El Gobierno aprobará el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda en este mes

El decreto ley de medidas urgentes se presenta como una iniciativa ambiciosa que tiene como objetivo poner más inmuebles en el mercado y facilitar la vivienda protegida

Declaraciones: Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha trasladado que su departamento elevará a Consejo de Gobierno para su aprobación, durante este mes de febrero, el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda.

Se trata de una iniciativa ambiciosa, que tiene como objetivo implementar un conjunto de instrumentos con la finalidad de poner a disposición más inmuebles en el mercado, y facilitar la construcción de vivienda protegida desde el ámbito público y privado.

Este decreto incluye, por un lado, instrumentos que permitirán incrementar la disponibilidad de suelo para viviendas, uno de los principales problemas por los que atraviesa el Archipiélago; y, por otro, un paquete de medidas para aumentar la disponibilidad de edificaciones para poner vivienda en el mercado, ya que actualmente hay grandes tenedores que cuentan con más de 1.400 inmuebles sin acabar, vinculados a la crisis financiera de 2008.

Decreto ley medidas urgentes en materia de vivienda. Imagen: Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Gobierno de Canarias
Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Imagen Gobierno de Canarias

Simplificación y agilización de los procedimientos

También se apostará por la simplificación y agilización de los procedimientos, declarando el interés general y la urgencia en la construcción de vivienda pública, así como facilitando la cesión de suelo por parte de las administraciones locales a la Comunidad Autónoma.

Asimismo, el decreto incorpora la actualización del Módulo Básico Canario, que ha permanecido inmóvil desde el año 2003, y que genera un elemento de freno a la colaboración público-privada y a la licitación de proyectos, ya que se debe contemplar el incremento de los costes de la construcción.

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