Agentes de la Policía Nacional entran en la Consejería canaria de Sanidad en busca de información por el ‘Caso Mascarillas’
En la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se realizan desde primera hora de la mañana registros por el ‘Caso Mascarillas‘.
Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Las Palmas y de Madrid entraron sobre las 08.25 horas de este jueves, 9 de mayo, en la sede de la Consejería.
El registro se alargó durante varias horas y buscaba recolectar información acerca del conocido como ‘Caso Mascarillas’.
En los registros por el ‘Caso Mascarillas’ investigan información sobre pagos por mascarillas que no fueron entregadas
Este registro se realiza porque entre los investigados se encuentra el exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Domínguez. Domínguez este lunes, 6 de mayo, estuvo ante la Fiscalía Europea, si bien se acogió a su derecho a no declarar.
Domínguez acudió en calidad de investigado en una causa en la que se investigan los cuatro millones de euros pagados durante la pandemia a una empresa por un millón de mascarillas que no llegaron a ser recibidas. El exdirector del SCS está investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Conrado Domínguez presentó su dimisión en noviembre de 2022. Lo hizo tras dos años en el cargo durante el Gobierno autonómico del socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
En concreto, el Ministerio Público europeo pone la lupa en el pago de cuatro millones de euros por adelantado a la empresa RR7 United por mascarillas que nunca fueron entregadas. De hecho, esas mascarillas fueron destruidas por agentes de Aduanas en el Puerto de La Luz. Habían llegado en un cargamento procedente de Etiopía y constatarse que estaban falsificadas.
Tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, el órgano comunitario investiga a Domínguez y también, entre otros, a Rayco González –administrador de la empresa RR7– por estafa agravada y blanqueo de capitales, y a la exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación.
Nueva partida de mascarillas que tampoco llegó
Pese al primer incidente ocurrido con RR7 (el bloqueo en Aduanas de las mascarillas falsas), el SCS no resolvió su contrato, sino que Conrado Domínguez autorizó que se diera la oportunidad a la empresa de suministrar otra partida de mascarillas, pero tampoco esta llegó.
La Fiscalía Europea reclamó la instrucción de este caso porque en el expediente de compra de las mascarillas a RR7 consta que se le pagaron con fondos europeos. Hasta ese momento, se encargaba el Juzgado número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que ya tomó declaración como imputado a Domínguez el 29 de septiembre de 2022.
Dos meses después, con el caso todavía en Gran Canaria, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez detener al exdirector del SCS. Y acceder a sus correos electrónicos y a la memoria de su teléfono móvil. Por temor a que destruyera pruebas, pero el juez no lo aceptó.
Por esos hechos, el administrador de RR7, Rayco Rubén González, está acusado de estafa agravada. Y Conrado Domínguez ha sido imputado en delitos de prevaricación y tráfico de influencias, de los que también se acusa a la exdirectora de Recursos Económicos del SCS.
Además de Domínguez, el informe de la UDEF concluye que hubo otros cuatro presuntos comisionistas en el ‘caso Mascarillas’. Los intermediarios de la operación Lucas Cruz, Ihsan Mahmoud Mohamed Al Sabbagh, Samuel Machín y Oswaldo Lastras.
Segundo registro en menos de un mes
Este es el segundo registro que la Policía Judicial realiza en el SCS en menos de un mes. Para indagar sobre los fondos gastados en compras de material sanitario en los primeros meses de la pandemia de covid-19. Son objeto ya de tres causas penales (el ‘caso Mascarillas’, el ‘caso Koldo’ y un presunto fraude a Hacienda que implica al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez).
La consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, confirmó el pasado 11 de abril que agentes de la Guardia Civil en funciones de la Policía Judicial se habían personado la víspera en su departamento por orden de la Fiscalía Europea. Para requerir más documentos, informes y datos relativos a la etapa de 2020-2021.
Según la consejera, en ese primer registro los agentes se llevaron expedientes adicionales a los que ya tenía la Fiscalía. Pidieron información al detalle sobre las personas que intervinieron en las distintas fases de tramitación de cada uno de ello. Y quisieron visitar los almacenes donde había material sobrante de aquella etapa.
