38 ancianos tendrán que abandonar el próximo jueves la residencia en la que viven en Santa Brígida, Gran Canaria. Algo que ya conocía la dirección del centro
El Gobierno de Canarias ha ordenado el cierre de la residencia de ancianos Dulce Hogar porque incumple la normativa vigente. 38 huéspedes de este centro se verán obligados a abandonarlo el próximo jueves 26 de septiembre. Ahora, familiares y trabajadores quedan desamparados y sin margen de actuación.
Aunque la dirección del centro conocía esta clausura, no fue hasta la pasada semana cuando se enteraron los familiares, a través de la inspección del Gobierno de Canarias. Ahora, familiares y trabajadores quedan desamparados y sin margen de actuación.
Según el Gobierno de Canarias, el centro sabía desde hacía tiempo que no cumplía con la normativa vigente. Una información que no trasladaron en tiempo y forma a los usuarios y sus familias. Incluso, durante este mismo mes de septiembre han registrado nuevos ingresos en ese centro residencial del municipio grancanario de Santa Brígida.
Esta situación no solo afecta a los propios residentes, sino también a los empleados del centro. Según afirma una de la residencia Dulce Hogar «nos dejan a todos sin con qué cubrir nuestras necesidades básicas porque ni siquiera la nómina de este mes nos la pagan y el paro no nos lo pueden dar hasta que la residencia cierre definitivamente».
Mientras, las familias buscan desesperadamente un nuevo hogar para sus mayores. La falta de plazas y el incremento del precio de las que existen, les tienen en vilo. Miguel Santana, familiar de un residente expresa que otras residencias «están entre 700 y mil euros más caras. Hay muchos mayores que pierden calidad de vida por falta de estos servicios».
Hay residentes que ni siquiera tienen familiares. Con menos de una semana de plazo, muchos no saben que hacer ante el inminente cierre que califican de emergencia social.
