El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado este viernes su respaldo expreso a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a pesar de la polémica por la reforma de la ley del sólo sí es sí, y ha descartado tajante que pueda haber un riesgo de ruptura de la coalición que conforma su Ejecutivo
«Ya le digo que no. No se contempla», ha respondido a la pregunta sobre la posibilidad de esa ruptura en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas al término de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo.
Por el contrario, ha recalcado que el Gobierno de coalición continúa y este jueves ha seguido avanzando en su hoja de ruta con la aprobación en el Congreso de la ley de bienestar animal, que ha dicho que sitúa a España a la vanguardia europea y que «no excluye a ningún animal en cuestión de maltrato y de abandono».
«Después de casi doscientas leyes y tres presupuestos generales del Estado en un contexto tan adverso y tan complejo como el que estamos viviendo, primero con la pandemia y posteriormente con la guerra, al Gobierno de coalición progresista se le puede reconocer que ha aportado estabilidad para dar respuesta a muchas causas y efectos de estas crisis», ha añadido.
También ha resaltado que está en el haber del Ejecutivo impulsar una agenda de transformaciones sociales y económicas marcada en el discurso de investidura y en el acuerdo de coalición.
Cree que hay que preservar el avance que supone la ley
Al pedirle expresamente si sigue respaldando a Irene Montero, el jefe del Ejecutivo ha garantizado que continúa confiando en todos los miembros de su Gabinete, «desde luego también -ha precisado- en la ministra de Igualdad».
Sánchez ha hecho hincapié en que en todo lo relativo a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, lo más importante no es el debate político, sino no olvidar a las víctimas y trasladarles la solidaridad con palabras y hechos.
«Nadie deseó esta situación, estos efectos indeseados de esta importante ley. Lamento esta situación», ha añadido.
A su juicio, lo que hay que hacer ahora es preservar el avance que supone la ley relativo a la cuestión del consentimiento y protección de las víctimas, y revisar una «cuestión técnica» que permita resolver la rebaja de penas que ha creado la «alarma social».
Esa cree que es una obligación y eso es lo que, según ha asegurado, hace la propuesta que parte del Ministerio de Justicia y que se ha plasmado en una proposición de ley del grupo socialista en el Congreso.
Ante la posibilidad de que se haya planteado mediar entre dos ministerios, Justicia e Igualdad, que no han logrado llegar a un acuerdo sobre la reforma de la ley, se ha remitido a esa negociación que debe haber ahora en el Parlamento y tras la que cree que «todos los grupos» tienen que dar solución a la alarma generada.
