Los grupos parlamentarios del PSOE y de NC aseguran que el informe contiene «graves deficiencias» e «irregularidades»

Los grupos parlamentarios de PSOE y Nueva Canarias (NC) han descalificado este lunes el informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre la fiscalización de los gastos incurridos durante la crisis de la covid. Y han insinuado posibles motivaciones políticas del presidente de la institución, Pedro Pacheco, por recuperar una auditoría que en 2022 fue rechazada por el pleno de este organismo.

Pacheco, que ha comparecido en comisión parlamentaria, ha defendido la oportunidad de mantener en este informe la misma estructura del que fue desestimado hace dos años,. Porque la posible responsabilidad contable por la adquisición de mascarillas que no se recibieron «sigue ahí» y continúa sin recuperarse el dinero, cuatro millones de euros.

Este informe es «equiparable» a otras muchas fiscalizaciones que realiza la Audiencia de Cuentas, «la diferencia son cuatro millones de euros», respondió Pacheco a los diputados Manuel Hernández Cerezo (PSOE) y Esther González (NC), quienes advirtieron al presidente de la Audiencia de que su empeño por recuperar un informe desechado hace dos años pone en riesgo el prestigio de esta institución.

«Grave deficiencias»

Para Hernández Cerezo es «un informe que adolece de graves deficiencias» y numerosas irregularidades, sin rigor técnico, descontextualizado, que omite hechos relevantes y que pone en cuestión «la reputación y la imparcialidad» de la Audiencia de Cuentas, además de que su aprobación podría tener consecuencias legales.

Esther González aseguró que está en disposición de «desgranar, rebatir y reducir a polvo, pero a polvo finito, el contenido de este informe, tendencioso y plagado de juicios de valor» y que desvirtúa «la realidad de los hechos».

El informe de la Audiencia de Cuentas, que abarca los gastos para afrontar la crisis sanitaria entre marzo y diciembre de 2020 y que fue aprobado en la Audiencia de Cuentas por mayoría y con votos particulares, concluye que establece que hay dos libramientos a justificar por dos millones de euros cada uno para la adquisición de un millón de mascarillas FFP2 que nunca se recibieron, hechos que «podrían ser indiciarios de responsabilidad contable».

Señala además que en once expedientes con un presupuesto de adjudicación de más de dos millones de euros no se pidió autorización al Consejo de Gobierno, como dispone la ley, y que en 35 contratos no se justificó el gasto ni se justificó su emergencia.

En ninguno de los expedientes se promueve la concurrencia, denuncia la Audiencia de Cuentas, aunque a la vez reconoce que en caso de contratos de emergencia eso no es un incumplimiento legal.

Otra de las conclusiones es que seis de las empresas contratadas por el Servicio Canario de la Salud «carecían de capacidad de obrar con la Administración», entre ellas dos de las cuatro empresas que generaron el mayor volumen de contratación, por lo que los contratos «pudieran estar incursos en algunas de las causas de nulidad de pleno derecho».

Sin los mínimos requisitos de calidad

La Audiencia constata que parte del material adquirido no cumplía los mínimos requisitos de calidad exigibles, y que el 22,8 % del gasto «corresponde a dos empresas cuyo objeto social no se corresponde con la venta de material sanitario».

Tampoco consta que se comprobara la capacidad de los adjudicatarios ni que se les haya exigido la preceptiva solvencia económica, financiera y técnica, concluye la Audiencia de Cuentas.

El diputado del PSOE Manuel Hernández Cerezo acusó a Pedro Pacheco de poner en entredicho el prestigio de la Audiencia de Cuentas con este informe, que no cuenta con unanimidad y que es «contrario a la opinión técnica» de la mayoría de los integrantes de la Comisión Técnica de Calidad de la Audiencia, además de que cuenta con un voto particular suscrito por dos consejeros auditores.

La diputada de Nueva Canarias Esther González acusó a Pacheco de recuperar un informe que no consiguió aprobar hace dos años, el «peor informe gestionado en toda la historia de la Audiencia de Cuentas», una «farfulla» que deja «tocado» el prestigio de la institución.

Acusó a Pacheco de saltarse «a la torera» los principios y normas de auditoría, y de perpetrar «un despropósito» cuando el Parlamento le había pedido «una nueva fiscalización», no la misma que fue rechazada hace dos años por el pleno de la Audiencia de Cuentas.

Pacheco responde

El presidente de la Audiencia de Cuentas recordó a los dos diputados que los miembros de la institución son elegidos por el Parlamento, así que «ponerlos por los suelos no es lo mejor para algo que ustedes mismos han seleccionado».

También dijo que el informe es «de asesoramiento«, con lo cual «al que le guste lo adopta y al que no le guste, pues adopta otro tipo de criterio».

«Lo que planteamos es que se establezcan roles y objetivos claros en el manejo de estas situaciones de emergencia» y «establecer mecanismos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, cosa que indudablemente ha fallado», explicó.

Pacheco indicó que hace dos años el informe fue rechazado por tres consejeros con «un criterio tan válido» como el que tienen los tres que lo han aprobado ahora.

«Hemos intentado ser lo más objetivos posibles»

«Hemos intentado ser lo más objetivos posibles», afirmó Pacheco y explicó que como el informe anterior no aprobado se había filtrado «nos pareció más conveniente mantener en lo posible la misma estructura» con ligeras modificaciones porque «no ha cambiado nada de la responsabilidad contable ni ha cambiado nada de la situación del expediente de recaudación», puesto que sigue sin recuperarse el dinero.

El diputado del PP Fernando Enseñat felicitó a Pacheco por un informe «riguroso y valiente», al igual que el anterior no aprobado, y los consideró importantes «para la transparencia y la salud democrática de Canarias».