La propuesta del Grupo Socialista pretendía retomar los convenios con las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes
Los grupos políticos que apoyan al Gobierno de Canarias y Nueva Canarias han pedido al PSOE que asuma que la solidaridad «voluntaria» del resto de comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes «no existe» y que la única solidaridad posible es la «obligatoria», o sea, la modificación de la ley de extranjería.
Con ese argumento, CC, PP, NC, ASG y AHI han rechazado una proposición no de ley del PSOE, a la que también se ha opuesto Vox por otras razones, en la que se pedía al Gobierno de Canarias que promoviera «convenios de solidaridad y cooperación» con las demás comunidades autónomas para el traslado de menores migrantes no acompañados acogidos en Canarias.
Es «un paso atrás», es «volver a la casilla de salida», es «un camino ya andado y fracasado» que se ha demostrado que «no sirve para nada», dijeron uno tras otro los portavoces al representante del PSOE, Sebastián Franquis, e insistieron que la única posibilidad es reparto obligatorio.
Convenios con las comunidades autónomas
Franquis consideró en cambio que su propuesta es coherente con las competencias que tiene la Comunidad Autónoma e insistió en que hasta tanto se llegue a un acuerdo para la modificación de la ley, cuyas negociaciones se han suspendido por el PP, deben intentarse otras vías como los convenios con otras comunidades autónomas.
El abandono de la negociación por el PP supone «un serio problema» y «hay que buscar una solución temporal», dijo Franquis, quien instó al presidente regional, Fernando Clavijo, a desplazarse a las capitales autonómicas a exponer las dificultades de Canarias para afrontar en solitario la crisis migratoria.
Textualmente, el PSOE pedía «promover convenios de solidaridad y cooperación entre la Comunidad Autónoma de Canarias y las comunidades autónomas para el traslado de niños, niñas y adolescentes no acompañados acogidos en Canarias», pero el resto del Parlamento votó en contra excepto Nueva Canarias que se abstuvo.
Fracaso de la solidaridad
Luis Campos, de NC, dijo que conseguir la solidaridad del resto de comunidades ya se intentó y fue un fracaso, esa solidaridad «es mentira», y precisamente por eso se optó por la única fórmula efectiva, que es el reparto obligatorio.
El representante de NC sí estuvo de acuerdo con la segunda parte de la propuesta del PSOE, en la que se pedía al Gobierno de España que actualice los gastos por la atención de los menores migrantes, e introdujo una enmienda de adición para pedir a todas las partes que mantengan abierta la negociación y no la abandonen.
No obstante, este último punto también se rechazó con el voto de CC, PP, Vox, ASG y AHI.
Jana Gonzalez Alonso, de CC, consideró que la iniciativa del PSOE parecía «una broma de mal gusto», una vuelta atrás a una vía fracasada, y recordó el resultado de la «solidaridad voluntaria»: de los 815 traslados acordados en conferencias sectoriales desde 2021 solo se han realizado 395, «ni la mitad».
«La solidaridad y la cooperación no existen», no sólo en las demás comunidades autónomas, sino tampoco en el Gobierno de España, que no cumple sus acuerdos de financiación de la atención a los menores, afirmó la representante de CC, que consideró que el PSOE con esta propuesta demuestra que está «desnortado», porque la única manera es la «solidaridad obligatoria», que se consigue con unidad y diálogo.
Recuperar la unidad
Jesús Ramos, de ASG, abundó en la necesidad de recuperar la unidad y pidió la convocatoria del pacto canario por la inmigración para recomponerla.
La diputada del PP, María Isabel Saavedra, instó al PSOE a suscribir el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Canarias con el PP y adjudicó al Ejecutivo central la responsabilidad de la decisión del PP de levantarse de la mesa de negociación.
«Han reventado las negociaciones», aseguró Saavedra, porque el objetivo era «buscar un culpable», enfrentar a CC y PP y a las comunidades autónomas entre sí.
La diputada de Vox, Paula Jover, observó que el resto de grupos político, que defienden el reparto de los menores entre las demás comunidades, «han entrado en un bucle» en el que «los perjudicados son los canarios».
Jover afirmó que «ninguna comunidad quiere más centros» de menores de edad migrantes (personas a las que ella denomina ‘menas’) y consideró que la solución no es obligar a ese reparto, sino tomar «medidas tajantes» contra la inmigración ilegal.
Incluso Marruecos ha dicho que está dispuesto a recibir a sus nacionales, «pero nuestras leyes no lo permiten», afirmó la portavoz de Vox, quien demandó el cumplimiento de los convenios con Mauritania, Senegal o Mali.
Delgado niega «caos» en Dependencia
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y Familia, Candelaria Delgado, ha negado este miércoles que haya una situación de «caos» en la Dirección General de Dependencia, y ha pedido a la diputada del grupo Socialista, Elena Máñez, que deje la política de «acoso y derribo».
Durante una interpelación en el pleno del Parlamento de Canarias, la diputada socialista Elena Máñez ha destacado la importancia del personal que trabaja en Dependencia, y ha aseverado que hay denuncias de trabajadores porque no se respeta su jornada laboral y porque se reclama que presenten informes cuando están de baja.
Ha recordado que han pedido el cese de la directora general de Dependencia y han denunciado prácticas de «acoso» que llevan a situaciones extremas a los trabajadores.
La consejera Candelaria Delgado ha reconocido deficiencia en el sistema, pero ha señalado que las hay desde hace 17 años, y ha comentado que lo que ocurre ahora es que para mejorar el sistema se quiere hacer cambios y esto provoca quejas.
Relación de puestos de trabajo
Ha señalado Delgado que el anterior gobierno tuvo la ocasión de crear una relación de puestos de trabajo para solventar problemas pero eligió seguir con el contrato programa que había, y ha destacado que es fácil desde la oposición exigir «lo que no pudieron hacer cuando gobernaron».
La consejera ha pedido que se aporten soluciones y se evite la confrontación, así como transmitir que hay un fracaso cuando «no existe», y ha afirmado que los trabajadores hacen la jornada establecida.
En su segunda intervención, Elena Mañez ha acusado a la consejera de no contestar a las denuncias de los trabajadores, que «constan por escrito», y de hablar de empleados buenos y malos, y ha estimado que los fallos están en todas las áreas del departamento de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y Familia.
La consejera ha replicado que los ciudadanos lo que quieren es que se resuelvan cuanto antes y con garantía sus problemas, y ha reconocido que queda mucho por hacer aunque se haya reducido el tiempo de espera con respecto al anterior ejecutivo.
Reducción del tiempo de espera
Delgado ha destacado que el tiempo de espera de un reconocimiento de la situación de dependencia se ha reducido en 271 días, al pasar de 847 días que se tardaba en la anterior legislatura a 576.
«Esto no es una alegría pero demuestra que se está trabajando en el buen camino. Estamos trabajando para resolver, en el plazo legalmente establecido, las resoluciones de grado, del Plan Individual de Atención y las prestaciones, pero solo llevamos un año», indicó Candelaria Delgado.
La consejera felicitó a todo el personal de la Dirección General de Dependencia y de toda la Consejería «porque gracias a su esfuerzo y constancia el trabajo sale, los expedientes se tramitan y las prestaciones se pagan, tal y como refrendan los datos oficiales que publica cada mes el Imserso».
Según expuso la consejera, Canarias gestionó en 2023 un total de 72.563 solicitudes, de las que se resolvieron 56.213, lo que supuso el reconocimiento de 49.605 personas con derecho a recibir ayuda, «lo que supone un avance significativo en la capacidad de respuesta del sistema».
Además, indicó que en el último año se ha reducido en un 14,5% el número de personas que, aunque tienen el derecho reconocido a recibir ayuda, aún no reciben servicio, y se ha incrementado la atención en el entorno familiar en más de 18.800 personas, «lo que indica que se está potenciando este tipo de prestación, que es fundamental para aquellas personas que prefieren recibir cuidados en sus propios hogares en lugar de en instituciones».
Ley del transporte
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha dicho este miércoles en el pleno del Parlamento canario que el Gobierno regional no desiste de una modificación integral de la ley del transporte terrestre en el archipiélago.
Manifestación que el consejero ha realizado durante el debate de la enmienda a la totalidad que el grupo Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha presentado al proyecto de ley de modificación de la citada ley, que es consecuencia de un decreto ley.
Una enmienda que ha sido defendida por la diputada Esther González y que ha sido rechazada por CC, PP, ASG, AHI y Vox, mientras que el PSOE se abstuvo.
El consejero Pablo Rodríguez ha indicado que la modificación que se inicia es necesaria para adaptar la ley a la normativa europea, después de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a que en los criterios para conceder nuevas licencias se tengan en cuenta criterios ambientales, de planificación del territorio y del tráfico, más que económicos.
Se trata de un cambio puntual al problema que ha surgido con las licencias de VTC (vehículo de transporte con conductor), de las que en Canarias hay pendientes casi 9.000 solicitudes.
Modificación integral «de la mano de todos»
El consejero ha señalado que no desiste de una modificación integral de la ley, pero «de la mano de todos» los implicados, y en base al diálogo, pero ahora, ha subrayado, se trata de alinear la legislación canaria con la normativa europea.
La modificación general de la ley requiere de un proceso amplio de debate, ha añadido el consejero, y la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista Esther González ha señalado que con el cambio actual se pretenden «colar» cuestiones sobre las que no hay unidad de criterio y que son contrarias a los acuerdos de la mesa del transporte.
Esther González ha asegurado que su grupo lo que quiere es dar solución a los «incesantes» problemas que tienen tanto las administraciones como los usuarios, y ha asegurado que a estos últimos no se les tiene en consideración en la modificación que ahora se inicia.
Viviendas públicas
Pablo Rodríguez también ha afirmado este miércoles que su Ejecutivo ha multiplicado los instrumentos para tratar de agilizar la construcción de viviendas pública, lo que ha dicho que «no se hace de un día para otro».
Rodríguez, en el pleno del Parlamento, ha explicado que el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en la inversión porque es lo que garantiza la construcción de viviendas protegidas y así dar respuesta a la emergencia habitacional que hay en Canarias.
Para Rodríguez es preciso poner herramientas para que el problema cada vez sea menor, tal y como ha recalcado que está haciendo el Gobierno.
Asimismo, ha detallado que antes del año 2007 se construyó en Canarias hasta 30.000 viviendas al año, de ellas, «muchas» eran viviendas protegidas.
Sin embargo, desde 2008 en adelante se edificaron, como mucho, 3.000 viviendas al año, «prácticamente ninguna protegida y muy pocas viviendas públicas».
En este sentido ha precisado que en el verano de 2024 salió a licitación la redacción de más de 900 viviendas públicas para proyectarlas.
También se ha referido al decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que se aprobó en febrero y gracias al cual ha dicho que se ha generado transformaciones de edificios y de suelo, aunque todavía es pronto para valorarlo, ha añadido.
La diputada del PSOE, Patricia Hernández, ha recordado que en octubre del pasado año el consejero anunció un plan de choque para la incorporación en el Instituto Canario de la Vivienda de 72 personas y se comprometió a poner en marcha un nuevo programa de viviendas vacías que le diera garantías a los pequeños propietarios.
Ha señalado que hay 211.000 viviendas vacías en Canarias, en diferentes estados, y, a su juicio, «esto está claro que resolvería el problema de acceso a la vivienda».
Mayor ritmo en la construcción de vivienda pública
La diputada del PSOE ha pedido al consejero que se incremente el ritmo de trabajo para acelerar el ritmo de la construcción de vivienda pública, al tiempo que le ha afeado que se haya reducido el presupuesto de vivienda en 17 millones.
A este respecto al consejero ha aclarado que el presupuesto del año 2023 del Instituto Canario de la Vivienda fue de 142 millones de euros, mientras que el del año 2024 es de 145 millones de euros, por lo que «es mucho mayor que el del 2023, no es mucho mayor pero es mayor y eso es indiscutible», ha apostillado.
Además, la diputada socialista ha pedido que se pare el alquiler vacacional en tanto en cuanto no se tramite la reforma puesto que «se trata de una avalancha que está dificultando aún más el acceso a la vivienda».
Hernández ha criticado que el Gobierno le pida a los ayuntamientos lo que no pueden asumir con sus propios medios, que es la declaración de las zonas tensionadas, cuando es un trabajo que le compete al Ejecutivo, ha agregado.
Zonas tensionadas
Sobre las zonas tensionadas el consejero de Obras Públicas ha señalado que el Gobierno no se ha negado a la declaración de estas áreas, si bien le ha pedido a los ayuntamientos que no se limiten a una declaración de intenciones sino que incorporen los datos que exige la ley.
Ha puesto como ejemplo el Gobierno del País Vasco, donde los municipios entregan al Ejecutivo sus informes «necesarios y preceptivos» para que se puedan declarar las zonas tensionadas.
Empleadas del hogar
El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno regional a implementar un paquete de incentivos para la contratación de empleadas del hogar y diseñar un plan de formación sobre los derechos laborales de este colectivo.
También ha respaldado la Cámara regional que se constituya en el Instituto Canario de Seguridad Laboral una comisión técnica del empleo en el ámbito del servicio del hogar familiar; implementar acciones para la prevención de riesgos y del acoso en este colectivo; y habilitar vías para que puedan trasladar a los sindicatos posibles vulneraciones de sus derechos laborales.
El promotor de esta proposición no de ley (PNL), el diputado socialista Gustavo Santana, ha enfatizado que una vez el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 893/2024 por el que se regula la protección y la salud en el ámbito familiar, órganos como el Instituto Canario de Seguridad Laboral o el de Relaciones Laborales deben implementar acciones para llevarlo a la práctica.
Plan de atención al covid persistente con financiación
El pleno del Parlamento de Canarias se ha pronunciado también este miércoles a favor de que el Gobierno de Canarias elabore y ejecute un plan de atención para la covid persistente, con una financiación plurianual y con la participación de las asociaciones de esta enfermedad.
Los afectados por esta persistencia de la covid no está clara en Canarias, entre 40.000 y 60.000 personas, pero es una enfermedad incapacitante en muchos casos que debe ser reconocida como una enfermedad profesional, algo que «es de justicia y es de humanidad», dijo el diputado de CC, José Alberto Díaz-Estébanez.
La iniciativa fue presentada por los cuatro grupos que respaldan al Gobierno (CC, PP, ASG y Mixto) y Rebeca Paniagua, del PP, quien defendió la necesidad de contar con un censo real y mejorar las unidades de atención de unas personas que sufren fatiga crónica, problemas respiratorios o deterioro cognitivo.
Además de la demanda al Gobierno de Canarias para que ejecute y financie un plan de atención, el Parlamento canario también se dirige al Gobierno de España, porque las comunidades autónomas no pueden actuar solas.
Al Estado se le pide que se reconozca la covid persistente como enfermedad profesional para cualquier profesión sea o no sanitaria, si bien a este punto mostró su rechazo Vox, que defiende que sea solo para los profesionales sanitarios.
