado que, al igual que ha ocurrido en otras crisis, las actividades económicas variarán.



El decreto ley, elaborado por la Consejería de Hacienda, y que deberá ser validado por el Parlamento, contiene decenas de medidas, entre ellas la creación de una línea de ayudas por un importe inicial de 11 millones de euros para cubrir el 30 por ciento de la base mínima de cotización en el Régimen de la Seguridad Social de los autónomos y trabajadores del mar.



El también consejero de Sanidad y Administraciones Públicas ha explicado que esta medida, que es complementaria a la aprobada por el Gobierno de España, garantiza el abono de la totalidad de la prestación extraordinaria aprobada por cese de actividad



Según la información facilitada por el Gobierno canario, el Ejecutivo también reducirá los trámites administrativos para la gestión de ayudas o subvenciones, así como agilizará la gestión presupuestaria para atender con mayor inmediatez los gastos asociados al Covid 19.



La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos será la encargada, según este decreto ley, de la tramitación de emergencia de las modificaciones de contratos ya suscritos para llevar a cabo estas medidas.



Otras de las medidas que le corresponden a esta Consejería será la tramitación de urgencia de los expedientes de contratación que se hubieran iniciados antes del estado de alarma o una vez decreto; dar celeridad a las subvenciones directas y la mejora de las ayudas derivadas de la crisis así como medidas extraordinarias de carácter presupuestario.



Además se autoriza al consejero al consejero de Hacienda a modificar los plazos de presentaciones de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones y solicitudes en materia fiscal.



Respecto a la Consejería de Administraciones Públicas, su titular ha explicado que el decreto ley incluye medidas como que la Dirección General de Función Pública ofertará entre los empleados públicos la movilidad voluntaria hacia las consejerías que hayan efectuado el requerimiento para dar cobertura a las necesidades de servicio que puedan plantear con ocasión de la situación generada por el Covid 19.



También se autoriza a Función Pública para que adopte medidas extraordinarias en materia de gestión de las bolsas de trabajo de personal funcionario y laboral de la Administración General con el objeto de dar cobertura a las necesidades de servicio que se puedan plantear.



Julio Pérez ha resaltado el trabajo realizado por los empleados públicos y ha señalado que más de la mitad de los 12.000 empleados públicos que denominó de «cuello blanco» (los que no son docentes ni sanitarios) han realizado teletrabajo.



Ha señalado que desconoce si habrá alguna medida de restricción salarial cuando pase la pandemia, porque es competencia estatal, pero ha indicado que personalmente «se me caería la cara de vergüenza» si tuviera que regatear una subida salarial del 2 por ciento a un colectivo «que se está partiendo a trabajar en una situación como esta».