Desde la cementera han reafirmado sus derechos y han afirmado quedarse «atónitos» ante la decisión del Gobierno de no renovar la concesión para operar en Santa Águeda
Claudio Piernavieja, coordinador general de la cementera CEISA, se ha confesado «atónito» ante el anuncio del Gobierno de Canarias de que no se les renovará la concesión que les permite explotar el puerto de Santa Águeda, en Gran Canaria, porque aseguran que tienen derecho a operar y que les ampara el procedimiento reglado y un expediente «muy armado».
Piernavieja sostiene que la concesión minera para la explotación de la cantera de puzolana de Cementos Especiales de las Islas (CEISA) tiene vigencia hasta 2046, prorrogable 30 años más, y que esa concesión minera está vinculada a la del puerto. «Por lo tanto, no hay duda y estamos convencidos de que la ley nos ampara», afirmó el coordinador general de CEISA.
El consejero de Obras Públicas de Canarias, Pablo Rodríguez, anunció hace unas semanas que el organismo autonómico Puertos de Canarias no renovará la concesión que permite a CEISA explotar el puerto de Santa Águeda, que ya está vencida, porque se pretende dar a ese muelle el uso turístico y deportivo que le reserva desde hace años el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.
Piernavieja afirma que el expediente de la cementera cuenta con informes favorables posteriores al Plan Insular de Ordenación
Sin embargo, el representante de la empresa cementera defiende que el expediente con su postura está «muy bien armado» con informes de varias administraciones que son posteriores al Plan Insular de Ordenación y está «listo para otorgarse».
Si se produce el cambio de uso, CEISA adoptaría medidas jurídicas contra el Ejecutivo
Llegado el caso, que Piernavieja ve «poco probable», de que se sustente el cambio de uso del puerto, Ceisa adoptaría todas las medidas jurídicas, no para defender sus intereses empresariales sino sus derechos, hasta la última instancia judicial».
Tal y como ha apuntado, los informes de varias administraciones solicitados en el marco de este expediente «se hicieron con el PIO (de Gran Canaria) sobre la mesa», por lo que esa «disculpa» que se ha puesto «no vale» y, de ser válida, ha recordado, «se trataría de una recomendación a futuro y no vinculante«, ha argumentado.
La cementera se acoge a la propiedad del suelo que rodea el puerto y al «atentado medioambiental» que supondría el cambio
Aún así, aunque se proceda a un cambio de uso en el suelo del puerto, «el único acceso es a través de terreno escriturado a nombre de CEISA, que tiene en propiedad 100.000 metros cuadrados de suelo propio«.
Además, el puerto es «uno de los tres pilares de la fábrica» y supondría un «atentado medioambiental» porque «tiene una logística idónea» y, de lo contrario, se necesitaría el traslado de su producción y materia prima por carretera, con unos «100 camiones al día por la GC-1 y una emisión de 3.000 toneladas de CO2 a la atmósfera al año».
