El Defensor del Pueblo ha reclamado sistemas de identificación de los inmigrantes desaparecidos en la Ruta Canaria y la creación de una oficina de información y atención para los familiares que sirva además para mejorar las tareas de prevención y rescate y permita reducir el número de muertes.
Una recomendación que el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, recoge en su informe «La migración en Canarias», que ha hecho público este miércoles y que ha elaborado tras su visita al archipiélago el pasado noviembre para conocer de primera mano las condiciones de la acogida a los inmigrantes.
Fueron 23.023 los que llegaron en 745 pateras el año pasado a Canarias, de acuerdo con el balance oficial del Ministerio del Interior, pero la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM) calcula que al menos 600 perdieron la vida en el intento, una cifra que supone una estimación mínima ya que el número real de vidas perdidas puede ser mucho mayor.
De hecho, el colectivo Caminando Fronteras eleva el número de muertos y desparecidos en esa zona del Atlántico a 1.851 personas, según la información que recopila por medio de su teléfono de alertas y los relatos de supervivientes o de las familias que están en búsqueda de personas desaparecidas.
Cruz Roja calcula que el flujo de pateras hacia las islas tiene una tasa de mortalidad de entre el 5 y el 8 %. Si esos porcentajes se aplican a los 23.023 llegados a Canarias en 2020, la horquilla de víctimas oscila entre 1.151 y 1.841.
En su informe, el Defensor del Pueblo explica que se han recibido varias quejas por la dificultad a la que se enfrentan los familiares de quienes viajan rumbo a Canarias para obtener información sobre el estado y paradero de los supervivientes, de las actuaciones llevadas a cabo para su rescate e identificación o para denunciar la desaparición de sus allegados.
Y lamenta que ninguna Administración asuma su responsabilidad a la hora de atender a las familias de los supervivientes y de las víctimas y de «promover actuaciones tendentes a documentar el número de desapariciones en esta peligrosa ruta».
La ausencia de un registro de pasajeros y el limitado número de denuncias registradas -ya sea por miedo de los supervivientes a sufrir represalias o por los obstáculos que encuentran las familias-, dificultan asimismo la identificación y recuento de quienes pierden la vida en el intento, asevera el informe.
La institución explica que han iniciado actuaciones para identificar el marco y protocolos de actuación en vigor, así como las respuestas de las autoridades estatales y locales y desvela que ha solicitado información acerca de las tareas de identificación de posibles desaparecidos, el cotejo con los datos de los supervivientes identificados y la atención prestada a sus familias.
«Siendo conscientes de las dificultades que la identificación de fallecidos y la atención a sus familias entraña en este contexto, el Defensor del Pueblo considera necesario encontrar una fórmula clara para dar respuesta a las familias, contribuyendo a su vez, mediante la documentación y seguimiento eficaz, a mejorar las tareas de prevención y rescate que permitan reducir al fin el número de muertes en esta ruta», concluye el Defensor.
