Conrado Domínguez está investigado por la Fiscalía por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa
El exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Domínguez ha optado por acogerse a su derecho a no declarar ante la Fiscalía Europea, que lo había citado este lunes por su condición de investigado en el ‘caso mascarillas’, en el que se indaga en los cuatro millones de euros pagados durante la pandemia a una empresa por un millón de mascarillas que no llegaron a ser recibidas.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Domínguez ha alegado que prefiere no declarar porque aún no se le ha facilitado toda la información que hay en la causa.
Domínguez está investigado como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias, cargos por los que también se investiga a la entonces directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez.
A la empresa RR7, sin experiencia anterior en la importación de material sanitario (se dedicaba al comercio de coches), se le adjudicó por el procedimiento de emergencia proveer a los hospitales públicos de Canarias un millón de mascarillas FFP3, por las que recibió un pago por adelantado de cuatro millones de euros.
La sanidad nunca recibió ese material porque RR7 trató de importar una partida de mascarillas de la marca 3M que resultaron ser falsas y se destruyeron en Aduanas.
Domínguez dio una segunda oportunidad a RR7
A pesar de ese incidente, el SCS no resolvió su contrato, sino que Conrado Domínguez autorizó a que se le diera la oportunidad suministrar otra partida, que nunca llegó.
Por esos hechos, el administrador de RR7, Rayco Rubén González, está acusado de estafa agravada y a Conrado Domínguez se le imputó con cargos de prevaricación y tráfico de influencias.
Además de Domínguez, el informe de la UDEF concluye que hubo otros cuatro comisionistas en el ‘caso Mascarillas’, los intermediarios Lucas Cruz, Ihsan Mahmoud Mohamed Al Sabbagh, Samuel Machín y Oswaldo Lastras.
La Fiscalía Europea asumió la investigación del caso al afectar la posible estafa de cuatro millones de euros que sufrió la sanidad canaria al inicio de la pandemia de covid-19 a fondos europeos, ya que el dinero que pagó por adelantado el SCS para adquirir el millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió procedían del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).
