El Colegio de Administradores de Fincas alerta del incremento de conflictos vecinales y señala a las viviendas vacacionales como una de las principales causas de enfrentamientos.
Luis García, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, ha alertado del preocupante incremento de agresiones, tanto físicas como verbales, en el ámbito de la convivencia vecinal y contra los propios administradores.
En declaraciones a ‘De La Noche al Día‘ de La Radio Canaria, García ha asegurado que “hay mucha más agresividad en las comunidades, no lo habíamos tenido hasta ahora, y en este año llevamos como cuatro o cinco casos ya de agresiones a mi estado de finca”.
El representante colegial ha reconocido que la situación se está volviendo “dura” y que en los últimos años se ha detectado un aumento significativo de la conflictividad entre vecinos. “Hablamos ya de cosas importantes. Siempre tienes a personas con las que sabes que debes medir mucho lo que dices porque en un momento dado te pueden agredir, si no físicamente, verbalmente también”, ha apuntado.
Ante esta realidad, el Colegio de Administradores de Fincas está poniendo en marcha medidas de apoyo y formación para los profesionales del sector. “Queremos establecer un punto de atención a los administradores porque lo requieren. Durante el año hacemos mucha formación precisamente para gestionar estas situaciones”, ha explicado García.
La vivienda vacacional, una de las principales causas
Entre los motivos que generan más tensiones, las viviendas vacacionales se han convertido en una de las principales causas de conflicto. Según García, el problema se centra especialmente en el ruido que generan a cualquier hora del día. Por ello, recomienda a los propietarios dictar normas claras a sus clientes para evitar enfrentamientos con los vecinos.
El presidente ha recordado que para autorizar este tipo de alquiler se requiere el apoyo de tres quintos de la asamblea de vecinos, y que no se permiten cambios posteriores con el fin de garantizar la seguridad jurídica. “El caso de la vivienda vacacional se debe elevar a público para evitar que se vuelva a cambiar. Así, cualquier persona que compre ve que en ese edificio no puede ejercer la vivienda vacacional”, ha concluido.
