El tribunal ha catalogado de lamentable el suceso y ha ordenado que el menor quede bajo la tutela del Gobierno de Canarias en un centro de régimen abierto
La Audiencia de Las Palmas cree «lamentable» la situación que padeció el menor senegalés que pasó casi tres meses en prisión a pesar de haber aportado documentos donde consta que tiene 17 años y pone en cuestión las pruebas usadas para acusarlo de ser el patrón del cayuco con el que llegó a Gran Canaria.
El muchacho, B.C., abandonó el centro penitenciario de Las Palmas II el pasado 14 de marzo después de 82 días de internamiento por orden de este mismo tribunal, que lo reconoció como menor, pues si bien el forense le había adjudicado poco más de 18 años, las pruebas médicas tenían un margen de error en el que cabe la posibilidad de que tenga 17 años, como dice su partida de nacimiento.
Todo ello, después de que Naciones Unidas exigiera a España que lo tratase conforme dispone la Convención Internacional de Derechos del Niño y, por lo tanto, garantizara que no estaba recluido con adultos.
Sin embargo, ese mismo día fue detenido por orden de la Fiscalía de Menores y recluido en un centro de régimen cerrado.
La Audiencia asegura que debería haber sido tratado como menor desde el mismo día que alegó tener 17 años
La Audiencia de Las Palmas vuelve a fijarse en su caso porque su defensa recurrió esa medida de reclusión para menores y, a diferencia de su anterior resolución, esta vez no se queda solo en la vía de escape que ofrecía el informe médico, sino que entra al fondo del asunto.
En un auto dictado este mismo jueves, a sección primera de la Audiencia Provincial considera «lamentable» el caso de este muchacho y subraya que debió haber sido tratado como menor desde el mismo día en que pidió el auxilio de la Pastoral Penitenciaria en la prisión para alegar, por primera vez, que tenía 17 años y exhibir una fotocopia de su partida de nacimiento.
Es decir, desde el 15 de enero. Ese día, su situación llamó la atención de la juez de Vigilancia Penitenciaria, que abrió un procedimiento urgente para advertir a la Fiscalía y al juzgado encargado de su cayuco de que tenían preso a un muchacho que, por lo que figuraba en sus documentos, aún no había cumplido los 18.