El portavoz del Gobierno de Canarias aseguró que los menores migrantes no acompañados que han llegado en octubre son un 17 % del total
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha manifestado que en las dos primeras semanas de octubre han llegado a las costas canarias más de 1.620 migrantes, de ellos, apuntó, el 17,5 % son menores migrantes no acompañados, 284. Eso indica, según señaló Cabello, que el número de menores que vienen en las pateras y cayucos tiende a incrementarse.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes, 14 de octubre, el portavoz del Gobierno señaló que desde Canarias se sigue insistiendo en que la comunidad autónoma no puede continuar soportando sola la crisis migratoria.
Así, demando al Estado su compromiso para con Canarias de transferir los 50 millones para la atención de los menores migrantes y reclamó, además, los otros 157 millones que ya solicitó la comunidad autónoma en un requerimiento la semana pasada.
«Necesitamos una acción urgente a esta situación, necesitamos esa modificación de la ley de extranjería y necesitamos una respuesta estructural y del conjunto del país a esta situación que se sigue dando», afirmó Cabello.
Alfonso Cabello detalló que en lo que va de año han llegado a las islas 32.400 personas vía marítima en cayucos y pateras, 4.422 de ellos menores no acompañados.
El portavoz del Gobierno valoró, además, el «paso al frente» que en su opinión ha dado el vicepresidente del Gobierno y presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, quien ha dicho que confía en que «reine la cordura y la crispación política a nivel estatal deje de enturbiar una respuesta necesaria y humanitaria para Canarias».
Presupuestos
Cabello también explicó que se está a la espera de cerrar una fecha con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde, además de buscar soluciones para destinar más recursos a las islas por la crisis migratoria, también se tratarán las transferencias pendientes.
Estas transferencias, destinadas a diferentes asuntos de la comunidad autónoma, estaban contemplados en los presupuestos aprobados prorrogados para este año 2024, una cifra que asciende a 880 millones de euros y que «solo se han transferido 17,5 millones, apenas un 1,8 por ciento».
Caso Koldo
Alfonso Cabello, preguntado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno por el ‘caso Koldo’, ha subrayado que desde el Ejecutivo canario siempre se ha prestado la «máxima colaboración y transparencia» con la justicia en todo lo relacionado con el ‘caso Koldo’.
Cabello ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se puso «toda» la información a disposición de los servicios jurídicos para darle «máxima transparencia a cada uno de los requerimientos que han ido llegando de diferentes estamentos judiciales».
Si bien, aclaró Cabello, habrá que estar también centrado en las responsabilidades políticas y que deben ser otros los que den explicaciones porque al final es el nombre de «Canarias o el nombre del Gobierno de Canarias el que está inmerso en todos estos asuntos».
Así consideró «importante que se terminen de depurar las contradicciones» que se han dado con respecto a este asunto.
Sin nuevos informes de impacto ambiental
El Consejo de Gobierno también ha avalado este lunes la exención de nuevos informes de impacto ambiental en la LP-2 y de la carretera Agaete-La Aldea. Dichas exenciones se han considerado favorables debido a la urgencia de recuperar las comunicaciones en la isla de La Palma tras la erupción volcánica y de acelerar la construcción de la carretera Agaete-La Aldea, fundamental para mejorar las comunicaciones y garantizar la seguridad ciudadana.
En el caso concreto de la isla de La Palma, el pasado 10 de septiembre, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad le solicitó a la Consejería de Transición Ecológica y Energía que, con el objetivo de agilizar la recuperación de esta vía prioritaria de para La Palma, se estudiase la posibilidad de prescindir de un nuevo estudio ambiental para el proyecto de modificado de obra en el tramo San Simón-Tajuya.
Al igual que en la LP-2, la Consejería de Transición Ecológica y Energía, previa solicitud de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha estudiado el caso, valorando que no es necesario emitir un nuevo informe de evaluación ambiental.
