Este informe sobre las contrataciones en la pandemia fue descartado por la propia Audiencia de Cuentas hace dos años
La Audiencia de Cuentas de Canarias aprobó este lunes, por mayoría de los consejeros de su Pleno, el informe sobre las contrataciones realizadas por el Gobierno de Canarias durante la pandemia de covid-19. El Gobierno de Canarias en la época de la pandemia estaba gestionado por PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera, dichos partidos rechazaron el informe en su momento.
La Audiencia analizó la documentación contractual de esta tramitación excepcional de emergencia, comprobó los expedientes de modificaciones presupuestarias realizados, verificó su tramitación según la normativa vigente. Además se examinaron los libramientos de fondos a justificar para realizar las actuaciones declaradas de emergencia y documentación relativa a los abonos a cuenta efectuados.
Igualmente el estudio trata de comprobar que las prestaciones realizadas se ajustaron a la normativa de contratación pública y que se llevaron a cabo con la celeridad e inmediatez requeridas por las situaciones de emergencia invocadas. También comprobaron si existía un plan de contingencias aprobado por el Gobierno de Canarias para hacer frente a situaciones excepcionales.
Este informe se elevará ahora al Parlamento de Canarias y se remitirá al Tribunal de Cuentas y a los responsables de los entes fiscalizados.
Este documento alertaba de la falta de solvencia de las empresas vinculadas a Koldo García
El documento, que ahora vuelve a estar validado, alertaba de la falta de solvencia de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, vinculadas a Koldo García, ex asesor del Ministerio de Transportes José Luis Ábalos, que fue detenido por el cobro de comisiones por la venta de material sanitario.
La Audiencia puso la lupa en dos contratos valorados en 9,7 millones para adquirir más de dos millones de mascarillas. Además, afeó al Gobierno que se contratara con una empresa que no tenía solvencia reconocida y que se superaban los umbrales económicos previstos en la situación de emergencia.
Así, asume las difíciles condiciones de trabajo que había en el Servicio Canario de Salud. Sin embargo, la Audiencia de Cuentas no entiende la formalización de contratos con empresas no relacionadas con el ámbito sanitario.
La empresa RR7 United presuntamente estafó a la comunidad autónoma al vender un millón de mascarillas a cambio de cuatro millones de euros. Finalmente esta cantidad de dinero nunca se recibió porque esas mascarillas eran defectuosas.
La Audiencia resume que muchas de las actuaciones realizadas durante la pandemia carecía de «rigor» y no salvaguardaron los intereses del sector público porque mucho material sanitario era inservible o no cumplía el fin de su contratación.
