El Parlamento de Canarias ha aprobado este martes la Ley del Cambio Climático y la ley de Renta de Ciudadanía
El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este martes la Ley de cambio climático y transición energética, con el apoyo de los cuatro grupos del pacto de Gobierno y Coalición Canaria y la oposición de Partido Popular y Ciudadanos.
Una negociación de última hora permitió la incorporación de la mayoría de las enmiendas del grupo Nacionalista y el respaldo final de este grupo a la nueva legislación medioambiental, mientras que los representantes de PP y Ciudadanos denunciaron la falta de diálogo de los grupos del Gobierno y advirtieron de que esta normativa generará más burocracia, inseguridad jurídica y paralización económica.
Adaptación al cambio climático
La ley pretende regular las medidas encaminadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, garantizar la transición energética para alcanzar la neutralidad en carbono y la reducción de gases de efecto invernadero, con medidas que requerirán un «esfuerzo colectivo» en los sectores público y privado.
Con la aplicación de esta ley se busca avanzar en la reducción progresiva de la utilización y el consumo de combustibles fósiles, en el uso racional de la energía, en el incremento de las energías renovables, en la mitigación y en la adaptación a los efectos del cambio climático, entre otras finalidades.
Torres: «Un salto cualitativo hacia las islas del futuro»
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, realzó la importancia capital de las dos leyes aprobadas hoy por el Parlamento regional sobre Cambio Climático y Renta de Ciudadanía, con la que se cumple uno de los preceptos principales del nuevo Estatuto de Autonomía renovado en 2018. Tras la votación, el jefe del Ejecutivo autonómico recalcó que la sostenibilidad ambiental y social “son dos de los pilares fundamentales” en los que se asentó el actual Pacto de las Flores y quedan reforzados como nunca con este paso dado, histórico por la relevancia de los dos textos legislativos respaldados el mismo día en la Cámara y clave para el presente y futuro de las islas.
Torres destaca que se trata de las dos leyes “más importantes de la legislatura, ya que es la primera vez que Canarias tiene una norma para luchar contra el Cambio Climático y para garantizar una renta a las personas o familias que más lo necesitan”. Según recalcó, además, se trata de normas “ampliamente demandadas y participadas por la sociedad, por lo que sólo puedo estar muy satisfecho por la aprobación de los dos textos en el Parlamento en este día”.
«Preservar el planeta y buscar la sostenibilidad social»
“Hay que preservar nuestra tierra y el planeta, y buscar la sostenibilidad social”, indicó el presidente, para el que el ingreso mínimo que se garantiza desde ahora con la renta de la ciudadanía de Canarias ofrece mucha más seguridad al estar amparado por una ley que engloba ayudas que han hecho una gran labor hasta ahora, como la Prestación Canaria de Inserción (PCI), o servir de complemento a las pensiones no contributivas y otras aportaciones de carácter social.
Para Torres, la Ley del Cambio Climático contribuirá a la conservación del Archipiélago con un texto que obliga a la sociedad, las empresas, administraciones y a cada individuo a modificar muchos hábitos y aportar todo lo posible por un futuro más equilibrado y ecológico, “por ejemplo, con un turismo sostenible”.
Gratuidad de guaguas y tranvía
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha garantizado este martes en el pleno del Parlamento de Canarias que la gratuidad para los bonos y títulos multiviaje comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2023, «sin duda».
De esta forma ha contestado a la pregunta formulada por la diputada de Nueva Canarias Ester González, quien solicitó la comparecencia del consejero para que pusiera «negro sobre blanco» sobre esta medida, en vista de que «las mentiras tienen las patas muy cortas, pero hay que ver cómo corren», ha dicho aludiendo a CC.
El debate ha estado trufado de acusaciones cruzadas entre el consejero y la diputada de Nueva Canarias, por un lado, y los parlamentarios de la oposición, por otro.
Críticas de la oposición
Estos últimos han reprochado al gobierno regional, y por extensión a los cabildos, que estén «poniendo palos en las ruedas», y a los partidos que sustentan al ejecutivo canario de actuar «con envidia» y ponerse «mimosos» porque la medida la consiguió CC con su enmienda a los Presupuestos Generales del Estado.
Franquis y Ester González han cargado contra dirigentes nacionalistas, entre ellos el expresidente y actual senador Fernando Clavijo, así como la diputada nacional María Fernández, por declarar públicamente que gobierno y cabildos se ahorrarían, con la gratuidad del 100%, dinero que podrían destinar a mejorar la flota o para ayudar al taxi, o porque en principio se insinuase la gratuidad universal.
El consejero ha recordado que esa bonificación del 100% solo cubre el 25% del coste total de esos abonos y títulos multiviaje.
También ha indicado que le sorprenden las acusaciones de poner trabas a las administraciones regional e insulares cuando en estas últimas hay representación de diferentes fuerzas políticas, incluidos PP y CC, y que comparten la «preocupación» con las compañías operadoras del transporte público terrestre por las consecuencias que puede acarrear esta medida.
En cuanto a la fijación de un mínimo de 15 viajes al mes para poderse acoger a esta bonificación del 100% ha dicho que la media que hacen los usuarios habituales, para quienes está pensada esta medida, es de 60, y que por tanto se ha establecido el límite «más bajo que existe», pues por ejemplo para cercanías y media distancia de RENFE son 20, y además ahí hay que reservar asiento y pagar 20 euros de fianza, por los 5 euros de la tarjeta residente en Canarias.
La enmienda de CC «sin limitaciones» de viajes mínimos
Sobre esto, el diputado del Grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Pablo Rodríguez ha recalcado que en la enmienda presentada a los PGE «no pusimos limitaciones» de viajes mínimos al mes para acogerse a esta medida.
Franquis ha replicado que tampoco se incluía en dicha enmienda «el gratis para todos» ni que Gobierno de Canarias y cabildos «se ahorrarían dinero», lo que «se ha dicho, con claridad, una y otra vez», y para corroborarlo Esther González ha pedido que se reprodujera un vídeo con declaraciones de Fernando Clavijo y María Fernández en este sentido.
«Eso traslada que no saben lo que están presentando. Ni siquiera cuánto cuesta económicamente», lo que acaba dejando la sensación en el sector del transporte de que «uno hace una fiesta y otros pagan», ha proclamado el consejero.
La medida «es buena para Canarias»
Los grupos de la oposición han coincidido en resaltar que la medida es «buena para Canarias» y que los partidos que apoyan al gobierno deberían aplaudirla tras haber ido cambiando de versión con el paso de los meses, entre que el presidente Ángel Víctor Torres se erigió en el «Robin Hood de la gratuidad» y luego se dedicó a «defender el trato discriminatorio» a las islas, ha indicado Poli Súarez (PP).
Vidina Espino, del Grupo Mixto, ha pedido a los grupos que apoyan al gobierno que abandonen «la senda de la envidia y de la inquina», y Pablo González, del Grupo Nacionalista, que dejen de impulsar medidas parlamentarias para «hacer oposición a la oposición».
Esther González ha recordado que en principio Nueva Canarias apoyó esta medida, pero tras analizar sus posibles consecuencias y tras consultar con el sector han reparado en que esta «medida estrella» se trata de «un dislate en términos de planificación» y que CC ha actuado como «un pingüino que oye que regalan bikinis y coge uno para bañarse en el Ártico».
Y ha aprovechado su turno de palabra para arremeter contra Vidina Espino al destacar lo «inédito» en la historia parlamentaria de que alguien aproveche para «subirse a la tribuna como si esto fuera un plató para escenificar un guion escrito por CC para buscarse un echadero».
«Rédito partidista»
Jorge González (PSOE) ha indicado que a su grupo no le «parece mal» la enmienda pactada por CC para apoyar los presupuestos del Estado, pues «todo lo que venga a Canarias, bienvenido sea», pero ha considerado «muy feo» que algunos intenten «sacar rédito partidista«.
Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, ha indicado por su parte que «al final es lo de menos quién logra esta medida. Es el ciudadano. No creo que sea el triunfo de ningún partido sino de los canarios».
El debate ha tenido una nueva derivada, la introducida por el diputado de Sí Podemos Canarias Manuel Marrero, quien ha criticado la «huida hacia adelante» del PSOE al pactar con el PP su apoyo a los presupuestos del Cabildo de Tenerife al incluir enmiendas en favor de los trenes del sur y del norte de la isla. «Carril bus vao sí; trenes del sur y del norte, no», ha proclamado Marrero, quien más allá de esta cuestión ha pedido que la gratuidad del transporte público terrestre en Canarias sea una medida estructural, no solo para 2023.
El Gobierno busca argumentos jurídicos para entrar en AENA
El Gobierno canario se va a apoyar en un dictamen jurídico que ha encargado, y en la unanimidad de las fuerzas parlamentarias en las islas, para seguir reclamando la participación de un representante de la Comunidad Autónoma en el Consejo de Administración de AENA, que por ahora el Estado niega.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, se comprometió en el pleno del Parlamento a seguir insistiendo en esta demanda, amparada en el Estatuto de Autonomía, en una comparecencia solicitada por el diputado del grupo Nacionalista Narvay Quintero, quien anunció que promoverá una iniciativa parlamentaria porque «no es hora de pedirlo, sino de exigirlo».
Quintero dijo que la cogestión aeroportuaria, que pasa por tener un representante canario en el Consejo de Administración de AENA, es un paso necesario pero no suficiente.
«Reversión de la privatización de Aena»
El objetivo final de la Comunidad Autónoma, dijo el representante de CC-PNC-AHI, debe ser la reversión de la privatización de AENA en lo que a los ocho aeropuertos canarios se refiere, para que «no sea nada privado y para que la gestión sea únicamente canaria».
Luis Campos, de Nueva Canarias, también defendió que, más allá de contar con un representante en el consejo de administración de AENA, en lo que coinciden todos los grupos, Canarias debe perseguir la gestión directa de sus aeropuertos, como ocurre en los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira.
El consejero Sebastián Franquis recogió la petición de Narvay Quintero para que en el próximo pleno parlamentario haya un acuerdo unánime de la Cámara para demandar la presencia de un representante en el Consejo de Administración de AENA.
Se trata de una reivindicación «firme y vigente» que el Gobierno de Canarias, formado por PSOE, NC, SPC y ASG, ha mantenido desde el comienzo de la legislatura pero que no ha sido atendida, explicó.
Franquis señaló que la reducción de la participación pública en AENA tras su privatización parcial ha reducido las posibilidades de que Canarias pueda contar con uno de los representantes públicos en el consejo de administración, pese a que en teoría el Estatuto de Autonomía garantiza esa participación de la Comunidad Autónoma en los términos que determine la ley.
«Entendimiento y diálogo con el Gobierno central»
El consejero confió en que su política de «entendimiento y diálogo» con el Gobierno central dé resultado en este asunto como lo ha dado en otros, pero de todos modos el ejecutivo regional ha encargado un dictamen jurídico para reforzar con argumentos legales los planteamientos políticos y estatutarios.
No obstante, advirtió de que la parte privada de AENA que se sienta en el consejo de administración «no ve con buenos ojos» la inclusión de un representante de la Comunidad Autónoma, aunque por otro lado elogió que esta empresas mantiene informado al Gobierno de Canarias de las actuaciones que afectan a las islas.
Franquis: La solución al problema de alquiler de casa es más vivienda pública
La «gran solución» para limitar el precio del alquiler de casas es sacar más viviendas públicas, ha dicho este martes en el pleno del Parlamento de Canarias el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis.
Algo en lo que está de acuerdo la diputada del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Socorro Beato, quien sin embargo ha criticado que el gobierno regional, a pesar de contar con un plan de vivienda, no ha construido en el ámbito público, ya que ha asegurado que las que ha entregado en esta legislatura se iniciaron en la anterior.
El consejero compareció a petición del grupo Nacionalista para hablar de la evolución de los precios de alquiler y compra de vivienda en Canarias, y ha reconocido que influyen muchas cuestiones, entre las que ha destacado las consecuencias que se derivan de la guerra en Ucrania.
Durante la comparecencia del consejero, el grupo Sí Podemos Canarias, uno de los que apoya al gobierno regional, pidió a éste que retire la campaña turística que tiene para atraer el llamado nómada digital, y otro de los socios, Nueva Canarias, reclamó un estudio para conocer la influencia que tienen estos visitantes en los precios de la vivienda de alquiler.
En cuanto a que no se ha construido vivienda con cargo al plan aprobado en esta legislatura, Sebastián Franquis ha manifestado que cuando llegaron al ejecutivo no había proyectos para su ejecución, y el proceso de construcción tarda una media de 36 meses.
Medidas
El consejero ha insistido en que el gobierno central ha tomado medidas como limitar el incremento del alquiler a propietarios de más de diez viviendas, y también se ha referido al proyecto de ley de vivienda que se tramita en el Congreso de los Diputados.
Un proyecto en el que, según el consejero, se da a las comunidades autónomas un instrumento para limitar el precio del alquiler si se produce un crecimiento desproporcionado, y por ello ha pedido a Coalición Canaria que apoye la medida.
La diputada del grupo Nacionalista Socorro Beato replicó que antes de pedir el apoyo de CC a ese proyecto lo que deben hacer los socios en el gobierno central, PSOE y Unidas Podemos, es ponerse de acuerdo sobre la norma.
Pero, además, subrayó Socorro Beatro, «nunca apoyaremos» una ley de vivienda que pone la pelota en el tejado de los ayuntamientos para que estos asuman las responsabilidad, y porque va en contra de los pequeños tenedores y protege a los ocupas.
Además, ha asegurado la diputada del grupo Nacionalista, una nacionalista «jamás» apoyará una norma que vulnera la ley canaria de vivienda.
El consejero Sebastián Franquis respondió que es falso que la propuesta de ley del gobierno central ponga límites a las comunidades autónomas, ya que, afirmó, les da capacidad para limitar precios desproporcionados.
Más viviendas públicas en el mercado
Y ha insistido en que el «gran instrumento» para luchar contra el elevado precio de los alquileres es sacar más viviendas públicas al mercado.
El diputado de Ciudadanos Ricardo Fernández de la Puente ha indicado que se deben promover medidas como revisar los incentivos fiscales en el IRPF, y fijar por ley que el 100 por ciento de las viviendas protegidas que se construyan en los próximos años se destinen al alquiler, entre otras.
El diputado de Agrupación Socialista Gomera (ASG) Jesús Ramos ha comentado que también se puede ayudar a mitigar el alza de los precios tomando medidas de alivio fiscal y para frenar la inflación, así como revisar los salarios al alza en relación con el IPC.
Francisco Déniz, de Sí Podemos Canarias, ha afirmado que el mercado «no se regula solo», y por ello ha apostado por regular los alquileres porque «no hay vivienda» y además más del 50 por ciento de las que se han vendido en Canarias las han adquirido ciudadanos extranjeros.
El diputado de Sí Podemos Canarias ha pedido al gobierno canario que retire «inmediatamente» la campaña turística para atraer a los llamados «nómadas digitales» por sus efectos «perversos» sobre el mercado de la vivienda al actuar como «competencia desleal».
«La solución es una ley de vivienda»
La diputada de Nueva Canarias (NC) Carmen Hernández ha destacado que no es un problema nuevo y hay varias razones que hacen prácticamente imposible acceder a una vivienda, y en su opinión la solución para por una ley de vivienda, por lo que pidió a CC que apoye la que se tramita en las Cortes.
Al consejero le reclamó hacer un centro territorializado del parque de vivienda y analizar si los llamados nómadas digitales distorsionan el mercado.
La diputada del grupo Popular Luz Reverón ha dicho que se queda sin palabras al escuchar a los grupos de gobierno cuando hay 18.000 familias que esperan por un vivienda, cuyo precio en alquiler está a 11 euros el metro cuadrados, lo que «es un lujo», y ha añadido que en Canarias hay una emergencia habitacional.
Y el gobierno de Canarias, en palabras de Luz Reverón, tiene poca altura de miras al decir que antes se estaba peor, y preguntó al consejero dónde están las viviendas del plan aprobado en el Parlamento regional porque «no ha construido absolutamente ninguna».
El diputado del grupo Socialista Jorge González ha reclamado a CC y PP que apoyen en el Congreso de Diputados el proyecto de ley de vivienda.
