La consejera de Turismo ha rechaza este miércoles en el pleno parlamentario tanto la moratoria al alquiler vacacional como una tasa turística
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La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica De León, ha descartado implantar una moratoria al alquiler vacacional ante la inminente tramitación de la nueva ley regional y porque, «de facto», deja en manos de los ayuntamientos suspender las declaraciones responsables.
En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista ha comentado que aunque se quisiera impulsar la medida ya no se llega «a tiempo» porque la elaboración de la ley está en su «tramo final» a la espera de pasar los filtros de los consejo de Cooperación Intermunicipal y Cooperación Insular, más el Consejo Consultivo.
Ha dicho además que los ayuntamientos tienen «mayores garantías jurídicas» aplicando su planeamiento para «suspender licencias» aparte de que el Gobierno no quiere «pasar por encima de la voluntad» de algunos, especialmente en las medianías, donde se entiende que la vivienda vacacional «ha venido a quedarse» porque permite «estimular» el desarrollo económico.
Las islas verdes se desmarcan
Asimismo, ha indicado que las ‘islas verdes’ (La Palma, La Gomera y El Hierro) se han desmarcado del posicionamiento de las cuatro islas turísticas, que sí están a favor de fijar una moratoria. «No entendemos que tengamos que aprobar una moratoria en toda Canarias», ha señalado.
La consejera ha insistido en que la futura ley ya incluye «parar» esta modalidad porque dice «ni una más sin planeamiento» y a partir de ahí se podrá «clasificar» a las viviendas y «distinguir lo que hoy es legal de lo que es ilegal e ilegalizable».
Además está convencida de que la nueva ley será «eficiente y eficaz» porque da un plazo de cuatro años tanto a ayuntamientos como a cabildos «para que puedan ordenar el caos y el desorden que existe hoy en este sector».
Impacto del alquiler vacacional
Patricia Hernández, diputada del PSOE, ha recordado que el Parlamento, hasta en dos ocasiones, ha rechazado la implantación de una moratoria, primero en toda Canarias y después en las islas turísticas, pese al «efecto llamada» generado con el anuncio de la nueva ley.
No obstante, la Fecai, con presidentes «de diversos colores políticos» ya ha pedido una moratoria en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, ha destacado, e incluso, la presidenta de Tenerife, Rosa Dávila, «habló de aluvión y avalancha» y también de «falta de medios» para «poner orden».
La diputada socialista ha comentado que el alquiler vacacional «tiene un impacto» en el acceso de los residentes a las viviendas y por ello ha reclamado «consenso» con la nueva ley, con un Parlamento que tiene sus «plazos» de tramitación para que sea «eficaz y eficiente». «Se nos va a ir de las manos», ha advertido.
Tasa turística
La consejera de Turismo y Empleo también ha afirmado este miércoles en el Parlamento que «saquear a los canarios» con una tasa turística, que en realidad «es un impuesto», solamente «es sostenible para el Gobierno», que es el que lo recauda, lo gasta y lo redistribuye «en el propio gobierno», puesto que no es finalista.
«Si los impuestos redistribuyeran la riqueza, que lo hacen en una parte, los autónomos serían más ricos después de las 27 subidas de impuestos que han sufrido por parte del Gobierno central, y yo creo que no lo son», reflexionó De León durante una comparecencia en el pleno del Parlamento para hablar del desarrollo de los planes de sostenibilidad turística en destino.
La consejera respondió así a la diputada de Nueva Canarias, Natalia Santana, quien reclamó un cambio de modelo turístico que no pase por seguir autorizando camas hoteleras, proyectos como Cuna del Alma o el hotel de La Tejita, o por negarse a una tasa turística o a una moratoria.
Jéssica de León acusó a la diputada de pretender buscar votos entre los manifestantes que salieron a la calle para demandar un cambio de modelo y reclamó «un debate constructivo» en el que se diferencie lo que es una tasa finalista de lo que es un impuesto que el Gobierno gasta donde quiera.
Para Jéssica de León, los precios públicos en lugares como Lanzarote se muestran como un ejemplo de redistribución de los ingresos en el territorio para evitar el impacto en los espacios naturales protegidos.
Planes de sostenibilidad
Sobre el asesoramiento a las corporaciones locales para la ejecución de los planes de sostenibilidad turística del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, financiados con fondos europeos, la consejera confió en que todos puedan ser ejecutados gracias a la colaboración interadministrativa en el plazo previsto, en unos casos hasta mediados de 2025 y en otros hasta mediados de 2026.
La inversión es de 144 millones de euros en 22 planes de sostenibilidad locales y 24 actuaciones de cohesión a cabildos que permiten agregar valor y competitividad al producto turístico.
«Cada millón de euros invertido en infraestructuras genera 29 empleos, no hay mejor manera de redistribuir la riqueza», afirmó la consejera y se mostró convencida de que estos planes ayuden a crear empresas canarias que generen más riqueza en la comunidad, porque del cambio de modelo es «poner al residente en el centro».
Insistió la consejera en la necesidad de adoptar un enfoque más sostenible del turismo y en mejorar la calidad de la planta hotelera y extrahotelera existente, en lugar de expandir el consumo de suelo.
Gracias a la Ley del Suelo vigente, cada isla tiene la posibilidad de gestionar sus recursos y su crecimiento turístico sin necesidad de aplicar moratorias, dijo.
Apoyo técnico
En esa línea, los planes de sostenibilidad turística en destinos permiten a los ayuntamientos y cabildos canarios transformar sus modelos hacia sectores más diversos, fomentando una economía más sostenible.
Pero la gestión de esos fondos europeos es complicada y por eso el Gobierno de Canarias ayuda a los municipios con una unidad administrativa provisional que ha gestionado ya 273 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.
La unidad técnica de apoyo está trabajando para asegurar la efectividad del gasto y que se ajuste a los objetivos previstos, considerando el plazo limitado para su ejecución.
Uno de los principales retos ha sido garantizar que los ayuntamientos con menos recursos no renuncien a estos fondos, afirmó.
Crecimiento equilibrado
El diputado de CC, Mario Cabrera, que había pedido la comparecencia de la consejera, defendió que el turismo debe crecer de manera equilibrada, evitando la expansión en términos de consumo de suelo, así como reduciendo la demanda de recursos como el agua y la energía.
También dijo que hay que asegurar que los beneficios económicos generados por el turismo se redistribuyan equitativamente, tanto en forma de mejores salarios como en el apoyo a otros sectores productivos, y combinarlo en particular con el desarrollo del sector rural.
Hizo hincapié en la necesidad de limitar la saturación de los espacios naturales, estableciendo controles claros para evitar que la sobreexplotación afecte a la biodiversidad y los recursos ambientales de las islas.
Fiscalidad justa
El Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles con los votos en contra de los grupos que apoyan al Gobierno y también el de Vox una moción presentada por el PSOE que pretendía recuperar una «fiscalidad justa, progresiva y equitativa» en el impuesto de sucesiones y donaciones.
El PSOE ha defendido esta moción, que solo ha contado con el apoyo de Nueva Canarias, después de la reforma operada por el Decreto ley 5/2023, de 4 de septiembre, por la que se modifican las bonificaciones en la cuota tributaria del citado impuesto, procediendo a la derogación de la citada norma.
Asimismo, el pleno ha descartado instar al Gobierno de Canarias a corregir las acciones emprendidas en materia de bonificaciones extraordinarias y temporales del precio final de determinados combustibles derivados del refino del petróleo, de manera que no se establezcan desigualdades injustificadas entre las distintas islas no capitalinas, así como a implementar de forma adecuada los mecanismos de supervisión y control necesarios para garantizar la efectividad de estas bonificaciones.
También se han negado a desarrollar una política fiscal en la que la progresividad, como principio rector garante de la sostenibilidad del estado del bienestar y de los servicios públicos esenciales, constituya el elemento nuclear sobre el que se articulen el conjunto de las políticas del Gobierno, tal y como pedía el PSOE en la moción.
Rechazada la iniciativa contra la pobreza del PSOE
El Parlamento de Canarias ha rechazado también este miércoles, con el voto en contra de los grupos que apoyan al Ejecutivo canario (CC, PP, ASG y AHI), una proposición no de ley del Grupo Socialista para promover un pacto social, político e institucional para acabar con la pobreza en las islas, principalmente la pobreza infantil y juvenil.
El portavoz socialista, Sebastián Franquis, encargado de la defensa de la propuesta, indicó que este pacto incluiría la puesta en marcha de políticas destinadas a cumplir con este objetivo con la participación de los partidos políticos, el Gobierno canario, los municipios, los cabildos y el conjunto de la sociedad civil.
El pacto, tal y como explicó Franquis, tiene como principal objetivo conseguir reducciones significativas en la pobreza y exclusión social en el archipiélago canario hasta situarla al menos en la media nacional en 2030, especialmente de la infancia y adolescencia, garantizando el acceso a servicios esenciales que promuevan el pleno desarrollo, con especial énfasis en la pobreza infantil extrema y en la carencia material severa.
Para conseguir dicho objetivo, añadió el portavoz del PSOE, la iniciativa apuesta por que el conjunto de instituciones públicas adopten medidas decisivas para romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza, las desigualdades en la primera infancia, la discriminación, la segregación, la exclusión y la desventaja social, así como el apoyo de inversiones sociales que garanticen los derechos humanos y la igualdad de oportunidades a todos, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, para que puedan desarrollar todo su potencial y prosperar blindando los servicios públicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales.
Grupos parlamentarios
La diputada de NC-Bc, Natalia Santana, incidió en que durante el Pacto de las Flores se realizó una apuesta «firme» por lo social, con un incremento de 207 millones de euros, para revertir la situación de la pobreza en Canarias, una tendencia que el Gobierno de CC y PP «rompió nada más llegar». Y temió que en los próximos presupuestos se vuelva a presenciar cómo este gobierno «vuelve a dejar a un lado la emergencia social de Canarias».
Por el Grupo Nacionalista Canario, Vidina Espino, criticó que el Partido Socialista plantee a través de esta PNL un acuerdo «solo financiado por el Gobierno de Canarias», cuando lo conveniente sería «también pedir responsabilidad al Gobierno de España, que solo ha destinado 30 millones a Canarias para luchar contra la pobreza y en su primer presupuesto eliminó esta partida».
Por su parte, Raúl Acosta (AHI), incidió en que este Gobierno -como el anterior- ha desarrollado un «amplio» conjunto de programas para la atención de la pobreza y las personas vulnerables, y considero que todos los partidos políticos de la Cámara, como los que tienen representación estatal, «tienen que hacer un esfuerzo y dotar de financiación suficiente, salgan los recursos de donde salgan, para que la pobreza y la exclusión dejen de ser una lacra».
Más recursos
La diputada, Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera, lamentó que el PSOE no haya planteado este pacto en la legislatura anterior y quiso dejar claro que para poder combatir la pobreza «no es suficiente la voluntad política», sino que hacen falta que la comunidad autónoma reciba más recursos por parte del Estado para esta causa, por son «manifiestamente insuficientes».
En su intervención, Marta Gómez (Vox), pidió al portavoz del Grupo Socialista que hable con su «gran jefe» Pedro Sánchez y, al igual que «fue capaz de vender a España al mejor postor», haga «la tarea» y apruebe los Presupuestos Generales del Estado para que Canarias pueda contar con más recursos para luchar contra la pobreza.
Por último, la diputada popular, María Isabel Saavedra, señaló que el Gobierno de Sánchez «debe mirar con cariño y sentido de Estado a Canarias, que soporta solita esta y otras cargas económicas. Debemos ser ambiciosos y exigir lo justo para nuestra comunidad autónoma».
