Mejora la valoración y calificación del grado de discapacidad y fija un trámite de urgencia por causas humanitarias y de especial necesidad social o de salud y de esperanza de vida, como personas con ELA, con enfermedades raras y víctimas de violencia machista
El Gobierno ha aprobado el nuevo baremo de la discapacidad, que mejora la valoración y calificación del grado de discapacidad y fija un trámite de urgencia por causas humanitarias y de especial necesidad social o de salud y de esperanza de vida, como personas con ELA, con enfermedades raras y víctimas de violencia machista.
A propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al real decreto por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, un nuevo baremo que sustituye al vigente de 1999 y que reclaman desde hace una década los 4,38 millones de personas con discapacidad que hay en España.
«Por fin terminamos con esa situación aprobando un nuevo baremo con criterios más objetivos, más precisos y más humanos, los trámites van a ser más ágiles, más flexibles y más accesibles en todo el proceso», ha subrayado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, según informa su departamento.
Criterios objetivos
El nuevo baremo establece los criterios objetivos para la calificación del grado de discapacidad, agilizando y flexibilizando los trámites con medios telemáticos y asegurando la accesibilidad universal de todo el proceso.
Y permite que la persona pueda ir acompañada por alguien de confianza, lo que redundará favorablemente en la autonomía y seguridad de las personas con discapacidades severas o grandes necesidades de apoyo.
Una de las novedades es la puesta en marcha de un trámite de urgencia cuando fuese necesario por causas humanitarias o de especial necesidad social, como son las víctimas de zonas en guerra, o de salud y de esperanza de vida, como es el caso de las personas con enfermedades degenerativas como la ELA, entre otras.
También podrán acogerse a este trámite de urgencia las víctimas de violencia de género ya que, según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el 17,5 % tienen una discapacidad ocasionada por el maltrato.
Esta regulación establece la obligación de garantizar el derecho de los menores con discapacidad a ser informados, oídos y escuchados sin discriminación por razón de la edad o discapacidad.
Permitirá además realizar una valoración y calificación «más certera» de realidades que causan discapacidad como el autismo, las discapacidades psicosociales o las enfermedades raras.
Y constituirá una «valiosa» fuente de información para el estudio de las realidades derivadas de la discapacidad, situación real y evolución, que permitirá su comparación con otros países, disciplinas y servicios y facilitará la explotación de información en otras áreas de la salud.
Además, ya se está programando desde la Administración una formación especializada a todo el personal y equipos de valoración en las nuevas herramientas y se incluye a la sociedad civil de la discapacidad como integrante de la Comisión de Valoración de la Discapacidad.
«El trabajo no acaba aquí (…) porque nuestro compromiso con las personas con discapacidad continúa», ha añadido Belarra.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) han valorado el nuevo baremo.
El Cermi ha sido una de las entidades que han impulsado y demandado esta nueva regulación ante la necesidad de acelerar el procedimiento de valoración, reduciendo los tiempos máximos de espera que sufren miles de personas solicitantes, que superan los dos años en algunas comunidades autónomas.
«Tener una valoración adecuada de la discapacidad es crucial para que las personas accedan a los derechos y beneficios que implica y que tratan de compensar la falta de igualdad de oportunidades», ha afirmado el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga.
