El Cabildo de La Palma presenta alegaciones al anteproyecto de Ley de Uso Turístico de las Viviendas que tramita el Gobierno de Canarias
El Cabildo de La Palma, a través de su Consejo de Gobierno, ha tramitado y presentado alegaciones al anteproyecto de Ley de Uso Turístico de las Viviendas, que tramita el Gobierno de Canarias, para aportar garantías legales a los propietarios de este tipo de establecimientos en la isla y la disposición de unos criterios que garanticen la calidad del servicio al turista.
El presidente insular, Sergio Rodríguez, señaló que se ha trasladado la propuesta del Cabildo palmero a la Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística, tras establecer una ronda de encuentros con técnicos de los servicios de Ordenación Territorial y de Turismo, así como con el sector, y realizar un análisis del anteproyecto, artículo por artículo.
El Cabildo de La Palma y la Ley de Uso Turístico
En ese trabajo se han establecido alegaciones a aquellos puntos que carecían de certidumbre y que por tanto se entiende que producen inseguridad jurídica. Asimismo, se señalan requisitos que no resultan objetivos y que no tienen en cuenta la dispersión de los núcleos de población dentro de una misma isla.
Sergio Rodríguez destacó que las alegaciones formuladas buscan garantizar que la normativa de la vivienda vacacional «se ajuste a la realidad de nuestra Isla«, mostrando absoluta oposición en aquellos aspectos que no nos permitan hacer uso de un instrumento complementario «para nuestro necesario desarrollo turístico».
Sostenibilidad turística
De esa manera, las aportaciones en materia de seguridad jurídica y contenido regulatorio priorizan el desarrollo de esta actividad bajo criterio de calidad y sostenibilidad turística.
En esas enmiendas, el Cabildo de La Palma traslada la realidad turística de una isla afectada por las consecuencias directas de la erupción volcánica, con 5.000 camas turísticas menos. El presidente palmero recalca que se trata de «una realidad incomparable para el resto de islas», que obliga a demandar un trato diferenciado en esta ley, «con el objetivo de no renunciar a nuestro desarrollo turístico, esos si, supeditados a la calidad y la sostenibilidad como límites en su implantación territorial.
Con todo ello, destaca Sergio Rodríguez, el objetivo es establecer unos criterios y estándares que garanticen la calidad turística y la definición de destino de turismo sostenible, pero teniendo en cuenta la realidad del territorio de las Islas Verdes.
