La Audiencia Provincial de Las Palmas confirma la condena de tres años de prisión para González Arroyo por fraude a la Hacienda Pública
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado la condena a un total de tres años de prisión que le impuso en abril de 2021 un juzgado de lo Penal al político majorero Domingo González Arroyo por fraude contra la Hacienda Pública cometidos con la empresa Calaofu, que ambos administraban.
Asimismo, la Audiencia Provincial condena también a tres años de prisión a Eduardo Espinel, colaborador en el fraude.
Domingo González Arroyo deberá además abonar dos multas que suman 815.241 euros y hacer frente hasta el 100 % de los pagos pendientes con Hacienda. Eduardo Espinel recibe una multa de 407.620 euros, aunque la Audiencia acepta reducir la indemnización que le corresponde al 25 % de las cantidades defraudadas.
Según una sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario de abril de 2021, ambos emplearon la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) de manera indebida para acogerse a sus beneficios y en las declaraciones del impuesto de sociedades de los años 2009 y 2010 incorporaron gastos no deducibles.
Hechos probados
Según los hechos probados, la empresa Calaofu efectuó una dotación para la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) con cargo a los beneficios de los años 2005 y 2006 por un importe de 605.000 y 600.000 euros, respectivamente, lo que les obligaba a efectuar una inversión por ese importe, según establece la Ley 19/1994.
Sin embargo, González Arroyo y su exchófer, puestos previamente de acuerdo y con claro ánimo de defraudar a la Hacienda Pública, dice la sentencia, presentaron deliberadamente en las declaraciones relativas al impuesto sobre sociedades de los años 2009 y 2010, cuando tenían que haber materializado la RIC, unas bases imponibles contrarias a la normativa fiscal por tratarse de gastos no deducibles y materializaciones indebidas.
Condenado en 2015
El Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife ya condenó en 2015 a González Arroyo a nueve años de inhabilitación para ejercer de alcalde y concejal por un delito de prevaricación, cuando acababa de tomar posesión como regidor de La Oliva por el PP Majo.
Domingo González Arroyo se negó a acatar la inhabilitación como alcalde -cargo que recuperó tras tres legislaturas- y llegó a cambiar la cerradura del Ayuntamiento, que abandonó cuando fue instado a ello por tres policías municipales.
El histórico alcalde de La Oliva, municipio del que fue regidor 26 años, cometió un delito de prevaricación en 2001 cuando era del Partido Progresista Majorero al haber permitido explotar una cantera que carecía de permisos en Lomo del Pájaro.
