Dentro de la campaña «Somos Fuerza» de Radio Televisión Canaria, el magacín Una más Uno de Canarias Radio ha abordado la violencia de género entre las mujeres mayores de 65 años. Lo ha hecho a través de una entrevista con la socióloga de la ULL Marta Jiménez , autora de un informe para el Cabildo Insular de Tenerife.
En la entrevista, Jiménez ha recordado el caso de Ana Orantes, una mujer asesinada por su pareja tras sufrir cuatro décadas de violencia de género. Fue un caso paradigmático de la situación que pueden haber sufrido tantas mujeres en nuestro país en una época en la que la violencia de género estaba invisibilizada y se quedaba en el ámbito privado.
A este respecto, esta experta ha recordado que el estudio elaborado, indica que un 40 % de las mujeres mayores no había denunciado a su agresor pero sí había pedido ayuda. A este respecto hay que recordar que, de media , una mujer en Canarias tarda 11 años y 9 meses en denunciar a sus agresores.
En su opinión, el reto es «mejorar los servicios de detección en ámbitos como el de la atención primaria» , porque considera que existe aún una escasa detección en estos casos de violencia. Además ha puesto el foco en que «no estamos solo ante una situación de violencia de género, porque ésta se cruza con una violencia edadista que las perjudica en el ámbito institucional».
Faltan ayudas institucionales para las mujeres más mayores
La socióloga ha insistido en que «valora el esfuerzo que se está realizando por parte de las instituciones para sensibilizar sobre esos casos de violencia entre las mujeres más mayores , pero recuerda que esa sensibilización tiene que ir acompañada de medidas» . A modo de ejemplo, ha puesto las ayudas económicas para las víctimas de violencia de género. Ha afirmado que mayoritariamente van dirigidas a mujeres jóvenes y para favorecer su reinserción en el ámbito laboral. Esta situación, sin embargo, no afecta a las mujeres de edad más avanzada, que pueden estar ya en edad de jubilación y que tienen realidades económicas tan complicadas como las bajas pensiones no contributivas. Al final, esa falta de respuesta institucional repercute en una dependencia económica que las lleva a mantener los lazos con sus agresores o a ser aún más vulnerables a la pobreza.
