El documento de la proposición de ley de la amnistía cuenta con dieciséis artículos y veintidós páginas, y excluye el perdón para los delitos de terrorismo
El PSOE ha registrado este lunes por la tarde la proposición de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados en solitario, sin las firmas de sus socios de investidura: Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG, según han confirmado a EFE fuentes socialistas.
El ministro de la Presidencia en funciones y miembro de la Ejecutiva del PSOE, Félix Bolaños, ha recalcado que la proposición de Ley de la amnistía es «plenamente constitucional» tanto en su contenido como en su finalidad, «sin ningún género de dudas» y ha confiado en que los jueces la apliquen.
En rueda de prensa en el Congreso minutos después de que el PSOE haya registrado esta tarde en solitario la proposición de Ley de amnistía «para la normalización institucional, política y social en Cataluña», Bolaños ha incidido en que son los partidos políticos que no han estampado su firma los que tienen que explicar «las razones de por qué toman decisiones en un sentido u otro».
Asegura que la ley de la amnistía será apoyada por 178 diputados
Bolaños ha dejado claro es que la proposición de Ley -que espera que se tramite lo más rápidamente posible y con «rigor» parlamentario-, será apoyada por 178 diputados, procedentes del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG, ya que aunque Coalición Canaria ha avanzado que votará a favor de la investidura de Sánchez, se ha desmarcado de esta ley.
«Es absolutamente conforme con la Constitución» y «nace de un acuerdo de partidos políticos diferentes que lograrán conformar una mayoría de cara a la próxima investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez», ha insistido Bolaños tras confiar en que los jueces apliquen la norma.
El ministro en funciones ha recordado que son los tribunales los que deben analizar, estudiar y «aplicarla como corresponde en un Estado de derecho», por lo que en este sentido ha dicho que serán los jueces los encargados de dirimir los casos de la expresidenta del Parlamento catalán, Laura Borrás, y del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.
«Los abogados y jueces aplicarán la ley»
«Y así será sin ninguna duda. No tengo ninguna duda de que todos los tribunales y jueces aplicarán la ley», ha reiterado.
De momento fuentes socialistas han señalado que, según sus cálculos, la ley de amnistía podría beneficiar a 309 encausados independentistas y a 73 policías.
Tras afirmar que ha habido más de 50 leyes de amnistía aprobadas desde la Segunda Guerra Mundial en países del entorno, Bolaños ha indicado que la amnistía es «un instrumento político reconocido en el derecho internacional» y que es «absolutamente conforme con nuestra Constitución y nuestro marco legal».
«Es una ley que ha registrado el grupo socialista y se ha elaborado de forma impecable desde el punto de vista constitucional», ha dicho al tiempo que ha añadido que es «un paso de gigante para la convivencia y el reencuentro en Cataluña».
Bolaños considera que la nueva ley «cerrará heridas» y ha sido enfocada «con valentía», y ha valorado que sean en las Cortes Generales donde «se hable de lo que nos une y no de lo que nos diferencia».
«Es imprescindible para que nuestro país sea un país mejor», ha puntualizado en varias ocasiones.
«Respeta plenamente los valores democráticos y constitucionales».
Asimismo, ha querido diferenciar esta proposición de Ley de la que presentaron los partidos independentistas en 2021 y que fue rechazada por los socialistas en el Congreso tras un informe desfavorable de los letrados. En este aspecto, ha dicho que en la nueva ley la exposición de motivos «respeta plenamente los valores democráticos y constitucionales».
Bolaños ha comentado que el Gobierno socialista en funciones comprende «perfectamente que haya personas que estos días hayan podido tener alguna preocupación por la lay de amnistía», pero ha añadido que «hoy cuando la hayan leído se habrán tranquilizado y habrán visto que es un texto constitucional que busca claramente mejorar la convivencia en nuestro país».
«A esas personas que han tenido alguna preocupación les decimos que miren al futuro con optimismo, que miren al futuro con tranquilidad, es una ley constitucional», ha subrayado.
Y sobre la contrapartida que reciben de los independentistas a cambio de registrar esta ley, ha señalado que esta norma «trasciende cualquier lenguaje de contrapartida» y no hay que fijarse en qué cede uno o qué aporta otro.
Preguntado sobre si teme que haya protestas a las puertas del Congreso este miércoles y jueves durante el pleno de investidura de Sánchez, Bolaños ha respondido que son dos «grandes días para la democracia» y que espera que se desarrollen con «normalidad democrática».
El PP ve «una humillación sin precedentes»
El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha señalado que el registro de la proposición de Ley de amnistía en el Congreso representa una «humillación sin precedentes» para España y ha afirmado que el texto condenará a los jueces que no archiven las causas del ‘procés’ a una «guerra sucia judicial».
En un vídeo difundido a los medios, Pons ha lamentado el «cinismo» y «la mentira» con la que actúa el Gobierno al defender ahora el ministro en funciones de Presidencia, Felix Bolaños, que la amnistía es «plenamente constitucional» cuando hace meses, ha recordado el dirigente popular, el PSOE y miembros del propio gobierno sostenían que no tenía ese encaje.
Pons ha destacado que el texto representa «una humillación sin precedentes» de la que Europa «tomará nota» y ha vaticinado que «bloqueará cualquier decisión» de los tribunales al ordenarse «el archivo inmediato» de las causas aunque los jueces «tengan dudas razonables» sobre la aplicación de la propia ley de amnistía.
En este sentido, ha resaltado que si los jueces deciden no archivar las causas del ‘procés’ se les aplicará «la doctrina de la guerra sucia judicial», que es, ha criticado, lo que se desprende del acuerdo entre el PSOE y Junts.
Para Pons, defender ahora la constitucionalidad de la amnistía supone convertir el escaño de Pedro Sánchez «en un bien de compra-venta en Wallapop», en referencia a una plataforma de comercio de bienes, principalmente, de segunda mano.
Dieciséis artículos y veintidós páginas
La proposición de ley orgánica de «amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña» borra los delitos relacionados con el «procés» cometidos durante una década, exonera de forma expresa al expresident Carles Puigdemont y el resto de fugados y da un plazo de dos meses a los jueces para que la apliquen.
La ley tiene dieciséis artículos y veintidós páginas, de las que la mitad están dedicadas a la exposición de motivos. En ella se subraya la necesidad y la constitucionalidad de la ley, se afirma que no afecta a la separación de poderes y se recalca que se respeta el principio de igualdad y de proporcionalidad.
Los beneficiados
La ley implica anular la «responsabilidad penal, administrativa y contable» de todas aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
Además de los dirigentes políticos independentistas, quedan cubiertos directores de colegios en los que se colocaron urnas del 1-O, alcaldes, manifestantes y agentes policiales que actuaron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.
Los excluidos
La norma excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en las directivas europeas, que abarcan desde atentados mortales a la fabricación de explosivos, así como los de torturas graves.
Queda ahora mismo en el aire una posible amnistía para dos de las causas abiertas al independentismo por terrorismo en las que aún no hay sentencia: la de las protestas de Tsunami Democràtic, en la que la Audiencia Nacional investiga a Puigdemont, y la secretaria general de ERC Marta Rovira, así como la de los CDR encausados por planificar actos de sabotaje en repuesta a la sentencia del procés.
Quedan excluidos también los actos dolosos que hayan provocado una muerte, la pérdida de un miembro, un órgano o un sentido, o impotencia, esterilidad o una grave deformidad.
Las cargas policiales
No se menciona su nombre, pero sí se hace referencia directa a él al señalar que «quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión», así como «las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención», que afectan también a los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
La justificación
En la proposición se asume que la aplicación de la legalidad es «necesaria», pero «en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo», por lo que aboga por adaptar el Derecho al contexto político.
Se justifica la amnistía «por la convivencia democrática», «en aras del interés general» y «para la superación de un conflicto político».
La norma, se señala, aspira a «generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España»
Su encaje constitucional
El texto destaca que «la Constitución no prohíbe la institución jurídica de la amnistía», porque así lo quiso el constituyente de 1978 cuando abordó la amnistía de 1977, aunque sí prohibió expresamente los indultos generales. Sostiene que es «un mecanismo constitucional» en el que se garantiza que «todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional».
La aplicación
La ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los tribunales y los órganos administrativos y contables implicados, con casos vinculados al procés, deberán aplicar la ley con carácter «preferente y urgente» en un plazo máximo de dos meses.
El «lawfare»
El «lawfare«, la presunta persecución política desde los tribunales recogida en el acuerdo firmado por el PSOE y Junts y que ha suscitado el rechazo unánime de todos los operadores jurídicos, no aparece en la ley, que tampoco habla de posibles comisiones de investigación en el Parlamento que se mencionaban en ese pacto.
Recuerda el texto que «el Poder Judicial está sometido al imperio de la ley» y que la función de los jueces es aplicarla. Con su «decisión de política legislativa», añade, las Cortes «no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político».
El dinero
La ley de amnistía borrará la presunta «responsabilidad contable» de más de una treintena de exdirigentes catalanes, incluido Carles Puigdemont, a los que el Tribunal de Cuentas reclama entre 3 y 5 millones de euros.
Por otra parte, la amnistía no dará derecho a percibir indemnización alguna, ni la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanción -lo que afecta, entre otros, al expresident Artur Mas- y tampoco exonerará de la responsabilidad civil frente a particulares. EFE
Otras reformas legales
En una disposición adicional, se modifica el artículo 130 del Código Penal para incluir expresamente la amnistía como un supuesto de extinción de responsabilidad criminal, junto al indulto.
Se reforma también la Ley del Tribunal de Cuentas para recoger que los amnistiados quedan exentos de responsabilidad.
