El cofundador de Podemos deberá comparecer el 15 de marzo para aclarar si es el autor de una factura falsa recibida de la consultora antes de las elecciones de 2019.
El juez que investiga los contratos de Podemos con la consultora Neurona para la campaña electoral de abril de 2019 ha imputado al cofundador del partido Juan Carlos Monedero dentro de esta pieza sobre las contrataciones de la formación política.
En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, cita a Monedero en calidad de investigado el próximo 15 de marzo a las 11.30 horas y reclama la hoja histórico penal del investigado.
Lo hace después de que la semana pasada se levantase el secreto de esta pieza, en la que un informe policial señala a Monedero como autor de una factura falsa para justificar que recibió 26.200 euros de la consultora Neurona poco antes de que esta sociedad firmase el contrato electoral de 2019, por el que se comprometía a realizar varios vídeos y publicaciones en redes para la formación morada.
Arribaron a las islas 155 personas frente a las 1.008 de la segunda quincena de enero y las 1.069 de la anterior.
La llegada de inmigrantes a Canarias se ha desplomado durante la primera quincena de febrero, cuando arribaron a las islas 155 personas frente a las 1.008 de la segunda quincena de enero y las 1.069 de la anterior.
Así se refleja el informe quincenal sobre inmigración irregular elaborado por el Ministerio del Interior, que indica que la cifra acumulada de inmigrantes llegados al archipiélago canario en lo que va de año por vía marítima asciende a 2.232 personas, frente a las 1.008 que arribaron del 1 de enero al 15 de febrero de 2020.
El dato de la primera quincena de febrero supone un importante descenso con respecto a las quincenas precedentes: la segunda quincena de enero llegaron a Canarias 1.008 inmigrantes, la primera quincena de enero 1.069, la segunda de diciembre 1.571 y la primera de diciembre 1.886.
Las 155 personas que alcanzaron las costas del archipiélago canario en la primera quincena de febrero son además algo más de la mitad que las que lo hicieron en las mismas fechas de 2020, cuando arribaron 300 inmigrantes.
En lo que va de año llegaron a España, tanto por vía marítima como terrestre, un total 3.581 personas inmigrantes, frente a las 3.954 del mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 9,4 %.
La gran mayoría lo hicieron por mar, 3.228, una cifra muy parecida a la de los primeros 45 días de 2020, cuando llegaron 3.209 personas, 19 menos.
Mientras que Canarias sigue registrando un aumento de llegadas en ese periodo en comparación con las tres primeras quincenas de 2020 (del 121,4% con 1.224 personas más en 60 embarcaciones), los inmigrantes irregulares arribados a la península y Baleares han descendido.
En concreto, el archipiélago balear y las costas de la península han registrado en lo que va de año un 56,2 % menos de inmigrantes con los 954 llegados en 83 embarcaciones, frente a los 2.180 del mismo periodo de 2020.
A Ceuta llegaron por mar 42 inmigrantes, el doble que en 2020, y a Melilla ninguno. Por vía terrestre, las ciudades autónomas contabilizaron 353 personas (195 a Ceuta y 158 a Melilla) llegadas entre el 1 de enero y el 15 de febrero, frente a las 745 de esos 45 días de 2020.
La propuesta permitiría que los viajeros pudieran acceder a la isla sin necesidad de presentar los resultados negativos de la prueba PCR, siempre que ya dispongan de un certificado de vacunación.
Informan: Ana Ramos / Edgar Barrera
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha propuesto el desarrollo en la isla de un programa piloto para la implantación en Canarias de los “corredores verdes”, de tal forma que puedan entrar, sin restricciones, aquellos turistas vacunados o recuperados de Covid-19.
En nota de prensa, Curbelo señala que “el territorio insular tiene unos indicadores epidemiológicos favorables para crear un protocolo de estas características, que sirva de referencia para una futura implantación a nivel regional”.
La propuesta permitiría que aquellos viajeros con destino a La Gomera pudieran acceder a la isla sin necesidad de presentar los resultados negativos de la prueba PCR, siempre que ya dispongan de un certificado de vacunación o un documento emitido en los últimos 90 días que acredite que han pasado la enfermedad.
De esta forma, se colocaría a La Gomera como el primer destino español en abordar esta realidad y afianzarse como referente en materia de seguridad turística.
“Es una oportunidad para Canarias poder avanzar en esta línea, puesto que a medida que aumentan las tasas de vacunación, las personas vacunadas podrán acogerse a estos corredores, abriendo la puerta a una recuperación turística más rápida y sostenida en el tiempo”, explica Curbelo
El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, anuncia que además de esos 165 millones, el Ejecutivo prevé sacar adelante otra convocatoria con más subvenciones.
Informan: Antonio Hernández / Any Galván
El consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha anunciado que probablemente esta semana el ejecutivo apruebe el crédito de 165 millones para financiar las ayudas directas a autónomos, pymes y empresas turísticas, que no serán las últimas.
Rodríguez especificó que posteriormente se aprobará un decreto con las bases y la convocatoria de las subvenciones, en el que está trabajando su departamento junto a las consejerías de Economía y Empleo y de Turismo, Industria y Comercio.
El consejero y vicepresidente del Gobierno hizo este anuncio en una comisión parlamentaria en la que los grupos de la oposición denunciaron que estas ayudas directas son insuficientes, tardías e improvisadas, según los representantes de CC-PNC, PP y Cs.
Román Rodríguez dijo que en 2020 el Gobierno ya aprobó ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia por 95 millones de euros, y también las hay en los presupuestos de este año, pero estos 165 millones son adicionales.
Los fondos saldrán de remanentes de la tesorería de la Comunidad Autónoma, aunque más adelante el Gobierno canario tratará de «endosárselos» a la Unión Europea como parte de los fondos React, dijo el vicepresidente, y recordó que esta partida se suma a los 240 millones de euros ya aprobados en aplazamientos fiscales hasta octubre a las empresas.
El ejecutivo está pendiente de que la Intervención General certifique el remanente para aprobar el gasto en el Consejo de Gobierno de esta semana y se trabaja en la redacción de las bases y la convocatoria de subvenciones, abierta a autónomos, pymes y al sector alojativo independientemente de su tamaño.
Las bases y la convocatoria se aprobarán por la vía del decreto ley para dar agilidad al proceso y se trabaja en un estudio de costes que permita que los afectados se presenten con el menos «papeleo» que el habitualmente requerido en las convocatorias de subvenciones.
La convocatoria quedará abierta para completarse con fondos del presupuesto autonómico o de partidas que se puedan ampliar en el futuro, dijo el vicepresidente.
Todo ello sin perjuicio de seguir reclamando al Gobierno de España ayudas directas a la hostelería, gimnasios y al sector turístico.
El consejero denunció que el Gobierno de España no ha aprobado ayudas específicas para el turismo, no solo el canario, sino tampoco el balear ni el del Levante.
Admitió que las ayudas que puede dar Canarias son insuficientes dada la envergadura de la crisis y consideró que solo son «paliativas» a la espera de que pueda llegar una recuperación que solo se producirá con la vacunación masiva de la población.
«No serán las últimas ayudas», garantizó Román Rodríguez y afirmó que la subvenciones se tramitarán «de forma rápida y diligente, pero también transparente, para que nadie se cuele si no es su derecho».
En cuanto a la inclusión del importe de estas ayudas con cargo al programa React de la UE, del que a Canarias le corresponden 630 millones de euros, Román Rodríguez dijo que la propuesta del Gobierno autonómico, aún pendiente de aprobarse por el Gobierno de España y la UE, es destinar 345 millones a sanidad, educación políticas sociales, empleo, seguridad y emergencias, 265 millones para los sectores económicos (donde se incluirían estas ayudas directas) y el resto para la recuperación del sector turístico y conectividad.
La diputada de CC-PNC Rosa Dávila lamentó que estas ayudas fueron anunciadas el 22 de enero y aún no estén disponibles y acusó al Gobierno de improvisar, porque no fueron previstas en los presupuestos autonómicos, cuando la economía canaria ya estaba paralizada.
Denunció además que al Gobierno de Canarias no se le oye reclamar el plan de rescate turístico prometido e incumplido por el Estado, que en cambio sí ha rescatado a compañías de automóvil y aéreas.
«Insuficientes las ayudas, insuficientes las demandas al Gobierno de España y desnortado y superado por las circunstancias el Gobierno de Canarias», resumió Dávila.
El diputado del PP Fernado Enseñat denunció que del plan de rescate del Gobierno de Canarias solo se conocen «generalidades y vaguedades, publicidad y propaganda», mientras las pymes y los autónomos siguen esperando cuando no cerrando mientras se tramitan las escasas ayudas prometidas por 165 millones que no se sabe muy bien de dónde van a salir.
Enseñat denunció que el Gobierno de Canarias no ha puesto de su parte para reducir «el gasto superfluo» y destinarlo a las pymes y los autónomos.
La portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, preguntó, sin obtener respuesta, cuáles serán los requisitos para recibir las ayudas, porque si es haber tenido al menos un 30% en la caída de ingresos no van a llegar los fondos, porque 60.000 autónomos en las islas han perdido un mínimo del 50%.
Espino preguntó, también sin respuesta, si se va a pedir al Estado que transfiera los 400 millones de euros pendientes del superávit de 2018 o se va a seguir reservando para el futuro «cuando ya no haya ni empresas ni autónomos» a los que ayudar.
La incidencia acumulada de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en Canarias se sitúa en 127,25 y la incidencia a 7 días en 59,81.
Los contagios de covid-19 en Canarias han bajado este martes a 126 en las últimas 24 horas, en las que se ha registrado un nuevo fallecimiento vinculado con el coronavirus, con lo que suman 33 muertes en lo que va de febrero.
Los pacientes hospitalizados son 381, de ellos 79 en cuidados intensivos y 302 en planta, y los casos activos se sitúan en 6.881, cincuenta menos que el lunes, tras registrarse 175 altas médicas.
La incidencia acumulada de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en Canarias se sitúa en 127,25 y la incidencia a 7 días en 59,81.
Desde que empezó la pandemia, se han registrado en Canarias 38.755 infecciones, con 563 fallecidos y 31.311 altas.
En Gran Canaria se mantienen activos 3.924 casos, en Tenerife 2.229, en Lanzarote 470, en Fuerteventura 137, en El Hierro 96, en La Palma 23 y en La Gomera 2.
La reducción, que afecta a toda la Unión Europea, se compensará el próximo mes de marzo, según el Ministerio de Sanidad que dirige la canaria Carolina Darias.
La compañía Moderna entregará a España alrededor de 200.000 dosis de su vacuna contra la covid, lo que supone la mitad de las que en principio iba a recibir esta semana si bien esa reducción, que afecta a toda la UE, se verá compensada en el mes de marzo.
Lo han asegurado fuentes del Ministerio de Sanidad, que han indicado que esta reducción afectará a la próxima remesa y así se ha comunicado a las comunidades autónomas para que lo tengan en cuenta en sus calendarios de vacunación sobre todo para las segundas dosis.
No obstante, las mismas fuentes han precisado en cuanto a las segundas dosis que no habrá problema porque se puede esperar a recibirla más de cuatro semanas tras el primer pinchazo y como llegarán en marzo dosis de más se compensará la reducción.
Ya alguna comunidad autónoma como el País Vasco manifestó la pasada semana que el departamento que dirige Carolina Darias les había informado de una reducción de las dosis de Moderna en las próximas entregas.
El objeto de la comisión, solicitada por Más País, Compromís y Nueva Canarias, es investigar durante seis meses las irregularidades, los fallos o los retrasos que se han producido en el proceso de vacunación.
El Pleno del Congreso votará la creación de una comisión que investigue la gestión de la vacunación en España con el fin de depurar responsabilidades que se puedan derivar de aquellas personas y altos cargos que se han saltado el protocolo de vacunación y para conocer cómo se ha gestionado la compra y la administración de las vacunas.
La Junta de Portavoces del Congreso ha aprobado este martes que el Pleno pueda debatir la creación de esta comisión de investigación solicitada por Más País, Compromís y Nueva Canarias y que tendría por objeto investigar durante seis meses las irregularidades, los fallos o los retrasos que se han producido en el proceso de vacunación.
La Comisión se crea para conocer el tráfico de influencias que haya posibilitado estas prácticas irregulares y para saber si las administraciones públicas o instituciones implicadas en este proceso tenían constancia de ello.
También pretende conocer los fallos de control que se han dado en el protocolo de vacunación y las posibles irregularidades y cláusulas abusivas que han podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha señalado que «necesitamos una entidad independiente que conozca las trampas en el proceso de vacunación a través de una comisión que fiscalice y garantice la transparencia».
«No lo estamos haciendo bien hay que analizar el ritmo de vacunación y los problemas que estamos teniendo de abastecimiento», ha recalcado
La comisión, compuesta como máximo por dos representantes de cada grupo parlamentario, ordenaría un listado de comparecientes que según los partidos solicitantes debería incluir a quienes puedan resultar política, penal, civil o administrativamente responsables de las prácticas irregulares
El encuentro lúdico, celebrado en Fuencaliente, no contaba con autorización previa e incumplía con todas las medidas sanitarias vigentes.
Vista general de Fuencaliente, en La Palma. Foto Wikipedia.
Agentes de la Guardia Civil intervinieron el pasado sábado en una fiesta ilegal de Carnaval que se estaba celebrando en un establecimiento hostelero de Fuencaliente (La Palma), cuyo dueño fue denunciado, y a la que asistían más de 50 personas.
La Guardia Civil precisa en un comunicado que dicha fiesta carecía de autorización previa e incumplía todas las medidas dictadas en la última actualización de la normativa en vigor para evitar la propagación del virus covid-19.
Añade que cuando los agentes acudieron al establecimiento hallaron en el lugar una concentración de jóvenes bailando al son de música con un volumen elevado, mientras esparcían polvos de talco y consumían bebidas alcohólicas tanto en el interior como en el exterior del local, sin que por parte del dueño se adoptara alguna medida de seguridad de las establecidas por la Comunidad Autónoma.
El promotor de la fiesta ha sido denunciado por estos hechos a la autoridad sanitaria competente, en este caso la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud, al considerar que los hechos observados constituyen dos infracciones graves al Decreto Ley por el que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la covid-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias
Pablo Casado ha anunciado que el PP dejará su sede nacional, situada en la calle Génova de Madrid, porque a su juicio no deben seguir “en un edificio cuya reforma se está investigando”.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que el partido dejará su sede de la madrileña calle de Génova, así como la convocatoria de una convención nacional en otoño, al tiempo que ha reafirmado su apuesta por el centro tras el mal resultado en las elecciones de Cataluña.
Casado ha anunciado ante el Comité Ejecutivo de su partido la convocatoria de la convención nacional del partido, la primera desde la celebrada en 2018 en Sevilla, anterior a la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de La Moncloa.
Además, ha anunciado que el PP dejará su sede nacional, situada en la calle Génova de Madrid porque a su juicio no deben seguir “en un edificio cuya reforma se está investigando”.
Actualmente la Audiencia Nacional está juzgando el supuesto pago en negro de la reforma de esta sede, un coste de 888.000 euros que presuntamente provenían de la caja B del partido, que sienta en el banquillo al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Además del extesorero -que ya cumple 29 años de cárcel por Gürtel- están acusados Cristóbal Páez, su sucesor en la gerencia del partido y los responsables de Unifica, empresa que se encargó de la reforma de la sede del PP, Gonzalo Urquijo y Belén García.
Los ‘populares’ ocupan este edificio en el número 13 de la calle Génova de Madrid, cerca de la plaza de Colón, desde 1983, cuando Alianza Popular lo alquiló y desde 2006 lo tienen en propiedad, tras abonar 37 millones a Mapfre según se publicó entonces.
Casado ha argumentado que su partido debe apostar “por una regeneración justa sin actitudes inquisitoriales» y ha asegurado que el PP nunca más dará explicaciones cuestiones personales del pasado que hayan perjudicado al partido, en alusión a la corrupción.
Además, ha reafirmado su apuesta por el «centro político» tras denunciar ataques al PP en la campaña electoral catalana, una «tormenta perfecta» donde acusa al PSOE de usar la Fiscalía a su favor para inflingir al PP daño electoral.
Ante dirigentes y barones del PP, Casado ha dicho que reafirma como “hoja de ruta” el discurso que pronunció en la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, cuando rompió con Santiago Abascal, y ha defendido que el proyecto del PP es “de centro derecha moderado y transversal”.
El PP ha analizado este martes en el Comité Ejecutivo del partido el mal resultado cosechado en Cataluña, donde el PPC y su candidato, Alejandro Fernández, han tocado un nuevo suelo electoral con tres diputados, no han logrado atrapar los votos perdidos por Ciudadanos y han sido adelantados por Vox.
El archipiélago ha logrado la inmunización de 45.357 personas, que han recibido las dos dosis, lo que supone el 3,36 por ciento de la población diana.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha suministrado 106.596 dosis de las tres vacunas disponibles en la Unión Europea en este momento contra la covid-19 y ha logrado la inmunización de 45.357 personas, que han recibido las dos dosis, lo que supone el 3,36 por ciento de la población diana.
La media española de pauta completa de vacunación está en 2,26 por ciento de la población diana, ha precisado la Consejería de Sanidad este martes en un comunicado en el que indica que en Canarias se ha completado al cien por cien la cobertura de vacunación del Grupo 1 (residentes y trabajadores de centros de mayores); el Grupo 2 (profesionales del SCS) al 98,46% con 37.659 profesionales vacunados.
El lunes el Servicio Canario de la Salud recibió 14.550 dosis de la vacuna de Pfizer y con ellas Canarias ha recibido un total de 114.240 dosis y ha administrado 104.630, con las 9.610 restantes continuará la administración de las segundas dosis al personal del SCS y las primeras a grandes dependientes y a usuarios los centros de día.
Con respecto a la vacuna de Moderna, Canarias ha recibido de 7.000 dosis y ha administrado 1.966, con las 5.034 restantes se está procediendo a la vacunación de personal sanitario de primera y de segunda línea de centros sanitarios concertados y privados.
En este grupo se incluye a personal del Instituto de Medicina Legal, Sanidad Exterior y personal sanitario de instituciones penitenciarias.
La Consejería de Sanidad recuerda que los grupos de vacunación y el orden de los mismos es un mandato del Ministerio de Sanidad que consensuada en las comisiones técnicas y se llevan a la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud presidida por la ministra Carolina Darias.
Por su parte, Canarias ha recibido la semana pasada 19.200 dosis de la vacuna AstraZeneca, que no está recomendada para menores de 55 años.
Se administra desde esta semana a los trabajadores de los servicios de ayuda a domicilio, al personal de centros de menores y a los sanitarios de segunda línea como fisioterapeutas, farmacéuticos, personal de oficinas de farmacia y odontólogos.
