Este jueves, 22 de diciembre, se ha celebrado la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria. Los grupos parlamentarios reconocen la labor del ente público, pero reclaman más herramientas de control
La Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria ha abordado este jueves, 22 de diciembre, el informe de la Audiencia de Cuentas sobre la contratación del ente público en 2021. Sobre la mesa, entre otros asuntos, se ha puesto la Ley de Contratos Públicos y la Ley de Propiedad Intelectual.
Los grupos parlamentarios han reconocido la labor del ente público para tratar de adaptarse a las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas, pero reclaman más herramientas de control.
A este respecto, Vidina Espino, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, ha puntualizado que «en total, estamos hablando de 37,6 millones que usted ha adjudicado en este caso, sin ningún tipo de concurrencia pública». “Persiste en las mismas irregularidades que en 2020″, argumenta.
Algunos de esos incumplimientos son la adjudicación a dedo y sin concurrencia pública, en esta ocasión de 37,6 millones de euros, así como la ausencia de un procedimiento sistematizado y normalizado en materia de contratación de producciones audiovisuales y adquisición de derechos de emisión. Por lo tanto, “un año después sigue sin corregir los mismos errores graves”, ha lamentado Espino.
Ante estos datos, Francisco Moreno, administrador único de RTVC ha afirmado que «en 2021 se produjo una reducción significativa del número de contratos menores respecto a ejercicios anteriores. Nunca ha habido en la historia de la RTVC más empresas productoras trabajando al mismo tiempo para la RTVC».
No obstante, José Díaz-Estébanez, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, aunque no dice que se haya gestionado ni mal ni bien, ha señalado que «nadie lo controla, y es entonces cuando se produce un terreno abonado para la sospecha».
«Las normas tienen que ser más claras»
Por su parte, Melodie Mendoza, diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, considera «imperiosa» la «necesidad de que debemos aprobar una junta de control«.
El diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, Francisco Déniz, insiste «en que las normas tienen que ir más claras». «Ojalá podamos concluir con un mandato marco, si todos los grupos de esta cámara llegamos a un acuerdo», ha añadido.
Carmen Hernández, diputada de Grupo Parlamentario Nueva Canarias, ha indicado que «es muy difícil que el ente público pueda programar cuando no sabe con certeza cuál es la financiación del año siguiente, es decir, la financiación, los presupuestos de la RTVC dependen del Parlamento«.
Por último, David Godoy, diputado de Grupo Parlamentario Socialista Canario, ha hecho hincapié en que «una de las únicas palabras que no aparece en este informe y que sí salía en informes anteriores, como el del año 2015, 2016, etc., es la palabra «irregularidad».
El administrador único de RTVC, Francisco Moreno ha concluido «con toda humildad y franqueza, que este informe va en la senda de lo que en EGB se calificaría como ‘progresa adecuadamente’«
Por otro lado, también han preguntado por las medidas previstas en RTVC para las personas con discapacidad auditiva, sobre la cesión de noticias a las productoras privadas y sobre la información de la fiesta paralela al Congreso de Administración Local celebrado en San Bartolomé de Tirajana.
