El Comisionado de Transparencia presentó el informe correspondiente a 2019 y el avance de 2020 y 2021 en el Parlamento de Canarias
El Comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, y la mayoría de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias han criticado este miércoles el silencio administrativo que reciben los ciudadanos cuando piden información a las instituciones, forma de actuar que aumentó en el año 2019.
Daniel Cerdán, en la presentación ante el pleno de la Cámara del informe del Comisionado de Transparencia correspondiente a 2019 y el avance de los de 2020 y 2021, ha afirmado que el silencio administrativo, motivo del 80% de las reclamaciones de la ciudadanía, no es un despiste» y ha señalado que negar información a los ciudadanos es incumplir.
«Incumplir es no dar una explicación aunque sea de cinco líneas», ha manifestado el Comisionado de Transparencia, quien ha esgrimido que el silencio desinforma y es «una gran vacuna contra la verdad a combatir».
Ha avanzado que se ha iniciado un programa de derecho de acceso a la información con el fin de revisar los procedimientos coercitivos en la futura ley de gobierno abierto que, a su juicio, será la gran reforma de transparencia en Canarias.
Aumentan las preguntas sin respuesta
Según el informe al que ha hecho referencia en su intervención en el Parlamento de Canarias, la proporción de preguntas sin respuesta aumenta ligeramente con respecto al informe anterior: el 12,39 % de las 2.970 solicitudes quedaron pendientes por silencio administrativo, mientras que en 2018 representaban el 11,06 %.
No obstante, destaca que, si bien el porcentaje de preguntas no contestadas es mayor que en el informe anterior, no aumentó tanto como entre 2017 y 2018.
El silencio administrativo se produce cuando una entidad no resuelve una solicitud en el plazo máximo de un mes, no obstante, como las solicitudes desestimadas por silencio administrativo se deben atender, aunque haya transcurrido el tiempo legal previsto para ello, se entiende que esas solicitudes están pendientes de resolución fuera de plazo y, por tanto, deben incluirse en el total de solicitudes a resolver hasta que se tramiten.
Además, Cerdán ha señalado que cuando las administraciones están obligadas a contar lo que hace, «lo hacen mejor», ya que el bienestar social se relaciona con la transparencia, que no solo responde al derecho informativo de los ciudadanos sino que mejoran los servicios públicos.
Alto número de reclamaciones
La diputada del PP, Astrid Pérez, ha puesto de relieve el alto número de reclamaciones, pues, según ha apuntado, un total de 336 instituciones o entidades públicas denegaron peticiones de información.
El 76% de éstas tenían derecho a acceder información publica que no se les facilitó, ha alertado Pérez, para quien el silencio administrativo es lo peor que le puede pasar a un ciudadano en su relación con las instituciones.
La diputada de CC, Socorro Beato, ha lamentado una escasa participación de la ciudadanía que no sabe si tiene que ver con el cansancio ante la opacidad.
Ha puesto la gestión de la COVID como «claro ejemplo de ausencia de transparencia» y ha insistido en la importancia de la labor fiscalizadora de la oposición.
En este sentido, le ha reprochado al Gobierno que «bajo el pretexto» de la erupción en La Palma, de la crisis migratoria o de la pandemia se le pida silencio a las fuerzas de la oposición.
Beato, que ha criticado que no se haya ofrecido información respecto al cambio de postura de España respecto al Sahara Occidental, ha avisado de una falsa apariencia de transparencia del Gobierno, al que le ha exigido que de explicaciones sobre sus decisiones.
Mejora de la transparencia
El diputado de Sí Podemos Canarias, Francisco Déniz, ha apuntado que la tendencia es al alza en ganar en democracia, pues en el año 2015 se empezó con 18 expedientes y ahora hay más de 3.000, al tiempo que ha recalcado que «a mayor bienestar mayor democracia y mayor transparencia».
El diputado de Sí Podemos Canarias ha denunciado que la no respuesta no tenga un coste para las instituciones, mientras que el representante de Nueva Canarias, Luis Campos, ha precisado que «solo» el 5% de las entidades públicas no presentaron su declaración de transparencia.
Luis Campos ha comentado que cuando se incrementan las reclamaciones puede ser por desidia de las instituciones o porque los ciudadanos se atreven a reclamar sus derechos y tienen conciencia sobre la transparencia.
80 % de reclamaciones por silencio administrativo
El diputado de la Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, ha defendido la importancia de impulsar la mejora del sector publico canario a través de la transparencia para que sea sensible con los ciudadanos para que estén más informados de lo que hace la administración.
Asimismo, Jesús Ramos ha denunciado que el 80% de las reclamaciones se deben a silencio administrativo.
En la misma línea, el diputado del grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente, ha lamentado que la falta de respuesta de las administraciones es un freno a la toma de decisiones que frena, por ejemplo, algunas de carácter empresarial.
Ha alertado de la falta de transparencia de las universidades, que suspenden en 2019 aunque mejoran notablemente al año siguiente, y de algunos municipios «que siguen sin tomarse en serio la transparencia».
Además, ha abogado por la publicación de todos los contratos durante la pandemia y de las ayudas y subvenciones concedidas.
La diputada del PSOE, Yolanda Mendoza, ha valorado el trabajo del Comisionado de Transparencia pues, a su juicio, Canarias es un referente de transparencia y acceso a la información.
