Alicia Vanoostende, diputada socialista por La Palma, asegura que en el anterior gobierno «no hubo ningún engaño sino la búsqueda de una solución para la emergencia en la que nos encontrábamos: la única posible»

La diputada socialista por La Palma, Alicia Vanoostende, ha pedido responsabilidad al consejero de Agricultura, Narvay Quintero, con el agro palmero y que trabaje «de una vez» en favor de los agricultores afectados por el volcán. «El nuevo Ejecutivo, tal y como hizo el Gobierno del Pacto de las Flores, tiene que trabajar de una vez para ayudar a los agricultores», insistió.

Así lo ha señalado este lunes en una rueda de prensa. Ha puesto de manifiesto el «carrusel irresponsable» en el que han entrado el actual consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias y su director general, Javier Gutiérrez Taño, con respecto a la devolución de las subvenciones de los agricultores afectados por la erupción volcánica.

Alicia Vanoostende considera que tanto el consejero como el director general únicamente pretenden «esconder su incapacidad para activar medidas en favor del sector agrícola palmero, que sigue sin saber nada de la reconstrucción agraria ni de las ayudas por pérdida de renta». «Volveríamos a hacerlo igual si estuviéramos en noviembre de 2021, porque la otra opción era dejar a las familias sin recursos», sentenció Vanoostende.

El trabajo iniciado en septiembre de 2021

La diputada se remontó en su comparecencia, donde estuvo acompañada por diputados y otros cargos públicos del PSOE de La Palma, a septiembre de 2021. Cuando empezaron los encuentros con las cooperativas, Asepalma y Asprocan. Para gestionar la emergencia y las necesidades que iban surgiendo. El acceso a las fincas, los estudios de los daños a la fruta, la rotura de las redes de riego, entre otras.

«La erupción parecía no tener fin, el tiempo iba pasando y no se veía una conclusión cercana. Muchos agricultores llevaban desde septiembre sin cortar una piña. Su situación de liquidez era preocupante, los gastos de estas personas aumentaban y no tenían ningún ingreso», recordó la parlamentaria.

Ante esta situación, explicó la exconsejera de Agricultura, «se podría haber esperado hasta concluir la campaña del plátano, a finales de agosto de 2022, para tener los datos de las pérdidas de cada agricultor y pagarle la indemnización, tras recibir los datos de la OPP en octubre-noviembre, hacer los cálculos y finalmente pagar sobre diciembre de 2022. Es decir, un año y tres meses después de la erupción».

«Pero esta decisión, para un sector de pequeños productores, no era justa porque habríamos dejado tirados a los agricultores 15 meses sin ver un euro. Hubiera sido la bancarrota para muchas personas«, afirmó Vanoostende. Recordó que en las sucesivas reuniones las OPP «nos pidieron buscar una fórmula para ir anticipando esas pérdidas, que se basó en un reglamento europeo, que establecía que había que calcular la pérdida de renta».

Vanoostende detalló que esto se llevó a cabo «haciendo una estimación con los precios medios de los últimos 5 años, de los rendimientos en kilos estimados de cada agricultor, es decir, una estimación de los ingresos medios. Y de esa estimación de ingresos medios se calculó, por los estudios técnicos en campo, que el daño era un 100% en la zona directamente afectada. Mientras que en el resto del Valle la pérdida iba a ser del 30%, y que en Fuencaliente y Tijarafe sería de un 10%. Eso fue lo que se le adelanto a cada agricultor».

«La desviación del cálculo no fue un error de fórmula sino de previsión debido al aumento del precio del plátano en 2022»

La desviación del cálculo, explicó, no vino de un error de la fórmula, sino de previsión porque no se esperaba el incremento del precio del plátano que se produjo en 2022. «El mercado es imprevisible y ni Asprocan, ni las OPP y menos aún la Consejería pudieron prever que el precio pasara de 50 céntimos a 1,5 €/kg», recalcó. «Por tanto, cuando a final del año agrícola se hacen los cálculos de los datos reales, hubo agricultores que perdieron menos de lo que se había estimado. Una subida de precios que fue positiva para los agricultores», aclaró la parlamentaria.

Vanoostende quiso recordar que esta situación se fue tratando a partir de principios de 2023 con las OPP. «Para buscar fórmulas que no perjudicaran a los agricultores a los que se ha ayudado desde el principio». «El nuevo Ejecutivo, tal y como hizo el Gobierno del Pacto de las Flores, tiene que trabajar para ayudar a los agricultores. Con medidas que pueden pasar por compensar con otras ayudas, entre otras medidas», subrayó.

«Política rastrera para atacar al anterior gobierno»

La exconsejera señaló que al igual que hizo cuando se puso al frente de la Consejería, «el actual Gobierno tiene que ponerse a trabajar para buscar soluciones. En lugar de hacer política rastrera para atacar al anterior gobierno. Nosotros jamás empleamos estos argumentos para atacar al anterior Gobierno, pero cada uno se retrata con su actuación», apostilló.

La parlamentaria concretó que 1.000 de los 1.200 agricultores afectados. Es decir, el 80%, deberían reintegrar menos de 5.000 euros, de los que más de la mitad serían menos de 1.000 euros. El mayor importe a integrar, que son 100.000 euros, corresponde a un beneficiario que tenía la parcela en la zona cero, por lo que se le anticipó el 100% de las pérdidas previstas. Este beneficiario también tenía otras fincas en otras islas Que triplicaron los ingresos medios, por lo que al calcular la pérdida se vio que no había tenido ninguna pérdida ese año, aclaró Vanoostende.

Fincas de otras islas

«En esta cortina de humo que tratan de propagar el consejero y su director general se nos ha llegado a acusar del disparate de dar ayudas por fincas que estaban fuera de la isla de La Palma. Es cierto que para calcular los ingresos de los beneficiarios se tienen en cuenta todas las fincas. Pero los anticipos se dieron solo por las fincas en las zonas afectadas», destacó la diputada.

De hecho, prosiguió, «algunas OPP que tenían grandes propietarios con fincas en otras islas pidieron que no se hiciera así. Pero les explicamos que no era una cuestión de querer hacerlo o no, sino que la normativa es clara cuando habla de que la pérdida de ingresos es de la explotación agraria, que incluye todas las parcelas. Eso, además, se discutió en el proceso de redacción de la convocatoria, y las OPP lo tenían claro».

Vanoostende indicó que también se les ha acusado de dar las ayudas «a lo loco». Dijo que estas convocatorias «se trabajaron desde los servicios técnicos y jurídicos de la Dirección General de Agricultura. Con la supervisión de los servicios jurídicos de la Consejería y de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, como todas las ayudas».

«Populismo rancio»

«Hasta tal punto se ha llevado este asunto al populismo más rancio que se nos ha acusado de haber dado la ayuda con interés electoralista. Nosotros no pensábamos en las elecciones cuando buscábamos soluciones ante la catástrofe natural que sufrimos. Otros, quizá, sí. La campaña electoral para algunos empezó con el volcán», agregó la parlamentaria socialista.

«No hubo, por tanto, ningún engaño, sino la búsqueda de una solución para la emergencia en la que nos encontrábamos: la única posible. Tampoco se le escondió esta situación al nuevo Ejecutivo. Y se trató por parte del anterior director en las reuniones con el nuevo para el traspaso de funciones», sostuvo.

Vanoostende ha lamentado que este ataque al anterior Ejecutivo «responde a cuestiones políticas y viene a tapar la falta de impulso con las cuestiones de La Palma desde el mes de julio, y va también contra los equipos técnicos de la Consejería, a los que se les ha acusado también de falta de rigor y seriedad, y también a los agricultores afectados, a los que se les está engañando con todas estas cuestiones y modificando a sus espaldas la reconstrucción agrícola del Valle de Aridane».