La ministra y los consejeros han coincidido en la importancia de mantener las clases presenciales porque los centros siguen siendo «lugares más seguros para un menor que cualquier otro en el que pueda estar».
La ministra de Educación, Isabel Celaá, y los consejeros autonómicos de este ámbito han insistido este miércoles en considerar que las aulas son lugares seguros, además de considerar que las clases presenciales son muy beneficiosas para el desarrollo personal y social del alumnado.
En la primera Conferencia Sectorial de este año, coincidiendo con el arranque del segundo trimestre del curso escolar, Celaá ha asegurado que la situación epidemiológica en los centros sigue siendo de «contención» y que solo están cerrados 32 centros educativos, lo que representa el 0,11 % del total.
De acuerdo con los últimos datos proporcionados por las comunidades a Educación, el 98,63 % de las aulas estaba funcionando con normalidad, ha destacado Celaá, que ha especificado que hasta el momento en ninguna comunidad había más del 0,21 % de centros cerrados y en once comunidades no había ninguno.
La ministra y los consejeros han coincidido en la importancia de mantener las clases presenciales porque los centros siguen siendo «lugares más seguros para un menor que cualquier otro en el que pueda estar».
No obstante, la ministra ha especificado que «no podemos ni debemos bajar la guardia».
«Al contrario, es absolutamente imprescindible que mantengamos las medidas de prevención y control de la pandemia para mantener la escuela abierta», ha recalcado.
Sobre incluir los docentes en los grupos esenciales de vacunación, la ministra ha explicado que se trata de una decisión de las autoridades sanitarias.
Celaá y los consejeros han hablado también del desarrollo de un nuevo currículo más competencial a través de la Lomloe, ya que la ley contempla la elaboración de las nuevas normas de ordenación académica de las diferentes etapas y de sus respectivos currículos.
El objetivo es revisar los métodos pedagógicos, los modelos de organización escolar y desarrollar un currículo «menos enciclopédico y más competencial», ha asegurado la ministra.
Para ello, ha anunciado que próximamente habrá reuniones de la Comisión de Ordenación Académica de la Conferencia Sectorial con representantes de las comunidades, así como de los grupos de trabajo que resulten necesarios.
La nueva ordenación debería empezar a aplicarse en el curso 2022-2023, ha especificado Educación.
Además, la ministra ha trasladado a los consejeros el documento en el que se fijan las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ámbito educativo que se trabaja en interlocución con la Comisión Europea.
Las tres prioridades de inversión del Ministerio son la digitalización, la Formación Profesional (FP) y la modernización del sistema educativo con equidad, ha señalado Educación en una nota.
«España tiene una oportunidad única con este Plan, y la reforma y modernización del sistema educativo será protagonista principal de la que, entre todos, tenemos que convertir en una historia de éxito», ha afirmado Celaá.
La inversión en digitalización prevista asciende a 1.496 millones de euros en tres años, incluyendo 827 millones para la instalación de 236.318 aulas digitales interactivas que permitirán combinar la enseñanza presencial con la enseñanza a distancia.
Sobre el impulso a la modernización de la FP, en los próximos meses se llevará a Consejo de Ministros el texto de la nueva Ley de Ordenación del Sistema único de Formación Profesional, que unificará la FP del sistema educativo y la FP para el empleo.
Con los fondos europeos se destinará a la FP diez líneas de inversiones que ascienden a 1.900 millones de euros. Entre ellas, se destinarán 724,6 millones al reconocimiento y la acreditación de las competencias básicas y profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral de más de 3 millones de personas.
Y con 518,8 millones se convertirá el 10 % de los ciclos formativos de FP grado medio y superior en bilingües.
Respecto a las actuaciones para la modernización del sistema educativo con equidad, la inversión total asciende a 1.118 millones de euros: 671 millones para crear 65.000 plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública; 320 millones para la implantación del Programa PROA+ en más de 3.000 centros de especial complejidad educativa; y 124 millones para la creación de 1.460 Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del alumnado vulnerable.
Tenemos que conseguir que «al menos el 90 % de los jóvenes terminen la educación obligatoria y permanezcan en el sistema educativo para obtener una titulación profesionalizante», ha subrayado la ministra.
