El fuego forestal que el verano pasado arrasó casi 9.000 hectáreas de terreno en la cumbre de Gran Canaria y obligó a evacuar a miles de personas se inició en una línea eléctrica privada sin el adecuado mantenimiento, cuya propietaria, la Heredad de Aguas de Firgas y Arucas, había desoído hasta tres advertencias sobre el riesgo de incendio que comportaba.
Esta es la tesis que mantiene la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas en la querella que ha presentado ante el Juzgado encargado de las investigaciones abiertas a raíz de ese incendio, el más grave de cuantos se declararon el año pasado en toda España.
En un escrito adelantado por el diario «Canarias 7» y al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público relata que el incendio forestal comenzó a las 15.45 horas del 17 de agosto de 2019 en el Barranco de Crespo, cerca de la localidad de Valsendero, en el municipio de Arucas.
El fuego, «de tremenda virulencia», subraya, «se propagó rápidamente por el medio de la zona a través de los cauces de los barrancos existentes, alcanzando las cumbres de la isla de Gran Canaria en apenas media hora y quedando fuera de toda capacidad de control y extinción en ese momento por los operativos que acudieron al lugar, hasta alcanzar tal dimensión que no pudo controlarse sino a las 20.15 horas del día 25 de agosto de 2019, ocho días después«.
«La devastación causada por el fuego afectó a un total de 8.637 hectáreas, que resultaron quemadas», buena parte de ellas dentro de espacios protegidos, continúa el fiscal, y «motivó la evacuación de un considerable número de personas de distintos núcleos residenciales de la cumbre y del norte de la isla de Gran Canaria, así como el confinamiento puntual de personas en el pueblo de Artenara, causando igualmente la acción del fuego cuantiosos daños materiales a las infraestructuras públicas y a bienes privados».
La Fiscalía de Medio Ambiente remarca que, tres meses antes, el 17 de mayo, había tenido lugar un conato de incendio en ese mismo lugar, que quemó solo 5.622 metros cuadrados de terreno «situado bajo un tendido eléctrico aéreo de alta tensión, titularidad privada de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas».
La acusación pública llama la atención de que, ya en ese momento, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo Insular de Gran Canaria (BIIF) determinó que ese conato tuvo «relación directa con el incumplimiento de la normativa vigente sobre prevención de incendios forestales en líneas eléctricas aéreas de alta tensión existentes en zona forestal, así como sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas aéreas de alta tensión».
El problema, relataba la BIIF, consistía en que «la falta de mantenimiento y limpieza» de ese tendido hacía que no se respetase «la distancia mínima de seguridad entre los conductores desnudos de la línea eléctrica aérea de alta tensión del Barranco de Crespo (Valsendero) y las copas de los árboles, que no debe ser inferior a dos metros, dando lugar a la caída por gravedad de material vegetal incandescente, procedente de la ignición de combustible forestal existente en altura, tras entrar en contacto un conductor desnudo en tensión de la línea eléctrica que atraviesa el área de inicio».
Y ese material ardiente que caía desde la línea de alta tensión prendió fuego a la pinocha seca que cubría el suelo del barranco.
La Fiscalía deja constancia en su informe de que el mismo equipo de expertos considera que «la causa probable y única constatada» del gran incendio de agosto fue la misma que la del conato de mayo: el mal mantenimiento de la línea eléctrica de 20.000 voltios de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas en el Barranco de Crespo.
El Ministerio Público detalla en su escrito que «en los años de 2013, 2014 y 2015», Endesa y el Gobierno de Canarias habían remitido «diversos escritos de advertencia a la citada Heredad, poniendo en su conocimiento el alto riesgo de incendio forestal derivado del incumplimiento de las medidas de mantenimiento de la línea eléctrica aérea de Casas Viejas, sin que conste que la Heredad adoptara las medidas requeridas».
Extinguido el incendio, añade, los inspectores de la BIIF revisaron esa zona de Valsendero y constataron que en nueve de los once apoyos de la línea los conductores del tendido de alta tensión «entraban en contacto con la vegetación o bien se encontraban a menos de dos metros de distancia respecto a la misma».
«Esa circunstancia era conocida por la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas», añade el fiscal de Medio Ambiente, que acusa a esta entidad de haber «soslayado las advertencias que de tal hecho se hicieron por los organismos oficiales desde 2013 (…), sin adoptar medida alguna de prevención, mantenimiento o control para evitar cualquier tipo de incendio en la zona y su rápida propagación».
