El Cabildo de Tenerife descarta que el ‘Monumento a Franco’ sea BIC. No elevará al Gobierno de Canarias la declaración de Bien de Interés Cultural del Monumento a la Victoria por carecer de valores artísticos excepcionales
El presidente insular, Pedro Martín, asegura que, tanto el estudio de la Universidad de La Laguna como el informe de la Unidad Técnica de Patrimonio Histórico son determinantes y defiende que se ha procedido de manera «muy rigurosa».
«Más allá de mi opinión personal, considero que hay que retirar todos los símbolos franquistas que enaltezcan el golpe de estado del 36. El Cabildo ha hecho un análisis técnico sobre la escultura de Juan de Ávalos. El informe, al igual que el que encargamos a la Universidad de La Laguna, concluye que el monumento a Franco carece de valores artísticos excepcionales y que no merece, por tanto, la condición de Bien de Interés Cultural. Por este motivo, esta corporación insular no elevará el inicio de la declaración de BIC al Gobierno de Canarias», asevera Pedro Martín en una nota.
Ambos informes analizaron la importancia histórica de la producción escultórica de Juan de Ávalos, autor de la fuente. También se analizó su impacto y repercusión en la historiografía del arte y de su presencia en las principales colecciones y centros de arte contemporáneo.
Según el estudio el Monumento a Franco no posee valores artísticos excepcionales
También se llevó a cabo un análisis técnico y formal de la escultura, de sus aportaciones formales y conceptuales en su contexto histórico, y de su repercusión y visibilidad en las principales fuentes bibliográficas de arte contemporáneo. Se concluyó que el monumento a Franco, situado en la confluencia de La Rambla de Santa Cruz y la Avenida de Anaga, no posee valores artísticos excepcionales.
El director insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico, Emilio Fariña, recalca que el Cabildo, «tal y como mandata la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias«, ha hecho lo que procede, «cumpliendo escrupulosamente la legalidad«.
Fariña incide, asimismo, en que ambos informes son «absolutamente claros». Ambos coinciden en que la escultura de Juan de Ávalos «carece de valores técnicos e históricos suficientes para iniciar la incoación del expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento».
Por todo ello, el Cabildo ha desestimado las solicitudes de incoación de expediente de declaración de BIC del monumento a Franco. Solicitudes presentadas por la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y por la Asociación para la Investigación y la Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel.
Reparación de la memoria histórica
Por otra parte, el Cabildo de Tenerife ha aprobado en Consejo de Gobierno Insular una convocatoria de subvenciones, por valor de 100.000 euros, para la realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica. Estas ayudas están destinadas a los ayuntamientos de la isla, que podrán percibir un máximo de 10.000 euros por actuación.
Esta convocatoria, impulsada por la Dirección Insular de Coordinación y Apoyo al Presidente, cuyo titular es Aarón Afonso, pretende recuperar, conocer y reconocer la verdad de los hechos acontecidos en Tenerife. Lo hacen en virtud de la Ley 52/2007 y de la Ley de Memoria Histórica de Canarias, que recogen el derecho a la reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y de la dictadura franquista.
La convocatoria engloba el desarrollo de actuaciones de investigación, estudio y divulgación. También la retirada de símbolos franquistas y la realización de campañas de sensibilización y difusión.
El importe mínimo de las ayudas será de 1.500 euros por actuación y el máximo de 10.000 euros.
El plazo de presentación de solicitudes se abrió el pasado 2 de marzo y finalizará el próximo 12 de abril. Podrán acogerse a estas subvenciones todos los ayuntamientos de la isla (de manera individual o sus entidades públicas dependientes), quedando excluidas las empresas públicas y otros entes y asociaciones municipales.
La valoración de cada solicitud alcanzará un máximo 20 puntos. Se tendrá en cuenta la calidad del proyecto, su viabilidad, su incidencia en la sociedad y el criterio poblacional. Las entidades beneficiarias deberán ejecutar las ayudas en el plazo de un año desde la concesión de la subvención.
