El Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad un informe desfavorable a esa modificación del REF que, finalmente, ha sido aprobada este miércoles
El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles de manera definitiva la ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, ley que ha estado rodeada de polémica hasta el punto de que dos partidos han intentado paralizar su debate: el PP para esperar a que se resuelva su reclamación sobre la anulación de la bajada del IVA de las peluquerías, algo rechazado por la Mesa, y Coalición Canaria porque entiende que la ley contraviene el Régimen Económico y Fiscal (REF).
La votación se llevó a cabo a pesar del informe desfavorable que aprobó de forma unánime esta semana el Parlamento de Canarias y del anuncio del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, de que se iba a convocar la Comisión Bilateral Canarias-Estado para abordar este asunto.
Los cambios del Senado que sí se han votado y aprobado afectan al impuesto de matriculaciones, los pactos sucesorios, las obligaciones de los notarios, las deducciones fiscales para la producción cinematográfica en Canarias -que según Coalición Canaria no alcanzan a cumplir el REF-, el aumento de la plantilla de la Agencia Tributaria o la adaptación del texto al lenguaje inclusivo.
Extensa normativa
La ley de lucha contra el fraude es una normativa extensa que incluye medidas como la prohibición de las amnistías fiscales, la bajada de 2.500 a 1.000 euros de la limitación de los pagos en efectivo a profesionales o la rebaja del umbral para entrar en la lista de morosos de un millón a 600.000 euros.
La norma refuerza el control de las sociedades de inversión de capital variable (sicav), cuyos socios tendrán que tener una participación mínima de 2.500 euros, y crea un gravamen especial del 15 % sobre el beneficio no distribuido de las socimis ((sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria).
Entre los elementos más polémicos de la tramitación figura una modificación del impuesto de matriculación, que asumirá en lo que queda de año los umbrales de emisiones vigentes hasta 2020, más ventajosos que los actuales.
También ha generado controversia la eliminación de las ventajas fiscales para los pactos sucesorios -que finalmente se mantendrán si los bienes se venden más de cinco años después de suscribirlos- o la elaboración de un valor de referencia de los inmuebles sobre el que se calcularán los impuestos de sucesiones, transmisiones patrimoniales y patrimonio.
