La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha advertido este miércoles de que los incidentes que se han producido en el campamento de acogida de Las Raíces, en Tenerife, los más graves de toda esta crisis migratoria, son «la punta de iceberg» del deterioro que pueden producir las políticas que pretenden convertir a Canarias en «islas cárcel»
La directora general de CEAR, Estrella Galán, ha subrayado que «la intervención de la Policía Nacional, disparando pelotas de gomas, nos parece una barbaridad que lo único que hace es sumar a esa imagen negativa y de conflicto» que, desde el punto de vista de la Comisión, se está trasladando a la sociedad sobre los flujos migratorios, alentando con ellos discursos de rechazo y xenofobia.
Ocho inmigrantes fueron detenidos este martes y varios sufrieron heridas después que la Policía Nacional pusiera fin con material antidisturbios a una riña tumultuaria que se había producido en el interior de Las Raíces, el mayor de los campamentos provisionales habilitados por la Secretaría de Estado de Migraciones en Canarias y el más criticado por las ONG y colectivos sociales, por el frío y el hacinamiento que soportan sus 1.464 residentes.
Galán ha dicho además que cada vez ven más claro que en Canarias se aplican las mismas políticas europeas «de contención en islas», «de bloqueo sine die» de los inmigrantes en territorios alejados y de vulneración de los Derechos Humanos que ya se experimentaron en Lesbos y en otros enclaves de Grecia, pese a que generan «frustración» en personas que se siente privadas de futuro y pueden derivar en una escalada de «autolesiones» y «suicidios».
CEAR ha presentado este miércoles su informe «Migración en Canarias: la emergencia previsible», cuyo título ya deja claro cuál es la visión de esta ONG sobre lo ocurrido en 2020, cuando la reactivación de la Ruta Atlántica condujo hacia las islas a 23.023 personas en pateras y cayucos, la segunda cifra más alta de su historia, tras lo vivido en 2006, con 31.678 llegadas.
CEAR habla de falta de previsión
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado pide que esa cifra se analice en un doble contexto: ni la afluencia de pateras es nueva en las islas, que llevan 27 años conviviendo con este fenómeno, ni 2020 fue un año excepcional de llegadas de irregulares por mar a España, salvo por el hecho de que se concentraron en Canarias, al cerrarse en la práctica las mayoría de las rutas del Mediterráneo.
«Al margen de lo ocurrido en Canarias, España ha afrontado con un cierto desahogo para la gestión de las llegadas, con una menor presión en los programas estatales de acogida y con un descenso significativo de las solicitudes de asilo. La pregunta que debe plantearse entonces es: «¿Cómo pueden explicarse la situación que se ha vivido en las Islas Canarias?», plantean los autores del informe.
Para CEAR, los culpables de que una crisis humanitaria haya derivado en varios episodios de «trato inhumano», como los que se vivieron en el campamento del muelle de Arguineguín, que cerró por exigencia del Defensor del Pueblo, son «la falta de previsión», la «descoordinación» entre ministerios, el legado de años en los que «se ha descapitalizado» el sistema de acogida que se creó en Canarias en la crisis los cayucos y, sobre todo, la traslación de las políticas europeas de «bloqueo en islas cárcel».
Estrella Galán ha recordado que CEAR aplaudió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando explicó los motivos por los que se oponía al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, al entender que descargaba todo el esfuerzo sobre los países del Mediterráneo, los que constituyen la frontera sur de Europa: Grecia, Italia y España.
Sin embargo, ha denunciado, el Gobierno español ha cometido «la incoherencia» de aplicar en Canarias esas mismas políticas que censura en Europa, estableciendo medidas que han bloqueado de facto el tránsito a la península de los inmigrantes que no pueden ser expulsados y «apostándolo todo» a una retención en «macrocampamentos» y al «discurso de las devoluciones».
«Canarias no pueden convertirse en un nuevo escenario de la política de contención en islas como medida disuasoria, que es lo que se busca (…) Eso no es gestión migratoria, eso es gestión de fronteras, eso es hacer de parapeto al resto de Europa», ha añadido.
CEAR recoge en su informe las quejas sobre detenciones más allá del límite que permite la ley y otras vulneraciones de derechos de los inmigrantes y de los refugiados que ya han hecho públicas varias ONG internacionales, como Human Rights Watch, o el propio Defensor del Pueblo. Pero, además, exige que se deje de utilizar la pandemia para «justificar» prácticas «que son ilegales».
En la presentación del informe, Antonio Morales (NC), presidente del Cabildo de Gran Canaria, institución que ha patrocinado su publicación, ha secundado la reivindicaciones de CEAR.
Y, además, ha advertido de que el Cabildo de Gran Canaria «no va a consentir que «estas políticas se cronifiquen», sino que convocará a la ciudadanía a rebelarse contra ellas si es necesario
